PGJE se deslinda del caso Ucareo; toca a juez resolver, dice

Será el Poder Judicial el que determine situación de personas presentadas por la ejecución de dos personas en esa comunidad de Zinapécuaro

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Morelia, Michoacán, 6 de julio de 2015.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán se deslindó del caso Ucareo, donde dos personas fueron, presuntamente, ejecutadas por habitantes de la comunidad. Toca al Poder Judicial resolver la situación de las personas presentadas, afirma en comunicado.

Mediante el oficio, la dependencia “hace de su conocimiento que será el Juez de Control quien el próximo 10 de julio resuelva la situación jurídica de las tres personas que fueron presentadas ayer ante dicho órgano jurisdiccional por su relación en los hechos ocurridos en el municipio de Zinapécuaro”.

Agrega el comunicado que el día de ayer el Juez decretó legal la detención realizada por el personal ministerial, luego de que la Fiscalía formuló imputaciones en contra de tres personas, que de acuerdo a testigos, participaron en la retención y homicidio de las dos personas que fueron encontradas sin vida en el puente ubicado en el kilómetro 190 de la autopista México-Guadalajara, tramo Maravatío-Zinapécuaro.

Con base a testimonios, las dos personas que fueron localizadas sin vida habrían participado en la privación de la libertad de un habitante de la población de Ucareo y por cuya libertad pidieron una cantidad monetaria que cobraron y que en un momento determinado, fueron retenidos por un grupo de pobladores y trasladados hasta el citado puente, lugar donde los privaron de la vida (asfixia mecánica por ahorcamiento) y posteriormente pendieron sus cuerpos en la estructura de concreto.

Una vez que el Juez de Control conoció y valoró las imputaciones vertidas por el fiscal, decretó legal la detención de las tres personas presentadas, y a petición de la defensa, será hasta el próximo 10 de julio cuando el órgano jurisdiccional resuelva con los datos de prueba aportados por el fiscal, su vinculación a proceso, sin que se violente su presunción de inocencia o defensa adecuada cuya garantía está ampliamente garantizada por el Tribunal.