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Suprema Corte tumba la “Ley Bonilla”

Por unanimidad, y por considerarla inconstitucional, la SCJN echó abajo la denominada Ley Bonilla, con la que se pretendía ampliar el periodo de gobierno del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla

Ciudad de México, 11 de mayo de 2020.- Por unanimidad, y por considerarla inconstitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo la denominada «Ley Bonilla», con la que se pretendía ampliar el periodo de gobierno del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla

El ministro presidente, Arturo Zaldívar puntualizó que la reforma configuró un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático de nuestro país fraguado por el Congreso de Baja California.

“La reforma entraña una violación al voto público y a la soberanía popular, hubo un fraude poselectoral. Todas estas violaciones son muy graves y cada una de ellas es suficiente para declarar la invalidez de la reforma impugnada. No se puede utilizar la emergencia sanitaria por la que atravesamos”, señaló Zaldívar.

Tras revisar la procedencia de las impugnaciones, el ministro Fernando Franco Salas presentó ante el pleno de ministros su proyecto de sentencia y expuso que no puede haber una elección democrática de gobernantes sin el conocimiento certero de la duración del cargo.

A su vez, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá puntualizó que la llamada Ley Bonilla atropella el derecho al voto de la ciudadanía, pues busca modificar las condiciones mediante las cuales se expresó la voluntad del electoral.

Por su parte el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena consideró que la reforma que amplió el mandato al actual gobierno de Baja California es inconstitucional y se sumó a la propuesta de Franco González Salas pues, dijo, el sistema democrático quedaría lesionado de dar la razón a Bonilla.

Incluso la ministra Yasmín Esquivel, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, también consideró que la “Ley Bonilla” es inconstitucional al considerar que viola el que las leyes electorales deben publicarse antes de un proceso electoral. (CON INFORMACIÓN DE: LA VOZ DE LA FRONTERA).

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