Atendió CEDH más de 3 mil quejas en 2014
A la vez, el organismo defensor de los derechos humanos en Michoacán brindó 1 mil 598 orientaciones jurídicas y realizó 403 canalizaciones por asuntos que aunque no fueron competencia del organismo se les brindó asesoría y se remitió a las instancias correspondientes
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Morelia, Michoacán, 30 de diciembre de 2014. En este año que concluye la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) atendió más de 3 mil siete quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de servidores públicos hacia ciudadanos de este estado. A la vez brindó mil 598 orientaciones jurídicas y realizó 403 canalizaciones por asuntos que aunque no fueron competencia del organismo se les brindó asesoría y se remitió a las instancias correspondientes.
De acuerdo a los registros del organismo las dependencias con mayor número de quejas fueron las relacionadas con la procuración de justicia, seguridad pública y el sector educativo, por tratarse de instancias que atienden a una gran cantidad de personas; pero también fueron las que atendieron hasta en un 90 por ciento las recomendaciones del organismo.
En el 2014 la Procuraduría General de Justicia en el Estado cerró con 684 quejas, la Secretaría de Seguridad Pública con 534 de las cuales 107 fueron hacia la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social; en tanto que la Secretaría de Educación tuvo 384 y la Secretaría de Salud 81 quejas.
Por lo que respecta a las autoridades federales la Secretaría de Seguridad Pública Federal registró 252 quejas, el Instituto Mexicano del Seguro Social 106, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 33 y la Secretaría de Marina y Armada de México (Semar) 24. Cabe precisar que estas quejas se remiten a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por cuestión de competencia.
En lo que se refiere a los conceptos de queja, los más recurrentes fueron: detención ilegal, negativa, suspensión o prestación ineficiente del servicio público; abuso de autoridad, lesiones, cateos y visitas domiciliarias ilegales, irregular integración de la averiguación previa, ineficiente prestación del servicio educativo y negativa al derecho a la educación; entre otros.
