Se opone Martínez Pasalagua a regular las marchas en Michoacán

Para el dirigente estatal de la Comisión Reguladora del Transporte, la ley antimarchas es un atentado a la libertad de expresión y enfrentaría a manifestantes con policías

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Morelia, Michoacán, 10 de octubre de 2016.- Luego de que el diputado tricolor Mario Armando Mendoza festinó que, “con la ley antimarchas, se podría aprobar la utilización de la fuerza pública para disuadir las marchas”, el gremio transportista se sumó a las voces del rechazo a esta medida que enfrentaría a la sociedad con el gobierno y que las consecuencias, no solo serían de negativo impacto social sino además, de lamentables consecuencias.

Coordinadores de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT), lamentaron que el diputado en mención como representante popular ahora vaya en contra de la ciudadanía, “enfrentar pueblo contra pueblo, es una desafortunada estrategia legislativa”, consideró por su parte su dirigente, José Trinidad Martínez Pasalagua al llamar a los autores de la iniciativa a considerar el origen de las inconformidades sociales.

El también ex´diputado abundó al respecto que en las mesas de trabajo legislativo bien pudiera analizase el origen de cada marcha, de cada manifestación, de cada inconformidad  y se darían cuenta que es la falta de operación política por parte de las autoridades y que es la falta de respuesta a las demandas de un pueblo cansado de no encontrar eco y mucho menos atención a sus necesidades.

Y añadió al respecto que, en contra parte, se escucha a diario que como resultado de la corrupción en todos los niveles llámese gobiernos federal, estatal y municipales así como el poder legislativo danzan cifras que rebasan los miles de millones de pesos desviados o mal utilizados y entonces, les resulta más sencillo legislar en torno a una ley que calle las voces de inconformidad de lo contrario, “enfrentarán pueblo contra pueblo”, lamentó el dirigente transportista.

Asimismo recordó lo que señalan tratados internacionales donde establecen que, “la libre manifestación y expresión de ideas, y la reunión pacífica son derechos fundamentales que deben respetarse y defenderse. El desarrollo de la democracia se logra en gran medida cuando el Estado avala estos derechos. La función principal del servidor público es desempeñar la labor que el pueblo le confía y no restringir en ninguna circunstancia el goce y disfrute de las garantías que prevé nuestra Constitución.

El derecho a la libre manifestación y expresión de ideas son unas de las garantías individuales consagradas en los artículos 6° y 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin dejar de observar que las manifestaciones pueden resultar molestas o irritantes para algunos ciudadanos, es necesario que prevalezca la garantía de libre manifestación y expresión de ideas ya que el Estado debe tener la capacidad de mediar en los problemas y propiciar un clima de tolerancia y respeto hacia quien o quienes sostengan puntos de vista contrarios”.

Por lo anterior Martínez Pasalagua reiteró que regular las marchas seria ir en contra de las garantías individuales y restringir de forma parcial o totalitaria la voluntad del pueblo reflejada en la misma democracia y llamó a los legisladores locales a estudiar el origen de las inconformidades sociales.