En Público: Inseguridad, normalistas y reestructura de deuda bancaria en agenda estatal
La violencia y la inseguridad incontenibles en la entidad no son el único foco rojo para la actual administración estatal, quien, ante la gravedad del fenómeno delictivo tiene que buscar distractores
Morelia, Michoacán, 31 de marzo de 2022.- La violencia y la inseguridad incontenibles en la entidad no son el único foco rojo para la actual administración estatal, quien, ante la gravedad del fenómeno delictivo -que nos aproxima a otras entidades vecinas-, tiene que buscar posicionar temas como los presuntos hechos de corrupción dejados por el tristemente frívolo régimen perredista de Silvano Aureoles Conejo.
El actual gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, tiene que lidiar con la crisis financiera heredada, derivada de las deudas bancarias que ascienden a unos 20 mil millones de pesos y las deudas a proveedores, que no han podido ser estimadas debido a la magnitud de los incumplimientos desde hace varios sexenios.
Corresponde a Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración (SFA), resolver este trabuco.
El pasado 25 de marzo, el funcionario reconoció la pretensión del gobierno bedollista de presentar una iniciativa ante el Congreso del Estado para discutir y aprobar, en su caso, una reestructuración de la deuda bancaria para pagar menos intereses.
Jura y perjura que no se trata de contratar más deuda ni más créditos que aumenten la ya insultante y exorbitante suma de adeudo bancario. Dichos ahorros, junto con los que se alcanzarían derivados de la federalización de la nómina, servirían para cubrir los pendientes con los proveedores.
Eso daría más respiro a la situación financiera estatal y apuntalaría el paquete fiscal que le aprobaron las y los diputados de la presente Legislatura, dentro de la cual se salió con la suya al imponer el costoso reemplacamiento, con relación al costo de producción de las láminas y las calcomanías. Ni se diga los costosos servicios públicos ofrecidos en cuanto al costo de expedición de actas de nacimiento, por ejemplo, en comparación a entidades como Nayarit, donde el citado documento no rebasa los 70 pesos.
Otro desafío, sin embargo, son los aspirantes a normalistas y los normalistas mismos. Los primeros se oponen a cualquier filtro de selección para ingresar a los planteles, mientras los segundos exigen, por medios violentos, plazas automáticas al egresar de la carrera docente.
El gran reto es desterrar y eliminar, de una vez por todas, el desorden provocado por quienes, detrás de estos movimientos, lucran vía los hilos de la manipulación. De esto han hecho su modo de vida, su modus operandi.
Habrá que ver, y esperemos que así sea, que de una vez por todas se ponga orden en este renglón y los aspectos de la vida pública torcidos se empiecen a enderezar.
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