Estado atrofiado / Teodoro Barajas Rodríguez
El estado de derecho parece extinguirse por diversos motivos, en principio por quienes deberían vigorizarlo como ha sido el caso de algunos ex gobernadores que están prófugos, a salto de mata para dejar un rastro de impunidad y desvergüenza. Se logran detenciones de algunos capos del narcotráfico pero son más los que aún siguen en las calles o mansiones
Morelia, Michoacán, 17 de septiembre de 2017.- La inseguridad permanece, los saldos de la delincuencia parecen dispararse, pseudojusticia retributiva que invoca a la antigua ley del Talión se puede observar en diversas regiones para dejar de manera contundente la desconfianza como divisa. El estado de derecho parece extinguirse por diversos motivos, en principio por quienes deberían vigorizarlo como ha sido el caso de algunos ex gobernadores que están prófugos, a salto de mata para dejar un rastro de impunidad y desvergüenza. Se logran detenciones de algunos capos del narcotráfico pero son más los que aún siguen en las calles o mansiones, los males del crimen organizado no se extinguen, en los últimos años se han replicado incesantes.
Una de las obligaciones del estado es perseguir y capturar a los delincuentes como lo establece la legislación vigente, digamos que es una de las cláusulas de la condición contractual entre gobierno y gobernados. Se dan pasos titubeantes pero la caminata aún se presagia larga, la situación del país no se modificará en quince minutos ni por decreto; fueron años de penetración del crimen organizado que hizo gangrenar cuerpos policiacos, la complicidad a base de plomo como de sobornos terminó por erosionar al tejido social.
Sin ir más lejos, en Michoacán tuvo un mérito importante la organización de los grupos de autodefensas porque ante el olvido y soslayo gubernamental fueron los propios lugareños quienes salieron para defender sus vidas, a sus familias y bienes, al final terminaron aliándose al estado que tuvo que reaccionar más por presiones externas, como ocurrió en el foro de Davos en el que se cuestionó al presidente Enrique Peña Nieto, sólo entonces se regresó la mirada a esta entidad.
Si revisamos los aportes clásicos del sociólogo político más destacado en occidente durante el siglo XX, Max Weber, seguramente recordaremos un postulado básico en la discusión en torno a la gobernabilidad, el alemán señala que el monopolio de la violencia lo detenta el estado, es decir la fuerza legal, si ello se quebranta los barruntos que presagian la tempestad no dilatan, a la vuelta llega el estallido social y tras ello el caos.
Los grupos de autodefensa que originalmente encabezó Hipólito Mora y en los que figuró José Manuel Mireles, surgieron por necesidad, se trataba de un asunto no menor porque buscaron sobrevivir al embate del cártel del narcotráfico que usó los tentáculos para incluir la extorsión, secuestro y otros ilícitos..
Si invocamos la ciencia política, que estudia la fenomenología del estado, podemos decir que los grupos de autodefensas se constituyeron en un hecho sin precedentes, en gran medida motivados por la ausencia de gobierno, por los estragos que causó la impunidad aunada a la corrupción como los males estructurales de un país habituado a las malas artes.
Se han dado pasos importantes para restaurar el tejido social, se han capturado delincuentes en diversas regiones del país; representan logros, aunque se percibe una alta dosis de descrédito lo que vuelve discutible o acentúa de duda cualquier anuncio gubernamental, esa desconfianza no es gratuita, se horneó desde hace años y ahora es un problema sistémico.
A esta situación debemos agregar los feminicidios que se han disparado de manera escandalosa como ha sucedido con la joven Mara en Puebla, no hay respiro y si en cambio una narrativa cotidiana de la inseguridad para ir de la mano con la impunidad.
