La Utilización anticíclica de la Política Fiscal / Teresa Da Cuhna Lopes

Una Política económica anticíclica es la Política Fiscal y Monetaria compensatoria que tiene como objetivo suavizar el ciclo económico, con superávit fiscales y subidas de los tipos de interés en las etapas de auge y déficit fiscales y bajadas de tipos de Interés en las de depresión; es evidente que México ha optado por este acercamiento a la crisis

Morelia, Michoacán, 31 de marzo de 2014.- Una Política económica anticíclica es la Política Fiscal y Monetaria compensatoria que tiene como objetivo suavizar el ciclo económico, con superávit fiscales y subidas de los tipos de interés en las etapas de auge y déficit fiscales y bajadas de tipos de Interés en las de depresión.

Es evidente que México ha optado por este acercamiento a la crisis y, por lo tanto, urge clarificar los principios, los alcances y las desventajas de la implementación de esta estrategia a corto y mediano plazo.

Desde el punto de vista económico, el presupuesto del Estado es un documento contable que recoge las previsiones de los ingresos y gastos públicos que se realizarán en el siguiente ejercicio.

Es por tanto la plasmación de la política fiscal del gobierno y responde a las necesidades expansivas o contractivas que el análisis de la coyuntura económica requiera.

Si los ingresos y los gastos previstos coinciden, el presupuesto estará equilibrado. Lo normal es que los gastos sean superiores a los ingresos, es decir, que haya déficit presupuestario. La situación opuesta, con ingresos superiores a los gastos, es la de superávit. Los presupuestos deficitarios implican por tanto inyectar en los flujos económicos una cantidad superior a la que se detrae mediante impuestos; tienen por tanto un efecto expansivo.

Los presupuestos con superávit, por el contrario, al detraer fondos, tienen un efecto restrictivo o contractivo y podrían ser utilizados como medida de política económica si la demanda agregada estuviese tan alta que la producción potencial estuviese siendo superada con la consiguiente aparición de efectos inflacionistas.

Los economistas clásicos consideraban que los presupuestos del Estado debían estar siempre equilibrados, que la existencia de déficits o superávits eran muestra de una administración ineficiente o de un intervencionismo distorsionador de los mercados.

La propuesta keynesiana fue que el presupuesto debía estar cíclicamente equilibrado, ser deficitario en las fases económicas recesivas que requiriesen una intervención estimulante, financiando el déficit mediante deuda pública que sería amortizada con los superávit de otros años.

Sin embargo, la aplicación de la política keynesiana por los gobiernos occidentales tras la Segunda Guerra Mundial se ha traducido en la realidad en un déficit público sostenido año tras año. Aunque en los años de expansión económica el déficit disminuye en términos de porcentaje sobre el PIB, no deja nunca de ser negativo.

Permitámonos aquí una pequeña digresión del discurso keynesiano para aludir al momento presente y tener puntos comparativos de referencia. Como veremos más adelante, las ideas económicas dominantes en la actualidad consideran al déficit público una de las principales causas de desequilibrio e inestabilidad.

El enorme déficit presupuestario de los EEUU ha sido considerado como una de las causas básicas del origen de la crisis de comienzos de los 90. El Tratado de Maastrich fijó como condición para formar parte de la Unión Económica y Monetaria que el déficit público fuese inferior al 3% y la Deuda pública inferior al 60% del PIB. La Crisis del Euro, por 2008, viene a obligar a los Estados Miembros a definir un programa de rescate de los Países de la periferia y a entronizar en Bruselas la famosa “regla de oro”.

Hoy, por hoy, todos los países desarrollados (y México no es una excepción) están empeñados en la lucha por controlar este déficit como requisito indispensable para mantener la estabilidad a largo plazo.

Al establecer las previsiones presupuestarias hay que tener en cuenta en cualquier caso que estas no pueden ser totalmente precisas. La existencia de impuestos proporcionales o progresivos hace que los ingresos públicos varíen según el volumen de renta realmente generado en el país.

De igual forma, los gastos públicos pueden variar de forma imprevisible ya que un aumento del desempleo motivado por una recesión incrementaría los gastos en subvenciones.

Se llama presupuesto de pleno empleo a la estimación que se hace de los gastos e ingresos públicos que se concretarían si, manteniendo la legislación financiera existente, la situación económica del país fuese de pleno empleo.

La utilización anticíclica de los instrumentos fiscales tiene, entonces, el inconveniente de los retardos en el reconocimiento de la existencia de un cambio de coyuntura, en la adopción de las medidas políticas, y en el efecto que estas ejercerán.

Si un gobierno quiere responder activamente a las recesiones, se dará cuenta de que ésta se está produciendo cuando las estadísticas industriales empiecen a mostrar señales de aumento del desempleo; convocará entonces un comité de expertos que dictamine las medidas a tomar; se elaborará un proyecto de ley que modifique la legislación impositiva existente; se discutirá y aprobará dicho proyecto en los órganos pertinentes; en el siguiente ejercicio presupuestario los gastos aumentarán y los impuestos descenderán con lo que el efecto multiplicador empezará a funcionar…

Para entonces es muy posible que el ciclo económico haya cambiado de sentido y las medidas adoptadas resulten contraproducentes!

La solución al problema de los retardos está en la implantación de estabilizadores fiscales automáticos.

Consisten éstos en normativas legales que ejerzan mecánicamente, sin necesidad de modificación, su función anticíclica. Por ejemplo, los impuestos proporcionales y progresivos actúan como estabilizadores automáticos: si en una recesión empiezan a disminuir las rentas, las recaudaciones también disminuirán. La normativa de seguridad social es también un eficaz estabilizador: en las recesiones disminuyen las recaudaciones y aumentan los gastos en subsidios mientras que en las fases altas del ciclo el efecto es el contrario.

Un peligro que habrá que tomar en consideración es el de que los estabilizadores automáticos actúen como freno fiscal.

Al concebir la normativa fiscal de forma que estabilice la producción económica en torno a un determinado nivel de renta, se corre el peligro de estar impidiendo el crecimiento económico. Los procesos inflacionistas requieren también el reajuste de las cuotas fiscales para impedir que las rentas que se están “estabilizando” representen cada vez menor capacidad adquisitiva.

Ahora bien, este paradigma se inscribe en un movimiento teórico producido por las escuelas de pensamiento económico contemporáneas que conviene analizar.

Las concepciones liberales del siglo diecinueve consideraban que el libre juego de los agentes económicos privados conducía a la óptima situación económica por lo que el papel del Estado en la economía debía limitarse a la defensa de los derechos de propiedad y a obligar al cumplimiento de los contratos.

Pero a lo largo del siglo veinte y, principalmente en la primera década del siglo XXI, se fue constatando que la iniciativa privada, por sí sola, conducía a fuertes desequilibrios por lo que era necesaria una intervención cada vez más consciente y amplia. Situación concreta que los economistas de los bancos nacionales no entendieron o no pudieron entender, ya que fueron formados académicamente y, entrenados profesionalmente, en el paradigma neoliberal.

Aunque todos los economistas están de acuerdo en la necesidad de esa intervención, las diferencias ideológicas conducen a enfoques completamente opuestos sobre los objetivos de la política económica del Estado, el orden de prioridad entre ellos y el grado de densidad de la intervención. En cualquier caso, sea cual sea su ideología, la mayoría de economistas podrá admitir la formulación de objetivos que damos a continuación aclarando que el orden es totalmente arbitrario.

Eficacia productiva. El Estado debe incentivar el crecimiento económico promoviendo el aumento de la producción que, además de crear empleo, permitirá mayores niveles de consumo y bienestar. En el mismo sentido deberá complementar la producción ya que hay cierto tipo de bienes que no son ofrecidos en cantidad suficiente por la iniciativa privada.

Equidad distributiva. En otras palabras, redistribuir la producción y la renta. El libre juego del mercado tiende a provocar desigualdades económicas entre individuos, entre regiones, entre sectores productivos. La intervención del Estado puede corregir esas desigualdades.

Estabilidad. Procurar la estabilidad del sistema económico implica oponerse a los procesos inflacionistas y a los cambios cíclicos que provocan bruscas alteraciones en la producción y el empleo.

Sostenibilidad. Que las actividades económicas y las rentas obtenidas por las generaciones presentas no pongan en peligro a las generaciones futuras. La sostenibilidad puede ser entendida como equidad intergeneracional.

El problema radica en que algunos de esos objetivos son complementarios, es decir, se refuerzan mutuamente, mientras que otros son contradictorios de forma que la búsqueda de uno dificulta la consecución de otro.

Por ejemplo, algunas medidas destinadas al aumento de la producción y el empleo pueden provocar en ciertas circunstancias inflación e inestabilidad económica.

Para la consecución de esos objetivos el Estado dispone de tres tipos de instrumentos:

a) su potestad para la reglamentación y la coacción sobre la actividad económica;

b) los instrumentos monetarios que incluyen su capacidad para establecer la cantidad de dinero en circulación y los tipos de interés;

c) y los instrumentos fiscales, los ingresos y los gastos públicos.

Como hemos visto es fácil identificar las aportaciones teóricas, describir los instrumentos y listar alcances y riesgos. Lo difícil es observar, en el corto plazo, si los objetivos de esta política anticíclica están siendo cumplidos y si podemos esperar resultados al 2015.

Agustín Carstens dice que sí y, aunque que en el primer trimestre del 2014 México ha tenido un avance económico menor a lo esperado, ante la comunidad de Wall Street afirmó que el país crecerá 5 por ciento a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto: «Los fundamentos macroeconómicos de México son sólidos incluso en escenarios de estrés y junto con las reformas estructurales que se están aplicando, todo esto esperemos, junto con el crecimiento económico de EU, puede permitirnos conservar la estabilidad financiera incluso en tiempos turbulentos y aumentar gradualmente el potencial crecimiento del PIB para llegar a un nivel cercano al 5 por ciento al final de la administración de Enrique Peña Nieto».

Ahora bien, yo no estoy tan optimista. Pero: ¿qué voy a saber, si sólo soy una «ama de casa»? A lo mejor la frágil planta de la equidad distributiva insertada en la reforma hacendaria se transformará en un poderoso árbol que transforme el desierto del estancamiento secular en un momento de estabilidad fiscal. Y, como dice Carstens: «El principal reto para las economías emergentes es elevar el crecimiento a la vez que se mantiene la estabilidad fiscal». Ahí, tendré, como neokeynesiana que estar de acuerdo.