Se levantó el paro; el rezago sigue en Michoacán
El fin de la jornada de protestas de la CNTE no resuelve la precariedad institucional, las cuotas obligatorias ni la alarmante falta de protocolos ante la violencia que asfixia a las escuelas
Morelia, Michoacán, 24 de junio de 2026.- Estamos a punto de cerrar el Ciclo Escolar 2025-2026, el último peldaño antes de que arranque, en septiembre próximo, el complejo proceso electoral 2026-2027 en 17 estados de la república. Michoacán renovará la gubernatura bajo una costumbre dolorosa en esta entidad: la politización y el manejo discrecional de los recursos destinados a la formación de niñas, niños y jóvenes.
Lo hemos visto y denunciado. Subsistemas enteros, niveles educativos completos e instituciones de educación media superior y superior son convertidos en auténticos feudos políticos. Esta vez no hubo que esperar al banderazo formal. El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) emitió, en abril, medidas cautelares contra el propio gobernador por presuntos actos anticipados de campaña. Asimismo, el pasado 19 de junio, el INE removió a cinco integrantes del IEM, dejando al organismo local sin quórum justo en la antesala de la preparación del proceso.
La precampaña, en los hechos, ya empezó. Las bardas de muchas escuelas públicas, convertidas hoy en murales de proselitismo y llenas de hashtags políticos, avizoran tempestades; máxime porque, en no pocos casos, quienes se promocionan en ellas son personas que tienen a su cargo responsabilidades educativas en la entidad.
Plan Michoacán: Armas decomisadas, pero aulas desprotegidas
Por otra parte, se ha discursado mucho sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un programa emergente presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el magnicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre de 2025. El plan promete seguridad, salud y educación a través de doce ejes y más de cien acciones.
Sin embargo, al revisar el diseño y los avances del plan, destaca una omisión sistemática:
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Falta de enfoque escolar: No contempla una sola medida diseñada específicamente para frenar la violencia dentro de los planteles.
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Ausencia de protocolos: Se presumen armas decomisadas, vehículos asegurados o kilos de droga sintética incautados, pero no existe un solo protocolo pensado para que un docente en Aquila, Apatzingán, Lázaro Cárdenas o la Tierra Caliente llegue a su salón sin temor.
El balance del paro de la CNTE: Una «pausa táctica» sin victorias reales
En este complejo escenario, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició un paro nacional indefinido el 1 de junio de 2026 en al menos diez entidades, movilizada en Michoacán a través de la Sección XVIII.
Tras casi veinte días de plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México, las secciones acordaron levantar el movimiento el 19 y 20 de junio, calificándolo como un «receso estratégico». En términos reales, el balance dista de ser una victoria: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 no ocurrió, el incremento salarial real se topó con el 9% general ya pactado por el SNTE, y la eliminación de la USICAMM quedó apenas en un ofrecimiento del gobierno federal. Trascendió únicamente la entrega de una bolsa de 800 millones de pesos para Oaxaca, un trato diferenciado que el secretario de Educación Pública negó como pago por desmontar el plantón, sin detallar qué obtuvieron exactamente las fracciones fragmentadas de Michoacán.
El costo pedagógico de estas movilizaciones es alarmante. Una revisión hemerográfica documenta que la Coordinadora acumula 71 días de paro en dos años y medio: 27 días en 2024, 25 en 2025 y 19 en este 2026. Esto equivale a perder entre el 10% y el 14% del calendario lectivo de 185 días. Resulta incongruente argüir que estas protestas defienden la educación pública en una entidad donde la probabilidad de que un niño termine una carrera universitaria es inferior al 22%.
La realidad del sistema: Cuotas, vacíos y precariedad
Que el paro se haya levantado no resuelve las deficiencias estructurales del sistema:
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Cuotas escolares obligatorias en los hechos: Aunque la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) reitera que son voluntarias, la propia autoridad reconoce que el presupuesto estatal no alcanza para las más de 12 mil escuelas de la entidad. Se delega en las familias el sostenimiento de los planteles y se tolera que los directivos condicionen inscripciones o documentos.
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Déficit de docentes frente a grupo: Durante el ciclo 2025-2026, la autoridad educativa estatal recibió cerca de 1,700 solicitudes de jubilación, una cifra que supera el número de egresados normalistas en un ciclo completo. Se van más maestros de los que se forman.
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Precarización laboral y formativa: El magisterio michoacano promedia un ingreso equivalente a apenas dos salarios mínimos, mientras que el presupuesto federal destinado a la formación continua equivale a unos 105 pesos anuales por maestro.
«El mapa de la violencia escolar: De acuerdo con los conteos realizados desde Mexicanos Primero Michoacán, en el ciclo 2024-2025 fueron asesinados 120 menores en la entidad, la segunda cifra más alta del país, solo detrás de Guanajuato (163). El panorama incluye el doble homicidio de maestras en Lázaro Cárdenas, un plantel cerrado en Uruapan por extorsión y cobro de piso de los propios estudiantes hacia sus maestros, y cuatro escuelas convertidas en bases operativas interinstitucionales en Apatzingán.
Cinco tareas urgentes antes del 15 de julio
Quedan apenas 17 días hábiles antes de que el ciclo escolar concluya el próximo 15 de julio. Es momento de trazar una ruta crítica con cinco acciones concretas:
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Primero: Que la SEE audite públicamente cuántos días efectivos de clase se perdieron por escuela y diseñe, junto con los Consejos Técnicos Escolares, un plan de recuperación pedagógica real en contraturno, en lugar de simular el cumplimiento del calendario.
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Segundo: Exigir, antes del cierre del ciclo, un reporte transparente de cuotas escolares por plantel para fiscalizar cuánto se cobró, a quién y en qué se usó, frenando la opacidad actual.
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Tercero: Que toda escuela en zona de riesgo (Tierra Caliente, la Costa y límites con Jalisco) cuente antes de que termine julio con un protocolo de seguridad mínimo verificado: ruta de evacuación, contacto directo con la mesa de seguridad regional y mecanismos de alerta temprana ante amenazas en redes sociales.
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Cuarto: Que el Congreso del Estado y la sociedad civil vigilen que el arranque del proceso electoral 2026-2027 en septiembre no contamine el entorno escolar con actos anticipados de campaña disfrazados de entrega de útiles o inauguración de obras.
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Quinto: Que la SEP y la SEE publiquen una hoja de ruta clara sobre el futuro de la asignación de plazas y de las miles de comisiones pendientes que hoy dejan aulas vacías y maestros sin grupo.
Prometer la caída de un sistema de plazas sin construir el ordenamiento que lo sustituya no es una reforma; es gatopardismo legislativo. El paro se levantó, pero la responsabilidad educativa permanece y los indicadores siguen siendo críticos. Es momento de exigir un verdadero gobierno educador.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.




