Propone Teresa Mora limitar facultad del Congreso de amnistía e indulto
La diputada del PT enfatizó que los delitos que sean considerados como violaciones graves a los Derechos Humanos no deben quedar impunes
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Morelia, Michoacán, 03 de abril de 2019.- La diputada del Partido del Trabajo (PT), Teresa Mora Covarrubias, planteó limitar la facultad constitucional del Congreso del Estado de otorgar amnistía o indulto, cuando se trate de la comisión de delitos que impliquen violaciones graves a los Derechos Humanos.
En ese sentido la legisladora del Partido del Trabajo (PT) presentó ante el Pleno del Congreso de Michoacán una Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y en donde se aborda el tema de la facultad con la que cuenta el Congreso de Michoacán en torno a la amnistía y el indulto.
La diputada local planteó que a la fracción XXX del artículo 44 de la constitución estatal, se le agregue una parte que señale que, el Congreso no podrá otorgar amnistías, indultos o cualquier otra medida similar que genere impunidad y que impida la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, sanción y cualquier otra medida para determinar; verdad, justicia y reparación integral.
“Si bien la Corte Interamericana establece la legitimidad del otorgamiento de amnistías o indultos por parte de las autoridades de un estado, si estas están enfocadas a restablecer la paz en aquellos países que hayan pasado o estén pasando por conflagraciones que pongan en peligro la estabilidad del Estado , también ha establecido que dicha posibilidad encuentra un límite infranqueable en lo que ve a las amnistías o indultos relacionados con la comisión de delitos que impliquen violaciones graves a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, delitos de desaparición forzada de personas” puntualizó la legisladora.
En ese sentido, Tere Mora fue enfática al señalar que todo estado tiene la obligación de prevenir, perseguir, enjuiciar, sancionar, reparar y erradicar los delitos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos y de lesa humanidad como parte de las obligaciones que se desprenden del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
