Cuando el poder no tiene límites
Tenemos un partido hegemónico con mayoría legislativa, reformas que alteraron de fondo la arquitectura judicial y propuestas que buscan limitar la autonomía de los organismos electorales
Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2025.- El poder de la 4T es evidente y avanza sin obstáculos, hasta el momento. En los últimos años México ha vivido una recomposición del poder público que ha encendido todas las alarmas. Tenemos un partido hegemónico con mayoría legislativa, reformas que alteraron de fondo la arquitectura judicial y propuestas que buscan limitar la autonomía de los organismos electorales.
Primer indicio: La concentración de poderes. La capacidad de un partido para nombrar magistrados, impulsar reformas al amparo y a la justicia y aprobar leyes con mayoría amplia reduce los frenos institucionales que, históricamente, limitaron arbitrariedades.
Segundo indicio: La autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y otros organismos ha sido vulnerada, es objeto de debate , cambios normativos y políticos que buscan modificar facultades, tiempos y hasta el peso de sus consejeros. Cuando quien gobierna cuestiona y busca remodelar los árbitros de la competencia política, la preocupación es legítima: sin árbitros confiables, las elecciones pierden capacidad de garantizar competencia real.
Tercer indicio: Erosión de los contrapesos y del debate público. Además de reformas legales, hay señales prácticas ; cambios en organismos autónomos, presión política sobre voces críticas y un clima de polarización que facilita la estigmatización del opositor. Esta mezcla , leyes, control institucional y narrativa pública , suele ser el caldo de cultivo para un poder más concentrado.
A lo anterior agregamos la inocultable censura y hostigamiento a periodistas. México es uno de los países más peligrosos para la prensa: las cifras de agresiones, amenazas y homicidios vinculados al trabajo periodístico siguen siendo altas, y crece el uso de vías judiciales y administrativas para acallar voces incómodas. El acoso judicial, demandas, investigaciones etcétera, funciona a menudo como mecanismo de intimidación que fomenta la autocensura.
¿Existe un riesgo real de caer en una dictadura de facto? Definitivamente sí. La instalación de una dictadura no suele ocurrir de la noche a la mañana; es un proceso que combina concentración institucional, erosión de garantías, control de elecciones y debilitamiento de la sociedad civil. Los elementos que hoy observamos; mayorías amplias, reformas que afectan jueces y órganos electorales, y hostigamiento mediático son factores que elevan el riesgo.
¿Hay alguna instancia nacional que pueda impedirlo? En teoría sí, en la práctica parece ser que ya no. El propio Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, las fiscalías autónomas y los órganos de protección de derechos humanos han perdido su autonomía , ya no son frenos formales. Quedan la sociedad civil organizada y el periodismo independiente que siguen siendo barreras materiales y simbólicas contra el abuso. La movilización social informada sería quizá el mecanismo más fuerte.
Ahora bien, ¿qué papel jugaría el Ejército? Históricamente en América Latina, las fuerzas armadas han sido tanto instrumentos de contención como de impulso del poder autoritario. Si se consolidara un gobierno que reduce controles democráticos, el Ejército puede ser cooptado para dar apariencia de estabilidad o para custodiar cambios; también podría (remotamente) convertirse en actor decisivo si las instituciones civiles colapsan. Sin embargo, la interacción concreta dependerá de las lealtades institucionales, políticas y del diseño legal que regule su actuación.
Conclusión: En la actualidad ya es altamente preocupante una deriva hacia prácticas autoritarias al haberse concentrado en un solo partido todo el poder. ¿Qué se puede hacer? No está al alcance de la ciudadanía el poder reactivar contrapesos reales (judiciales y electorales), pero sí dar más voz a periodistas independientes, fortalecer la sociedad civil y mantener vigilancia internacional. La democracia no se protege por decreto; se defiende todos los días, con leyes, con información y con una ciudadanía activa.
