Cosas que dan mucho miedo / Teresa Da Cunha Lopes

Hace un año, cuando empezaban a percibirse los primeros signos de la actual crisis de seguridad, yo insinué que esta crisis, diferente de las anteriores aunque similar a primera vista, no acabaría rápidamente. También afirmé, en enero del presente año, que el recurso a las autodefensas era una“solución imperfecta”

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Morelia, Michoacán, 04 de noviembre de 2014.- Hace un año, cuando empezaban a percibirse los primeros signos de la actual crisis de seguridad, yo insinué que esta crisis, diferente de las anteriores aunque similar a primera vista, no acabaría rápidamente. También afirmé, en enero del presente año, que el recurso a las autodefensas era una “solución imperfecta” que en la realidad, debería ser llamada la “solución pragmática”, pero que en todo caso no podría ser permanente.

Solución política que crearía contextos volátiles, explosivos y cuyos  procesos son lentos, llenos de riesgos y muy complejos, tanto más que los Estados democráticos y de derecho tienen una complejidad arquitectural y constitucional que obligan a que todas las acciones se enmarquen en el respeto absoluto de los derechos humanos.

Dejé plasmado, entonces en una columna de opinión que si los actores locales- políticos, sociales y económicos – querían que funcionara realmente era obligatorio manifestar una voluntad política de hacer las cosas de manera diversa, con actores diferentes, con comportamientos políticos nuevos y con controles anti-corrupción eficientes.

Y no lo han hecho.

Ahora bien, seamos duros, concretos y directos. La grande  debilidad contra el narcoterrorismo se centra en dos errores: a) no aceptar que se trata de un contexto en que el crimen organizado ha pasado a una fase de ataque directo al estado y a sus instituciones, con el objetivo de apoderarse del estado ; b) no atacar de raíz la corrupción y el lavado de dinero, depurando el sistema bancario que se ha transformado en un basurero nacional y eliminando los canales de los aparatos políticos estatales y locales que permiten desviar los recursos financieros del estado para el crimen organizado .

Algunos, me harán el favor de comentar que en los últimos años, grandes bancos pagaron multas elevadas por lavar dinero de los narcos (también lo hacen con las enormes masas de capital que mueven el tráfico de armas o la evasión impositiva) y que, por lo tanto, existe un error en mi argumentación. Observaré, en primer lugar  que las multas anuncian la tendencia a la legalización: en vez de perseguir penalmente a los operadores financieros y a los bancos lavadores, se les cobran impuestos. Y, en segundo lugar que la legislación anti-corrupción continua en debate en la Cámara y no ha sido aprobada.

La buena noticia, supongo, es que hemos experimentado un deterioro a cámara lenta, por así decirlo. O, por lo menos, tal parecía ser real, hasta que la masacre de Iguala y la ineficiencia de la respuesta institucional, hizo caer la simulación de una estrategia de seguridad que iba acompañada de un ambicioso plan de reformas políticas y económicas.

Ahora nos damos cuenta, no solamente que caminamos sobre un grande cementerio de las víctimas anónimas de la narcoguerra, pero que además, el terreno está minado en términos económicos.La forma paulatina en que se ha desarrollado la crisis de seguridad, ha dado pie a una profunda crisis económica. Que una no existe sin la otra. Que la primera produce la segunda y viceversa.

Sobre este punto, pienso que existe un debate sin sentido sobre si lo que estamos sufriendo merece realmente llamarse recesión o no. Lo que estamos viviendo, es mucho más grave que una simple recesión económica. Es el resultado del impacto económico de una crisis lenta de seguridad que ha causado enormes  daños porque  dura desde hace más de una década y entró en un contexto de competencia directa con el estado  y  de de asalto a sus  desde el 2006.

En un reciente informe para el BID, “Las consecuencias económicas de la violencia del narcotráfico en México” de la autoría de Gustavo Robles, Gabriela Calderón y Beatriz Magaloni, se calcula que el impacto económico en México a causa de la violencia es de aproximadamente 12% del PIB. Brutal.

No sólo por los datos duros, sino también por la prueba de una situación real sobre el terreno que se retroalimenta como un serpiente que perpetuamente come su propia cola. Tal como lo enuncian los autores del informe del BID, la crisis de la inseguridad coincidió, a partir del 2006, con  otros dos fenómenos que afectaron al PIB: la crisis financiera mundial y la influenza por el virus AH1N1 y, por ende, “si bien la violencia tiene efectos negativos sobre la actividad económica y el desempleo, un desempeño económico deficiente o poco equitativo puede ser generador de violencia”.

El problema es el miedo: la financiación del sector privado se ha agotado porque los inversores, quemados por la inseguridad en zonas que supuestamente  eran seguras, se muestran ahora reacios a comprar nada que se encuentre en el «triángulo de las Bermudas» en que se transformaron algunas entidades federativas. Desaparece gente, desaparece presupuesto, desaparecen activos, desaparecen obras.

Como consecuencia se instala como una variable paralela a los otros indicadores económicos, el «factor miedo».

Tal como lo afirma José Torra, responsable de la investigación para México del índice de Libertad Económica de Norteamérica del Fraser Institute.

“Indudablemente en los últimos años, los dos últimos sobre todo, se ha observado un mayor acercamiento -de inversionistas- generado por el gobierno, al dar ciertos beneficios. Pero en la economía real también se debe buscar lo que no se ve y la insuficiente inversión privada evidencia la mala percepción de confianza que tienen las grandes empresas”.

¿Qué puede hacer la política?

Banxico prácticamente ha agotado su munición: nadie cree que unos nuevos recortes de los tipos de interés sirvan para mucho. Y nada puede o debería hacerse para sostener el precio de las viviendas, que sigue estando demasiado alto después de ajustar la inflación. Los Pinos tampoco puede esperar, ni es realista hacerlo, que el sector público cargue con el muerto, en especial cuando instituciones semipúblicas también tienen problemas.

Sin embargo, es recomendable establecer otro conjunto de estímulos fiscales más serios, como modo de sostener el empleo mientras los mercados superan los efectos secundarios de los baches de la coyuntura mundial y, en el plan interno, de la coyuntura de seguridad. El «plan económico», si así lo podemos llamar a los proyectos de ley de Ingresos  y de ley de egresos para el 2015, no es más que un paso mínimo en la dirección previsible de un ejecutivo que tuvo la voluntad de cambiar de rumbo, pero al cual, las «fosas de Iguala» van obligar a hacer  una política económica que equivale principalmente a «mantener el rumbo».

Pero, «mantener el rumbo», es precisamente una de esas cosas que dan mucho miedo. El «status quo» actual no es solamente insostenible económicamente, también es humanamente indignante.