Transportistas rechazan iniciativa ambiental y denuncian simulación política del Gobierno

Morelia, Michoacán, 08 de mayo de 2026.- Los representantes del transporte, integrantes de la Comisión Reguladora del Transporte de Michoacán, manifestamos públicamente nuestro rechazo y profunda preocupación ante la iniciativa presentada por los diputados David Martínez Gowman, Antonio Salvador Mendoza Torres y Sandra María Arreola Ruiz, mediante la cual pretenden reformar la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo.

Más allá del discurso ambiental y políticamente correcto que intentan proyectar, esta iniciativa refleja una vez más la desconexión que existe entre algunos legisladores y la realidad que viven diariamente miles de michoacanos. Porque en México no existen ciudadanos de primera ni de segunda.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1° el principio de igualdad y no discriminación; asimismo, el artículo 4° reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano. Estos principios obligan a las autoridades a construir políticas públicas integrales, equitativas y socialmente responsables, no medidas selectivas que buscan cargar responsabilidades únicamente sobre determinados sectores.

Responsabilidad desproporcionada Los representantes del transporte concesionado de Michoacán consideramos que el transporte público no puede convertirse en el responsable absoluto de los problemas ambientales del estado. Los transportistas representamos menos del 4% del total de vehículos que circulan en la entidad y un porcentaje todavía menor dentro de la ciudad de Morelia.

Sin embargo, pareciera que para algunos diputados resulta más rentable políticamente señalar al sector transporte que enfrentar los verdaderos problemas estructurales de contaminación, devastación ambiental y desorden urbano.

Denuncian silencio ante obras públicas Hoy vemos diputados que únicamente levantan la mano para aprobar iniciativas mediáticas, pero que nunca han señalado:

• La destrucción masiva de árboles y áreas verdes por obras gubernamentales.

• La devastación urbana ocasionada por proyectos mal planeados.

• El impacto ambiental de obras vendidas como “modernidad”.

• El uso excesivo y opaco de recursos públicos.

• La falta de estudios técnicos transparentes.

• El daño económico y social que estas obras generan a miles de familias.

Mientras el transportista lucha para pagar combustible, refacciones y seguros, el gobierno hace gala del derroche en obras costosas y alejadas de las necesidades de movilidad. Hablan de sustentabilidad pero destruyen árboles; hablan de movilidad moderna pero generan caos vial. Eso no es sustentabilidad, es simulación política.

Propuestas para una verdadera protección ambiental Resulta preocupante que esta iniciativa pretenda impulsar obligaciones hacia el transporte público sin establecer responsabilidades para funcionarios y constructoras que dañen el entorno urbano. Si existe interés real en proteger el ambiente, se debe:

1. Frenar la devastación urbana y transparentar el gasto.

2. Castigar el daño ambiental provocado por obras gubernamentales.

3. Apoyar financieramente la modernización del transporte público.

4. Garantizar igualdad constitucional y «piso parejo» para todos.

Reiteramos nuestra disposición a contribuir a una verdadera transición ambiental; sin embargo, rechazamos cualquier intento de criminalización selectiva. La verdadera responsabilidad ambiental empieza por el ejemplo del propio gobierno.

ATENTAMENTE

Transportistas

Integrantes de la Comisión Reguladora Del Transporte De Michoacán