Nueva Mexicana de Aviación: los cambios legales que darán origen a la línea aérea

Ciudad de México, 09 de febrero de 2023.- Las quiebras de aerolíneas en el país como Mexicana de Aviación e Interjet, a la que se le podría sumar en breve Aeromar, dieron pauta para que el gobierno federal haya delineado la creación de una nueva línea aérea que operará el Ejército mexicano y que utilizará la marca de la extinta Mexicana de Aviación.

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pueda tener el control mayoritario de la aerolínea se debe hacer una modificación a la Ley de Aeropuertos que hoy en día prohíbe que un grupo aeroportuario también sea propietario de una compañía de aviación.

Actualmente, la Sedena tiene una empresa llamada Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V., que tiene el control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), del Tren Maya así como de los aeródromos de Tulum, Chetumal y Palenque que están en construcción y remodelación, respectivamente.

De acuerdo con la Ley de Aeropuertos publicada en 1995 y que está vigente, en su artículo 29 señala que un grupo aeroportuario que tenga concesionada la operación de una terminal no podrá obtener participación en servicios de transporte aéreo.

“Los concesionarios o permisionarios de servicios de transporte aéreo, sus controladoras, subsidiarias o filiales sólo podrán suscribir, individualmente o en su conjunto, directa o indirectamente, hasta el 5% de las acciones ordinarias del capital social de una sociedad mercantil concesionaria de un aeropuerto o de su controladora. La misma restricción en porcentaje se aplicará cuando la concesionaria de un aeropuerto participe en el capital de concesionarios o permisionarios de servicios de transporte aéreo”, indica la ley.

“En ningún caso, un grupo de concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo, sus controladoras, subsidiarias o filiales, podrán adquirir directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de una sociedad concesionaria de un aeropuerto. La misma restricción se aplicará cuando un grupo de concesionarios de aeropuertos participen en el capital de concesionarios o permisionarios de servicios de transporte aéreo”.

La nueva reforma a la ley propone que sea la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la que tenga la facultad de aprobación que se derive de la notificación relacionada con el capital social de una sociedad mercantil concesionaria o permisionaria en sus modalidades de transporte aéreo o de aeropuertos así como el control relativo a la misma.

“Se incorpora la figura de la asignación, para que sea la persona titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pueda turnarla a las entidades de la administración pública federal para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional, la cual será por tiempo indefinido y sólo concluirá cuando se acredite fehacientemente que ya no existe la causa de utilidad pública, interés público, interés general, interés social o por razones de seguridad nacional que lo justifiquen”, señala la modificación.

En su justificación, el gobierno federal detalla que el transporte aéreo es una de las industrias que contribuye al progreso económico y social del país, debido a que facilita la conexión de personas, países y culturas, al igual que probé acceso a los mercados globales y genera comercio y turismo.

“Cuanto más conectado este un país por aire mayor será su capacidad para capitalizar los beneficios económicos y sociales del transporte aéreo puedo ofrecer”, afirma.

De acuerdo con los planes del Ejército mexicano, la nueva Mexicana de Aviación, cuya marca el gobierno ya se comprometió a comprar a los extrabajadores de la aerolínea en 700 millones de pesos, tiene previsto operar con 10 aeronaves, bajo el esquema de arrendamiento, a las que se le agregaría el Boeing 787 Dreamliner TP-01 José María Morelos y Pavón, el avión presidencial que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha buscado vender.

Según los documentos clasificados de la Sedena y que obtuvo el grupo de hackers Guacamaya, el costo operativo de la línea aérea estatal rondaría los 1,900 millones de pesos.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) manifestó, en un foro realizado en la Cámara de Diputados donde se discutirá esta ley, que la aprobación para la operación de un aeropuerto y una aerolínea al Ejército se puede afectar la libre competencia.

“En caso de considerarse conveniente permitir tal integración, y con el fin de evitar riesgos en materia de competencia y libre concurrencia, se sugiere establecer en la Ley de Aeropuertos que deberá existir una separación contable y funcional de las actividades de administración del aeropuerto y la del servicio de transporte aéreo de pasajeros”, consideró José Nery Pérez Trujillo, titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos de la Cofece.

“Con el fin de asegurar un piso parejo a todas las partes, se recomienda establecer claramente en las iniciativas que las empresas paraestatales operarán bajos los mismos términos que sus competidoras, es decir, no podrán recibir ayudas estatales o subsidios que les permitan competir en condiciones más favorables que sus empresas rivales, de lo contrario podría reducirse la oferta de rutas y vuelos por parte de aerolíneas privadas en largo plazo”, añadió. (CON INFORMACIÓN DE FORBES)