La SCJN da luz verde a la reforma que obliga a la contratación de seguros vehiculares

Morelia, Michoacán, 08 de octubre de 2025.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este lunes la constitucionalidad de la reforma a la Ley de Movilidad de Puebla, que obliga a los automovilistas a contar con un seguro vigente de daños a terceros. La decisión, producto de la revisión de la Acción de Inconstitucionalidad 1/2024 promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se resolvió tras desechar los argumentos que alegaron una supuesta violación al derecho al libre tránsito.

Durante la sesión, la ministra Lenia Batres Guadarrama argumentó que el requerimiento de un seguro de responsabilidad civil no representa una restricción al desplazamiento. El fallo validó el artículo que estipula la obligación del seguro, así como la sanción prevista en el artículo 164 de la citada ley, que propone multas de 20 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) para quienes circulen sin seguro.

De igual forma, el tribunal respaldó el artículo 127, que establece una suspensión de un año a la licencia de conducir por consumo de alcohol, pero descartó la anulación total de la licencia hasta por una década por no contar con seguro, al considerar que tal medida carece de eficacia y resulta excesiva en términos de seguridad vial.

Batres Guadarrama subrayó que Puebla registró 12 mil 920 accidentes viales en 2024, con 264 víctimas mortales, y que sólo el 51 por ciento del millón 269 mil vehículos en circulación cuenta con un seguro vigente contra daños a terceros, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, destacó que la iniciativa debió prever el acceso de los sectores de bajos ingresos a un seguro vehicular, puesto que la exigencia afecta a quienes apenas tienen los recursos para adquirir un automóvil. Manifestó que la norma es necesaria, pero debe contemplar mecanismos de acceso universal y equitativo al seguro, para garantizar tanto la responsabilidad civil como los derechos económicos de la población.

(CON INFORMACIÓN DE: LA JORNADA ORIENTE)