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Senado aprueba en lo general tipificar defraudación fiscal como crimen organizado

Durante la discusión, que se prolongó casi cuatro horas, panistas y priístas argumentaron en contra del dictamen que, en voz de la panista Minerva Hernández, constituye “terrorismo fiscal”, ya que bastaría la “sospecha” de la autoridad fiscal para acusar a cualquier persona de crimen organizado

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2019.- El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general, por 82 votos de Morena, MC, PVEM, PT, PES y PRD, y 34 del PAN y PRI en contra, las reformas que tipifican la defraudación fiscal como delito cometido por el crimen organizado, y lo considera una amenaza a la seguridad nacional, la defraudación fiscal, para el que aplicará la prisión preventiva oficiosa.

Se anunció que Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la fracción parlamentaria mayoritaria del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentará un paquete de modificaciones de última hora durante la discusión del dictamen en lo particular.

El dictamen que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal establece que cuando tres o más personas se organicen para cometer, en forma permanente o reiterada, delitos tales como contrabando y su equivalente, o defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, por ese solo hecho serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada.

La misma sanción aplicará a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Se considerarán “amenazas a la seguridad nacional’’ los “actos ilícitos en contra del fisco’’, de acuerdo con la enmienda al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

Los cambios al artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación prevén imponer sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí mismo o a través de otra persona compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

“Será sancionado con las mismas penas, al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados’’, completa la propuesta de enmienda.

Durante la discusión en lo general, que se prolongó casi cuatro horas, panistas y priístas argumentaron en contra del dictamen que, en voz de la panista Minerva Hernández Ramos, constituye terrorismo fiscal, ya que bastaría la “sospecha” de la autoridad fiscal para acusar a cualquier persona de crimen organizado.

Tras la votación en lo general y lo particular, la minuta se remitirá a la Cámara de Diputados para su eventual aprobación o modificación.

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