¿Para qué observar?
Es más que evidente que la elección de impartidores de justicia en México tendrá un resultado deplorable, aunado al grado más alto de abstencionismo que haya existido en una elección
Morelia, Michoacán, 26 de abril de 2025.- Con la frase “Observa el proceso y cuida nuestro Estado democrático, en defensa de nuestras libertades”, un grupo de ciudadanos mexicanos signan el pasado 7 de abril de 2025 un manifiesto dirigido a la opinión pública, el cuál inicia de la siguiente manera:
“La llamada reforma judicial en México, que partió de la aprobación por parte de mayorías artificiosas en los Congresos federal y locales que modificaron la Constitución -Política de los Estados Unidos Mexicanos- atendiendo a criterios facciosos y a presiones deplorables, enfrenta justas críticas por falta de legalidad, transparencia, integridad y respeto a los derechos de las y los juzgadores y a la división equilibrada entre los Poderes. Las elecciones de junio próximo están siendo organizadas sin cumplir con los estándares democráticos básicos, además de que se fundan en el inconstitucional desacato hacia múltiples resoluciones judiciales de suspensión y cautela.”.
El manifiesto es en relación a la elección de impartidores de justicia convocada para el 1 de junio entrante, considerando que:
Más de la mitad de las personas que juzgan en el nivel federal declinó participar en el proceso por considerar que se trata de una simulación con resultados decididos de antemano, además de que la selección de candidaturas fue desorganizada y controlada, vía tómbola, por el Senado. Para muestra, un botón: el listado de las candidaturas atribuidas al Poder Judicial de la Federación jamás fue aprobado por la Suprema Corte de Justicia -de la Nación-, órgano constitucionalmente facultado para ello, puesto que el Comité de Selección correspondiente consideró que, dadas las suspensiones dictadas, se hallaba jurídicamente imposibilitado para continuar con su labor. El Senado, con todo, usurpó la atribución de la Corte y ordenó a un dócil Instituto Nacional Electoral (INE) la indebida inclusión de los nombres en las boletas. En los órdenes estatales, la selección no resultó mejor, ni más equitativa, ni más legal.
Uno de los problemas en la organización de esta absurda elección es el dinero, están organizando una elección con un presupuesto ínfimo al que se necesitaba para ello con un evento novedoso, no se contaran los votos en los centros de votación y al respecto precisan:
El INE organiza el proceso con la mitad del presupuesto que solicitó. No se cuenta con legislación electoral adecuada a lo judicial: la geografía electoral y la jurisdiccional no se empatan, pues los distritos judiciales no pueden, materialmente, coincidir con los electorales. Las boletas que se han mandado imprimir resultan de complicadísima comprensión. Las diversas candidaturas deben autofinanciarse, sin fiscalización posible del origen de recursos. Los actos indebidos de campaña se despliegan con total cinismo por el territorio nacional, ante la indolencia del propio INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que optó por confrontarse con la Suprema Corte antes que por defender la Constitución. Por primera vez en la historia de nuestra democracia, no habrá conteo de votos por la ciudadanía en las casillas, sino que todo se contabilizará en los Consejos distritales del INE. Tampoco habrá Programa de Resultados Preliminares (PREP) ni se cancelarán las boletas que no se utilicen en las casillas. Todo se presta, hoy, a la suspicacia: quien logre controlar la movilización y acarreo de electores gozará de jueces a su servicio durante las próximas décadas.
Hace apenas unos días, los fondos destinados para la liquidación de los impartidores de justicia en funciones fueron tomados sin más de los fideicomisos donde se encontraban, bajo el argumento de que servirán para la mejora de los servicios médicos ofertados por el ISSSTE a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, sobre ello se estaban anticipando de la siguiente manera:
Más allá de tanta irregularidad, lo cierto es que la remoción de la totalidad del servicio profesional de administración de Justicia en el país atenta contra los derechos de quienes juzgan y pone en grave riesgo la independencia judicial, contraviniendo criterios expresos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las personas juzgadoras, conforme al estándar democrático internacional, no deben ser removidas sin justa causa, ni amenazadas con procedimientos sancionatorios con motivo de las resoluciones que dicten. Los tribunales disciplinarios creados por la reforma parten del principio exactamente opuesto y minan impunemente la autonomía de las determinaciones judiciales.
Hoy se ha reconocido por parte del Estado que existen perfiles cuestionables dentro del grupo de candidatos para dicha elección y que pronto solucionaran ello al respecto, en dicho manifiesto se advertía ya ello:
La reforma judicial, lejos de democratizar al país, se ha significado por purgar a los Poderes Judiciales y por someterlos a decisiones del poder político, eliminando el sistema de frenos y contrapesos que caracterizó nuestra transición al Estado constitucional y democrático de Derecho. No existe garantía alguna de que los perfiles seleccionados por Comités ampliamente dominados por el oficialismo puedan significarse por mantener el rumbo de independencia y solvencia que había alcanzado nuestra Justicia constitucional.
Sobre la farsa y el engaño viene la invitación, ser observadores y aportar los elementos suficientes indubitables para acreditar que lo que de ahí nazca, nacerá como fruto de un acto viciado de origen, lo que por derecho es ilegal:
La reforma judicial, lejos de democratizar al país, se ha significado por purgar a los Poderes Judiciales y por someterlos a decisiones del poder político, eliminando el sistema de frenos y contrapesos que caracterizó nuestra transición al Estado constitucional y democrático de Derecho. No existe garantía alguna de que los perfiles seleccionados por Comités ampliamente dominados por el oficialismo puedan significarse por mantener el rumbo de independencia y solvencia que había alcanzado nuestra Justicia constitucional.
¿Quiénes signamos tal manifiesto?
Demetrio Sodi de la Tijera, Miguel Bonilla López, Ariadna Salazar Quiñonez, Marco Antonio Baños, Rafael Estrada Michel, Ana Francisca Velasco Sodi, Gabriela Uriegas Ruiz, Sol Estrada Maqueo, María Inés Velasco Sodi, José Mario de la Garza Martins, Rodrigo Diez, Julia María del Carmen García González, Jacqueline Peschard, Jacobo Dayán, José Antonio Dorbecker Castillo, David Pantoja Morán, Edmundo Jacobo Molina, Yuriria Marván, Agustín Octavio Marván Lizardi, Itzel García Marván, Patricia Espinosa Torres, María Cecilia Marván Urquiza, María Teresa Marván Lizardi, María Beatriz Marván Carmona, Maria Rosalia Santín del Río, Laura Zainab Jureidini, Felipe Espinosa Torres, Olga Espinosa Torres, María Guadalupe Medrano, Alberto Ruiz Matías, Zulay Rodríguez, Jose Luis Espinosa Torres, Rosa Maria Sadurní, Graciela De La Torre, Carlota Hammeken, Francisco Burgoa, Manuel González Oropeza, Julio César Vázquez-Mellado, Rosario Ordoñez, Juan Pablo Estrada Michel, Miguel A. Rosillo, Óscar Cruz Barney, Ángel Gilberto Adame, Rodrigo de la Peza, Carlos H. Reyes Díaz, Olga Noriega, Luis Unikel, Constanza MacKluskey, Christopher Domínguez Michael, Karla Garza Sánchez, Alejandro Rosas, Pablo Majluf, Jorge Sepúlveda, Úrsula Camba Ludlow, José Antonio Aguilar Rivera, Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez, Alejandra Martínez Iglesias, José de Jesús Orozco Henríquez, Carla Érika Ureña, Víctor Oléa Pelaez, César A. Ruiz Jiménez, María Eugenia Gómez Villanueva, Adrián Rentería, Juan José Rodríguez Prats, Luis Vega Ramírez, Fernando Meraz, Javier Gutiérrez Vidal, Manuel Jorge Carreón, Gerardo Priego, Marysol Morán Blanco, Pablo Mijangos y González, Ana Brisa Oropeza Chávez, Roberto Lara Chagoyán, Sergio Charbel Olvera, Bernardo López Piña, Arturo Ramos Sobarzo, Juan Pablo Gómez Fierro, María Fernanda Hernández-Silva y Láynez, Juan Abelardo Hernández Franco, Gregorio Castillo, Lorenzo Córdova Vianello, María del Carmen Ordoñez, Óscar Vásquez del Mercado, Luis Miguel Morán Guerrero, Ignacio Gómez Morin, Rommel Moreno, Lilia Mónica López Benítez, Alonso González Villalobos, José María Lujambio, Juan Pablo Campos González, Raúl González Schmal, Julieta María Lujambio Fuentes, Carla Roel, Omar Hernández Salgado, Federico Santos Cernuda, Gabriela Salazar, María Emilia Molina de la Puente, Laura Manzo, Marhec Delgado Padilla, Liliana Hernández Paniagua, Jaime Hugo Talancón, María Guadalupe Adriana Ortega Ortiz, María del Socorro Marquina, Luis Diaz Mirón Álvarez, Martín Vivanco Lira, Jesús Altonar, Luis Enrique Pereda Trejo, Monica González Contró, Luz Helena Orozco y Villa, Olga Gutiérrez Nevarez, Rafael Caballero, Luis Jorge Molina Piñeiro, Carlomagno Romero Villanueva, Cecilia Azuara, Teresa Toca, José Antonio Polo Oteyza, Juan Antonio Cruz Parcero, Juan Pablo Pampillo Baliño, Elena Dorothy Estrada Tanck, Laurence Pantin, Morelos Canseco Gómez, Jorge Álvarez Banderas, Emiliano Maldonado, Jorge Martínez Iglesias, Omar Pérez Vega, Juan Jesús Garza Onofre, Mauricio Sánchez-Meza, Claudia Sánchez Pimentel, Luis Cuéllar Huerta, Ricardo García de la Rosa, Oscar A. Fernández, Hugo Martínez Arias, Gonzalo Robles Mac Eachen, Raúl Hermosillo Carmona, Flavio Carlos Mejía García, Guillermo Adolfo Vignau Esteva, Florinda Meza García, Marta Elva Flores Gardea, Julio Ríos Figueroa, Oscar Constantino Gutiérrez, Raudel Ávila, Juan Francisco Torres Landa y Javier Martín Reyes.
Es más que evidente que la elección de impartidores de justicia en México tendrá un resultado deplorable, aunado al grado más alto de abstencionismo que haya existido en una elección; la destrucción de la nación está en ciernes, en nuestras manos esta su salvación…
