Jueces y magistrados retirados acusan al nuevo Poder Judicial de negar pensiones prometidas

Ciudad de México, 03 de octubre de 2025.- Jueces y Magistrados en retiro protestaron por la suspensión abrupta de pensiones e indemnizaciones prometidas tras la reforma judicial. No hay fecha ni certeza de pago, solo reclamos y acusaciones de despojo.

“Por instrucciones superiores del órgano de administración, le informamos que no se realizará el depósito correspondiente a su pensión complementaria,” con esta frase, transmitida vía telefónica por la Dirección General de Servicios al Personal del Poder Judicial Federal (PJF), más de 300 jueces y magistrados federales en retiro fueron notificados de la suspensión abrupta de sus derechos adquiridos tras la reforma judicial.

Los trabajadores judiciales exigieron que se les confirmara la medida por correo electrónico o documento oficial, pero les negaban ese derecho.

“Nos dijeron que no se nos iba a pagar, y estuvimos revisando las cuentas bancarias: no se había depositado nuestra pensión complementaria, de la cual comemos, después de habernos expulsado de la institución. Y hasta la fecha, además, no hemos recibido nuestra indemnización, como cualquier trabajador la recibe cuando es cesado o despedido injustificadamente.”, explicó Elba Sánchez Pozos, magistrada en retiro.

“Cuando les cuestionamos: ¿por qué?, ¿con qué fundamentos?, etcétera, la respuesta insistente fue que se trataba de una orden superior, fuera de nuestro alcance. Fue una persona del personal operativo quien -al menos a mí- me llamó”, coincidió Julia María del Carmen García González, magistrada en retiro.

Esta magistrada, que declinó continuar en el Poder Judicial renovado por las elecciones y accedió al retiro con pensión compensatoria, aseguró que esta es la segunda irregularidad que enfrentan en el pago ofrecido por el propio Poder Judicial.

“La ocasión anterior nos depositaron determinada cantidad porque, precisamente por el cambio administrativo que iba a operar, nos dijeron que se iba a tardar, digamos, un poco más. Entonces fue mes y medio sin recibir el depósito”, aseguró.

Los cientos de reclamos presionaron al nuevo Órgano de Administración Judicial, que sustituyó al Consejo de la Judicatura, lo que obligó empezaran a caer los pagos en general a partir de las siete de la noche.

Las irregularidades obligaron a que una veintena de los extrabajadores judiciales de varias ciudades del país se trasladaran a la ciudad de México para realizar una protesta a las afueras de la institución ubicada en la Avenida Revolución 1508, alcaldía Álvaro Obregón.

“Pensamos que nos estaban midiendo, y por eso estamos aquí, tuvimos esa necesidad de que nos vean, de que vean las necesidades de cada uno de nosotros, porque ni podemos ejercer libremente la profesión del Derecho ahora y de allí (de la pensión complementaria) me estoy manteniendo”, aseguro Elba Sánchez Pozos.

Apenas iniciaban su manifestación cuando fueron invitados a platicar con Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y que fue recomendado directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la reunión de apenas cuarenta minutos, Vargas Solano, negó que las oficinas del poder judicial realizarán las llamadas telefónicas para anunciar que no pagarían las pensiones, esto a pesar de que los manifestantes le mostraban sus aparatos telefónicos mostrando el número del conmutador del organismo y dando listas de los nombres de quienes hicieron las llamadas y que confirmaron son trabajadores del poder judicial.

“Recibimos una respuesta pronta y eso nos llena de tranquilidad, de saber que, por lo menos, el presidente del órgano de administración escucha las peticiones”, explicó Magdalena Victoria, jueza en retiro.

A pesar de la atención directa del presidente del nuevo órgano de Administración Judicial, no se logró establecer un calendario de pagos ni se garantizó que no habría más retrasos.

Tampoco se fijó una fecha para el depósito de la indemnización constitucional 

Cabe recordar que los jueces y magistrados en retiro aceptaron no ejercer su profesión en derecho, precisamente porque se les ofreció un pago compensatorio o indemnización que se plasmó en el decreto de “Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación», publicado el 20 de diciembre de 2024, en su artículo Vigésimo Transitorio.

Sin embargo, este compromiso se ha convertido en un punto de conflicto que afecta a más de 845 magistrados y jueces, junto con ocho ministros de la suprema corte, tras su renuncia, siguen sin acceso a ese pago que comprende tres meses y 20 días por año trabajado y que en suma oscila entre los seis y siete mil millones de pesos.

Es el caso de Pablo Enríquez Rosas, hasta el 31 de agosto pasado, se desempeñó como magistrado de circuito en el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito en la Ciudad de México, hoy no puede ejercer su profesión a pesar de tener 28 años de experiencia y sus gastos dependen de esa indemnización que no puede recibir porque ya no existen los fideicomisos.

“Se dispuso que se iba a pagar con los fondos que había en los fideicomisos, previa la liquidación, pero no se posibilitó que se hiciera eso. Perdón la expresión, pero fue prácticamente un robo, porque antes de que la institución que existía, el Consejo de la Judicatura Federal, dueño de esos fondos, pudiera terminar el contrato de fideicomiso, como lo mandataba la Constitución, se dio una orden y se retiraron los fondos sin que la dueña de ellos pudiera disponer de ellos”, recordó.

Hasta ahora, lo único que han recibido los ministros y jueces en retiro es una promesa: que el órgano administrativo del Poder Judicial “analizará” los pagos junto con Hacienda. No hay calendario, no hay certeza, no hay fecha.

(CON INFORMACIÓN DE: LATINUS)