El Derecho a la Ciudad: Planeación vs. obra pública (última parte)

Morelia, Michoacán, 28 de enero de 2025.- Pretender mantener un mismo rumbo en materia de desarrollo siempre ha demostrado mayor eficiencia que, pretender “descubrir el hilo negro” en cada administración. En México, la historia nos demuestra que, durante el porfiriato, más allá de aspectos políticos, se lograron grandes avances en el país, por ejemplo, la infraestructura ferroviaria que en su mayoría prevale hasta la fecha. La creación de redes telegráficas, que por muchas décadas hicieron posible la comunicación en todo el territorio mexicano; fueron significativas las transformaciones en las ciudades, con la construcción de equipamientos educativos y administrativos, energía eléctrica, etc. Todo en buena medida, porque se mantuvo el rumbo y se lograron proyectos a largo plazo. 

Grande fue la influencia de los arquitectos Carlos Contreras y José Luis Cuevas Pietrasanta, quienes habían estudiado en Estados Unidos y en Inglaterra, para elaborar la primera Ley sobre Planeación General de la República decretada, en 1930, por el entonces presidente Pascual Ortiz Rubio. Sus objetivos se plasmaron hasta 1933, cuando se elaboró el Primer Plan Sexenal, para el periodo del presidente Lázaro Cárdenas. A partir de aquí, con cada Presidente, se ha querido establecer para el país un rumbo, así pasamos de proyectos industriales, petroleros, agrícolas, turísticos y demás; para los cuales, el horizonte temporal del sexenio siempre ha resultado insuficiente. Algo similar y más evidente (pro el corto horizonte temporal) ocurre en el ámbito estatal y no se diga municipal.

Para el caso de los Ayuntamientos, que resultan ser los más cercanos a las demandas ciudadanas, se buscaron alternativas de continuidad, a finales de la década de 1980, y propiamente durante la siguiente década se impulsó la creación de los Institutos Municipales del Planeación, como una alternativa para garantizar la continuidad de la planeación a largo plazo en el territorio municipal. Lamentablemente, salvo contados casos, la gran mayoría ha resultado un fracaso por haber sido subordinados a la dinámica de la Administración Municipal en turno. Los casos más exitosos son aquellos que han logrado consolidar la participación ciudadana como verdadero contrapeso de las decisiones coyunturales de corto plazo.

Y mientras esto sucede, continúa vigente un Código de Desarrollo Urbano obsoleto, que a través de múltiples modificaciones ha sido convertido más en un manual para el constructor o desarrollador inmobiliario, que en una reglamentación que vele y garantice lo que desde 1930 se planteó: “… que entre las manifestaciones del progreso moderno estaba la de alcanzar una vida más cómoda, más higiénica, que buscaba dentro del bienestar individual el interés colectivo, para lograr que toda medida administrativa importante obedeciera a un programa definido basado en el estudio previo del desarrollo ordenado y armónico…”.

La planeación a largo plazo sigue siendo un desafío fundamental para el desarrollo urbano en México. La experiencia histórica demuestra que los avances más significativos se logran cuando existe continuidad y visión de futuro. Sin embargo, la tendencia a subordinar la planeación a los intereses y horizontes políticos de cada administración ha limitado su impacto. 

Para superar esta problemática, es necesario promover y fortalecer la participación ciudadana en todos los esquemas posibles, para que sea posible alcanzar un desarrollo ordenado y armónico que prioricen el bienestar colectivo por encima de los intereses particulares y de corto plazo.

El Derecho a la Ciudad: Planeación vs. obra pública (Primera parte)