Blindaje a la corrupción / Columba Arias Solís
La corrupción en México es un fenómeno tan nocivo que además del costo económico al país en términos de un porcentaje del Producto Interno Bruto, merma la credibilidad de las instituciones y de quienes se dedican al ejercicio público en los diferentes niveles de gobierno
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Morelia, Michoacán, 18 de julio de 2016.- La corrupción en México es un fenómeno tan nocivo que además del costo económico al país en términos de un porcentaje del Producto Interno Bruto, merma la credibilidad de las instituciones y de quienes se dedican al ejercicio público en los diferentes niveles de gobierno, propiciando que la ciudadanía evalúe su desempeño con las calificaciones más bajas de la credibilidad.
El ciudadano común desconfía cada vez más de aquellos que son encargados constitucionales de la construcción de nuestro andamiaje legal, lo mismo que de quienes aplican la norma y ni se diga de los obligados a proveer la seguridad.
Durante años, los gobernantes han hecho uso indiscriminado de los poderes públicos, de las complicidades con diferentes sectores para acrecentar escandalosamente sus patrimonios personales y como lo declarara cínicamente un junior de un alto burócrata estatal hace unos cuantos años “de asegurar el porvenir de varias de sus generaciones”.
De tiempo en tiempo el escándalo de la corrupción parece cimbrar las instituciones, ya sea porque un miembro de la élite burocrática, ministro, legislador, policía o ejecutivo, rompe los mínimos paradigmas del decoro en el quehacer público y salen a la luz los tejes y manejes que casi siempre tienen que ver con el inescrupuloso manejo de los recursos públicos que desembocan en los enriquecimientos inexplicables.
Desde el inicio de este milenio, no obstante las complicidades en los diferentes niveles de gobierno, han trascendido los malos manejos de los gobernantes locales a causa de investigaciones y en algunos casos hasta de procesos judiciales a que han sido sometido al término de sus encargos. Son ejemplo de ello, el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, el primero de los ex gobernantes detenido y encarcelado acusado de lavado de dinero, defraudación fiscal y asociación delictuosa, extraditado a los Estados Unidos, donde se declaró culpable de tráfico de drogas y fue sentenciado en aquel país; el ex gobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso, detenido en 2014 por el delito de peculado por más de 26 millones de pesos, liberado luego de pagar una fianza de 30 millones de pesos, vuelto a aprehender por defraudación fiscal en 2015, sentenciado por el peculado e inhabilitado por un año para desempeñar cargos públicos; el ex gobernador de Tabasco Andrés Granier acusado del desvío de recursos por un monto de 919 millones de pesos, lavado de dinero y defraudación fiscal, ingresó a la cárcel en mayo de 2013; Guillermo Padrés ex gobernador de Sonora es el más reciente ex titular del ejecutivo local acusado por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y quien se encuentra bajo investigación de la Procuraduría General de la República.
En los últimos meses del año que corre, han trascendidos los malos manejos de gobernadores próximos a dejar sus cargos, entre ellos Javier Duarte Ochoa de Veracruz, señalado por la Auditoría Superior de la Federación de causar un daño patrimonial al erario de aquella entidad de más de 15 mil millones de pesos; Roberto Borge, de Quintana Roo y César Duarte de Chihuahua, de quienes se presumen manejos inescrupulosos de los recursos que incidirían en afectaciones enormes a la hacienda estatal, con altos niveles de endeudamiento público que implicarían dejar los estados en bancarrota, maniatando a las nuevas autoridades para la operatividad de las tareas de gobierno.
Sin embargo, una vez que los resultados electorales se tradujeron en la alternancia política, los gobernadores próximos a entregar su encargo, se han dedicado a la tarea de construir el blindaje que los proteja de futuras investigaciones, en complicidad con los congresos de sus entidades federativas donde tienen mayoría de diputados, asegurando la permanencia de gentes de su entorno familiar y de amistad en las áreas encargadas del combate a la corrupción y la administración de justicia.
En el caso de Quintana Roo, se ha creado la Fiscalía General, órgano que sustituye a la Procuraduría del Estado y se designa como fiscal anticorrupción a Carlos Álvarez ex procurador del todavía gobernador; se designa titular de la Auditoría Superior del Estado a Javier Félix Zetina cercano familiar del mentor político de Borge; se designan a 3 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa quienes fueron funcionarios del gobernador, también tres magistrados para el Tribunal Superior de Justicia ex funcionarios del gobierno, y como la cereza del pastel, se reforma la Ley de Seguridad Pública para que el gobernador y su familia conserven escoltas por los próximos 15 años.
En Veracruz se promulgó la ley por la que se crea la Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular durará cinco años en el cargo y será designado por el gobernador saliente, previéndose además ratificar al actual contralor, cercano desde luego al gobernador actual. En Chihuahua es la misma historia, se acaba de crear la Fiscalía Especial Anticorrupción, cuyo titular pretende nombrar el gobernante en turno, quien así asegura al igual que el de Veracruz y Quintana Roo el blindaje protector para todas sus malas acciones de gobierno.
Es tan escandaloso el tema del blindaje de la corrupción de los personajes anteriores, que la Procuraduría General de la República se ha visto obligada a interponer una acción de inconstitucionalidad. No son los mencionados, los únicos gobernantes señalados por malos manejos de las finanzas públicas en su muy personal provecho, la cuestión es –como en el caso de Michoacán- que las denuncias no han pasado de ser mediáticas, así, como lo cantó Serrat “todo pasa y nada queda”.
