DEA y Pentágono advierten sobre procesos judiciales contra funcionarios mexicanos
Agencias de Estados Unidos señalan colusión histórica entre autoridades y cárteles del narcotráfico
Ciudad de México, Ciudad de México, 14 de mayo de 2026.- En una serie de comparecencias ante el Congreso de los Estados Unidos, altos funcionarios de la administración estadounidense elevaron el tono de sus críticas hacia la situación de seguridad en México, señalando presuntos vínculos históricos entre el narcotráfico y funcionarios gubernamentales.
Durante su testimonio ante el subcomité de Apropiaciones del Senado, el director de la DEA, Terrance Cole, afirmó que la reciente acusación contra el gobernador de Sinaloa (actualmente con licencia), Rubén Rocha Moya, representa únicamente el inicio de una serie de procesos judiciales. Cole equiparó la relevancia del caso con la de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública sentenciado en EE. UU., sugiriendo que la colusión entre autoridades y grupos criminales ha sido una constante por años. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, atribuyó esta situación a una combinación de corrupción y el «miedo» que generan los cárteles mediante actos de violencia extrema.
En una audiencia separada en la Cámara de Representantes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, instó a las fuerzas armadas mexicanas —específicamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR)— a incrementar su operatividad contra los cárteles. Hegseth enfatizó la necesidad de que México «haga más» para evitar que Estados Unidos deba tomar medidas directas adicionales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado estas declaraciones, calificándolas como una violación a la soberanía nacional. El Gobierno de México sostiene que no se realizarán detenciones sin pruebas contundentes y que cualquier proceso debe respetar el debido proceso y la Constitución mexicana.
En el ámbito interno, se confirmó que Rubén Rocha Moya solicitó protección federal tras separarse de su cargo el pasado 1 de mayo. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas líneas de investigación relacionadas con la presunta intromisión del crimen organizado en procesos electorales locales.
