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Proponen que Gobierno pague por bienes perdidos en hechos violentos

Sandra Arreola y Alfredo Anaya presentan iniciativa para que el Fondo de Ayuda cubra la pérdida de vehículos y bienes de personas inocentes

Morelia, Michoacán, 04 de marzo de 2026.- En respuesta a la reciente oleada de violencia que afectó a familias michoacanas durante los disturbios del pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, los diputados locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz y Alfredo Anaya Orozco, presentaron una iniciativa para reformar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado.

El objetivo es que este recurso pueda destinarse a la reparación de daños materiales sufridos por personas inocentes en contextos de violencia masiva.

Durante su exposición, la diputada Sandra Arreola Ruiz enfatizó la urgencia de atender a las víctimas indirectas. «Detrás de cada vehículo calcinado hay una madre que ya no tiene cómo llevar a sus hijos a la escuela, un trabajador que perdió su herramienta de trabajo o una familia que ve fracturada su estabilidad económica por hechos que nunca provocó», expresó, tras recordar que se han recibido al menos 31 querellas por robo o daño de vehículos vinculados a esos disturbios.

Por su parte, el diputado Alfredo Anaya Orozco señaló que existe un vacío legal cuando se trata de daños materiales derivados de contextos de violencia masiva, donde no siempre hay una responsabilidad individual identificada. «El Estado tiene la obligación de voltear la mirada hacia los verdaderos afectados y garantizarles una reparación del daño», afirmó.

Puntos clave de la iniciativa:

  • Ampliación del Fondo: Destinar recursos específicamente para la reposición de bienes (vehículos, viviendas o comercios) dañados por vandalismo o violencia masiva.
  • Atención inmediata: Brindar apoyo económico a los afectados sin que esto implique la creación de un gasto público nuevo, sino la optimización del recurso ya existente.
  • Certeza para víctimas indirectas: Garantizar que quienes perdieron su patrimonio por hechos que no provocaron no queden desamparados.

La iniciativa, turnada a comisiones, busca ser un parteaguas en la protección del patrimonio de las y los michoacanos que resultan afectados colateralmente por la violencia.

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