Los Suspirantes… ¿Denuncia mediática?
La denuncia presentada por la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, ante la FGE tiene toda la pinta de buscar efectos mediáticos más que legales
Morelia, Michoacán, 13 de febrero de 2026.- La denuncia presentada por Grecia Quiroz García ante la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene toda la pinta de buscar efectos mediáticos más que legales.
La presidenta municipal sustituta de Uruapan ha acudido ante la instancia que encabeza otro aspirante a gobernador, Carlos Torres Piña, para denunciar y pedir que se investigue a aquellos que en vida fueron señalados por el hoy finado presidente municipal, Carlos Manzo Rodríguez.
Para sorpresa de nadie, los objetos de esta acusación son el senador y aspirante a la gubernatura de Michoacán, Raúl Morón Orozco; el diputado federal y ex gobernador, Leonel Godoy Rangel; y, el ex presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua.
Pero no es casualidad que Grecia Quiroz haya elegido este momento para proceder con esta denuncia que se esperaba desde hace unos 3 meses.
La presidenta municipal sustituta de Uruapan viene del desgaste que le ha generado la actualización catastral, que ha derivado en algunos casos con cobros de hasta 500% más que aquello que los contribuyentes uruapenses pagaban todavía el año pasado.
Viene de los señalamientos de un grupito de diputados de mediano nivel por ese mismo motivo y viene de una seguidilla de encuestas que parecen marcar tendencia en el sentido de que está bajando la espuma del Movimiento del Sombrero.
Me parece que Quiroz García y aquellos que la asesoran buscan de esta forma reavivar y mantener en la mente de los michoacanos el proyecto que representan.
Dicho por algunos conocedores de la materia, la mencionada denuncia tiene muy pocas posibilidades de prosperar, pero en caso de que se llegara a judicializar Grecia Quiroz estaría al filo de la navaja.
En caso de que esto camine, pero al final se demuestre que se incurrió en falsedad de declaraciones, tanto el Código Penal Federal como el del Estado prevén sanciones que van de los 2 a los 6 años de prisión y multa.
Yo creo que esto ya lo tienen calculado el Movimiento del Sombrero y sus asesores.
La pregunta es: ¿Quién se beneficia realmente con esto?
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