Garantizan por ley el derecho a la alimentación adecuada de la niñez en Michoacán
La 76 Legislatura aprobó por unanimidad una reforma legal para obligar a estados y municipios a combatir la malnutrición, el sobrepeso y la obesidad infantil.
Morelia, Michoacán, 01 de julio de 2026.- Bajo la premisa de que una mala nutrición genera consecuencias destructivas e irreversibles en el desarrollo infantil, el Pleno del Congreso del Estado avaló incorporar de manera formal el reconocimiento y protección del derecho humano a la alimentación adecuada de la niñez y adolescencia michoacana.
A fin de prevenir de forma estructural problemas de salud pública como la malnutrición, el sobrepeso, la obesidad y demás enfermedades crónicas asociadas, las y los diputados aprobaron por unanimidad el dictamen que reforma los artículos 10 y 33 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.
Nutrientes garantizados para un sano desarrollo
La iniciativa, impulsada de forma conjunta por las diputadas Grecia Aguilar, Brissa Arroyo, Belinda Hurtado, Adriana Campos, Diana Espinoza, Sandra Arreola, Vanessa Caratachea e Itzé Camacho, mandata que la alimentación de los menores debe cumplir con características específicas de disponibilidad, accesibilidad y calidad nutrimental.
El concepto legal aprobado garantiza que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a una dieta con los nutrientes indispensables para su sano desarrollo físico, mental y emocional.
Obligación compartida entre Gobierno y municipios
Con las modificaciones hechas por la 76 Legislatura, las autoridades estatales y los ayuntamientos de Michoacán estarán obligados a coordinarse para:
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Prestar a las familias servicios especializados de atención nutricional.
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Fomentar la educación alimentaria y la orientación nutricional desde las comunidades.
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Promover hábitos de vida saludables para mitigar los factores de riesgo a temprana edad.
Las y los diputados locales subrayaron que el sobrepeso y la obesidad infantil representan actualmente los retos más urgentes de salud pública a nivel nacional y estatal, por lo que blindar este derecho en la legislación local permitirá ejecutar políticas públicas preventivas y con un presupuesto etiquetado de manera eficaz.
