Celebra Rosales Reyes nueva legislación para discapacitados en Michoacán

Con la aprobación de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado se generarán beneficios óptimos para vivir en un estado de bienestar total, aseguró el presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado

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Morelia, Michoacán, 03 de agosto de 2014.- Legislar responsablemente en derechos humanos de las personas con discapacidad implicó concebir dentro de la sociedad una cultura de la dignidad, manifestada en hacer las cosas de una manera factible y efectiva, diferente, resaltó el diputado Salomón Fernando Rosales Reyes.

El presidente de la Comisión de Educación de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado, anotó que con la aprobación de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado, se dio muestra de que al propiciar las condiciones para cimentar una ciudadanía consciente y participativa, sin percepciones de asistencialismo ni clientelismo, sino desarrollando programas integrales, se generarán beneficios óptimos para vivir en un estado de bienestar total.

Recordó que razonó su voto a favor del dictamen de la iniciativa de ley, como integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social, de cuyo estudio y análisis lo hizo mediante una participación directa y con visión humanista, en cumplimiento a la alta responsabilidad de mi compromiso social con todas y todos los michoacanos.

El objetivo de esta ley, destacó, es promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas que viven con discapacidad, generando condiciones de igualdad para todos y siendo garante de la inclusión, concientización y una mejor calidad de vida para este sector y sus familias.

Para el diputado en materia de discapacidad, se transitó con una visión social solidaria, de las palabras y los discursos a los hechos; “trabajando como constructores de acciones y así cruzar la línea de los soñadores para posicionarnos en el escenario de los forjadores de un verdadero cambio y progreso sostenido a favor del pueblo”, añadió.

Con la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, Rosales Reyes anotó que desde el Congreso del Estado se impulsa un cambio en las nuevas propuestas de convivencia social en beneficio de los michoacanos con discapacidad, “porque creemos necesario eliminar todos los factores excluyentes o discriminatarios que limita a este sector poblacional para ser parte del desarrollo económico, político y social de nuestro Estado”.

Confió que este nuevo marco jurídico reúne y atiende las aristas o ejes centrales que proveerá a las y los michoacanos de una ley vanguardista que adoptará medidas efectivas y pertinentes para que las personas con discapacidad tengan garantizada su plena inclusión a la sociedad.

En materia de salud y asistencia social, apuntó Rosales Rosas, se dispone la organización y ampliación de servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, integral y multidisciplinar, de las necesidades y capacidades de la persona.

En tanto, como presidente de la Comisión de Educación, celebró que la Ley que establezca que la educación que imparta y regule el Estado deberá incluir a las personas con discapacidad en los planteles de educación regular, con reconocimiento de validez oficial, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades.

Según datos y estadísticas reveladas por el Consejo Nacional para Prevenir la discriminación, el CONAPRED, la principal barrera que padecen las personas con discapacidad. En México se estima alcanza alrededor de los 10 millones, según la Organización Mundial de la Salud, es atribuirles que debido a sus características es imposible su integración plena a la sociedad. Muestras de marginación difícil de superar que los deja fuera de toda posibilidad de ejercer plenamente sus derechos.

Finalmente, celebró la integración del Consejo Michoacano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, órgano de asesoría, consulta y de coordinación dependiente del DIF Estatal, que tendrá por objeto impulsar políticas públicas, estrategias y acciones para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad en el Estado, así como la vinculación de las acciones para la atención, inclusión y desarrollo pleno de las personas con discapacidad.