El costo de decirle que sí a la CNTE
Implicaciones fiscales, el regreso del mercado de plazas y el impacto en el erario educativo ante las negociaciones con el gobierno federal
Morelia, Michoacán, 17 de junio de 2026.- Después de más de 51 reuniones entre representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE, el gobierno de Claudia Sheinbaum está en proceso de entablar un acuerdo político cuyas consecuencias fiscales y educativas podrían ser inéditas en la historia reciente del país.
La CNTE pide fundamentalmente desaparecer la USICAMM y sustituirla con un sistema que, en la práctica, devuelva el control de las plazas a los sindicatos; derogar la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar al esquema solidario de pensiones, así como aumentar el salario docente en un cien por ciento. Cada una de estas demandas tiene consecuencias propias. Juntas, representan la transformación más costosa que podría imponérsele al erario educativo en décadas. Revisémoslas por separado, con los números sobre la mesa.
I. Desaparecer la USICAMM
La USICAMM nació viciada. Plataformas que caían, criterios opacos, procesos lentos, una desconexión estructural con la realidad de las comunidades rurales e indígenas: nadie en el campo técnico defiende a la USICAMM en su forma actual. Pero una cosa es reformar un organismo deficiente y otra muy distinta es desmantelarlo sin una arquitectura de reemplazo, entregando el proceso a los mismos actores que convirtieron el sistema previo a 2013 en un mercado de plazas.
En Michoacán, la UESICAMM distribuye plazas entre facciones. Aspirantes universitarios de la UMSNH, normalistas independientes y profesionistas con vocación acreditada han denunciado que son bloqueados al intentar acceder a los procesos por carecer del aval sindical. El consejo directivo de la Unidad Estatal es la institucionalización del reparto de poder y recursos.
Las consecuencias de desaparecer la USICAMM sin garantías sólidas son el regreso del control gremial total sobre el ingreso docente en estados con hegemonía de la CNTE; la restauración del mercado de plazas, con precios aproximados de 300 mil pesos por una plaza de base; la cancelación del acceso meritocrático para egresados universitarios y normalistas independientes; y el desvanecimiento progresivo de cualquier sistema de evaluación diagnóstica.
El costo fiscal directo de desaparecer la USICAMM es relativamente menor: aproximadamente 2,300 millones de pesos. El costo real es otro: es el que se paga en aprendizajes perdidos por treinta millones de estudiantes que serán asignados a maestros elegidos por cuota política en lugar de por mérito pedagógico.
La nueva ley debe contener criterios de ingreso públicos, competitivos y verificables; órganos de supervisión con autonomía técnica real; y representación formal de padres de familia y sociedad civil. Sin esos elementos, la abrogación de la USICAMM será una redistribución del mercado de plazas entre los mismos actores de siempre.
II. Derogar la Ley del ISSSTE: 7 billones de pesos que nadie tiene
El 8 de junio de 2026, el director del ISSSTE dijo que derogar la Ley del ISSSTE de 2007 y regresar al sistema solidario costaría el equivalente a 20 puntos del PIB mexicano —alrededor de 7 billones de pesossolo para constituir el nuevo fondo de reserva actuarial. Para dimensionar esa cifra: el presupuesto completo de la SEP para 2026 es de 1.25 billones de pesos. Los 7 billones requeridos equivalen a 5.6 veces ese presupuesto total. Son el dinero que México gastaría en educación en casi seis años, sin construir una sola aula ni contratar un solo maestro adicional.
La demanda de la CNTE nace de una injusticia real y documentada. Un maestro que hoy gana 20,351 pesos mensuales —salario promedio docente en 2026 según la SEP— podría retirarse con apenas 6,000 a 8,000 pesos bajo el sistema de cuentas individuales. Pero la solución que propone la Coordinadora es injusta con otra generación: la de los contribuyentes actuales y futuros, incluyendo a los propios hijos de los maestros.
El sistema solidario tiene un pecado original: la demografía. Funciona cuando hay cuatro o más trabajadores activos por cada jubilado. En el ISSSTE de 2026, esa relación ya es de 2.5 a 1 —tres millones de activos frente a 1.2 millones de jubilados— y se deteriorará consistentemente. El número de pensionados del ISSSTE se duplicará en los próximos 30 años.
¿Cómo se podrían reunir los 7 billones? Las rutas existen, pero ninguna es cómoda: eliminar el subsidio neto a PEMEX (que liberaría entre 150 y 263 mil millones anuales); subir la tasa del Derecho Petrolero para el Bienestar; aplicar un impuesto real a las herencias de alto valor; o cerrar las renuncias recaudatorias regresivas del ISR empresarial, donde las grandes corporaciones pagan tasas efectivas de apenas 1 a 8 por ciento contra una tasa nominal del 30 por ciento.
Combinando diez medidas fiscales disponibles se podría acumular entre 860 mil millones y 1.55 billones anuales adicionales. El problema es político, porque esas medidas afectan a los grupos con mayor capacidad de resistencia. La medida más dramática suele ser la emisión de bonos de deuda, lo cual sería desastroso en el momento en el que México tiene la máxima deuda histórica en 202 años de historia nacional, a la par que empeñaría el presupuesto nacional por décadas.
III. El cien por ciento de aumento salarial: ¿de qué presupuesto?
El cien por ciento de aumento que pide la CNTE costaría aproximadamente 360 mil millones de pesos anuales adicionales —diez veces el monto del aumento ya otorgado. Una nómina magisterial que hoy se estima en torno a los 400 a 450 mil millones de pesos anuales llegaría a 800 o 900 mil millones.
Duplicar el salario promedio docente implicaría llevarlo a más de 40,700 pesos. Son salarios razonables en términos de justicia distributiva para una profesión esencial, pero su costo total en el contexto de una nómina de 1.2 millones de docentes federales y estatales es el doble del presupuesto de toda la función educativa federal.
Las tres demandas de la CNTE en conjunto —USICAMM, ISSSTE, salarios— tendrían un costo anual adicional estimado entre 700,000 y 1,400,000 millones de pesos, más un costo de capitalización inicial de 7 billones de pesos. Los niños de Michoacán, cuyo aprendizaje se ubica consistentemente entre los más bajos del país, no tienen representante en esa mesa de negociación.
Propuestas desde Mexicanos Primero Michoacán
Por lo anterior, formulamos las siguientes propuestas:
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Que la iniciativa que sustituya a la USICAMM tenga un proceso de consulta pública que incluya a especialistas independientes, organizaciones civiles y representantes de padres de familia.
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Que se ligue el presupuesto de la nueva ley a resultados de aprendizaje medibles. Cualquier sistema de ingreso docente que no produzca mejoras verificables debe ser sujeto a revisión automática.
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Implementar las medidas que permitirían financiar la reforma pensionaria sin comprometer la educación: eliminar gradualmente el subsidio neto a PEMEX, introducir un impuesto progresivo a herencias de alto valor y cerrar las renuncias recaudatorias del ISR empresarial.
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Desmantelar los mecanismos opacos de la UESICAMM, transparentando la integración y funcionamiento de su Consejo Directivo para permitir la verificación ciudadana independiente.
Decirle que sí a la CNTE en su agenda pública es aplazar con recursos de otros una deuda que, tarde o temprano, los niños pagarán. En contraste, seguir escondiendo su agenda confidencial vuelve cómplices a los funcionarios que recibieron las peticiones ignominiosas y no han informado a la nación lo que realmente quieren.
Pero son tiempos de definiciones de candidaturas en 17 estados; son tiempos de contratar trabajadores eventuales por la libre porque el 31 de mayo se venció la idoneidad de los participantes en los procesos de USICAMM y, también, son momentos para disfrutar el Mundial, es decir, de parar el sistema educativo nacional. Al buen entendedor…
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
