Regidor de Uruapan estaría detrás de agresión contra Morón
Según filtraciones que circulan en redes sociales, Víctor Saladas fue el que convocó y pagó a los reventadores de la denominada “Guardia Ciudadana del Sombrero” que atacaron al senador en Apatzingán
Morelia, Michoacán, 27 de abril de 2025.- Un regidor de Uruapan estaría detrás de la agresión ocurrida el sábado en Apatzingán contra el senador del Morena, Raúl Morón Orozco.
Según filtraciones que circulan en redes sociales, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, alías “Víctor Saladitas”, fue el que convocó y pagó a los reventadores de la denominada “Guardia Ciudadana del Sombrero” que atacaron al aspirante a gobernador de Michoacán.
Esto confirmaría los dichos del vicepresidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán Vélez, en el sentido de que estaría involucrado en la agresión el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
En los mensajes filtrados se observa cómo miembros de dicha agrupación, fueron obligados a asistir, bajo amenazas de sanciones, a actividades fuera de su labor oficial, todo coordinado por la denominada «Coordinadora Dania».
Posteriormente, el propio regidor Víctor Saladas expresó que el punto de encuentro sería una gasolinera de Pemex para realizar los pagos.
De acuerdo con medios de comunicación de Uruapan:
El involucramiento de un regidor como operador de movilizaciones ilegales y probable financista de acciones de violencia política constituye una falta grave y múltiples violaciones a la ley. Estos hechos podrían configurar abuso de autoridad, coacción laboral, uso indebido de recursos públicos y delitos electorales.
Conforme al artículo 215 del Código Penal Federal y su correlativo estatal, el abuso de autoridad es sancionado penalmente; la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que el desvío de recursos humanos y materiales para fines partidistas amerita destitución e inhabilitación del cargo, mientras que la Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona con prisión y multa a quienes obliguen o financien a servidores públicos para realizar actos de proselitismo o violencia política.
Carlos Manzo Rodríguez, el Regidor Saladitas y demás implicados podrían enfrentar procedimientos penales, administrativos y electorales derivados de su participación en estos hechos, ya que no solo utilizaron de forma indebida el aparato gubernamental, sino que también violentaron los derechos laborales de los trabajadores municipales, atentaron contra la equidad política y vulneraron el principio de legalidad que rige el servicio público. La gravedad de las acciones exige que las autoridades competentes actúen de oficio, investiguen y sancionen estas conductas que atentan contra la democracia y el Estado de Derecho.
