Arranque escolar 2025-2026: Diez retos inaplazables
Es necesario atender situaciones inmediatas, emergentes y a la vez, las profundas y estructurales. Hay exigencias que ya deben exhibir una solución al respecto.
Morelia, Michoacán, 06 de septiembre de 2025.- Es cierto que el Ciclo Escolar 2025 -2026 inicia con problemas estructurales acumulados, así como necesidades de recuperar la rectoría educativa, desde prerrequisitos como las relaciones laborales, los procesos administrativos y la capacidad de establecer reordenamientos, en las palabras de las autoridades educativas estatales. Después de muchos años operando sin control efectivo sobre el sistema educativo, ni capacidad real de rectoría sobre los procesos fundamentales es momento de resolver la problemática.
Las mismas acciones, los presupuestos inerciales y el mismo discurso, proviniendo de las mismas personas difícilmente podrán proveer resultados diferentes ante los retos anunciados para este ciclo escolar, como la infraestructura, fortalecer mecanismos que hagan de las aulas un espacio seguro, aumentar la matrícula y reforzar la Nueva Escuela Mexicana, entre otros. Es necesario que estos problemas fundamentales tengan ya soluciones integrales y no una nueva envoltura, como si fueran desafíos novedosos.
Es necesario atender situaciones inmediatas, emergentes y a la vez, las profundas y estructurales. Hay exigencias que ya deben exhibir una solución al respecto.
1.- La primera exigencia fundamental es la reapertura inmediata de todos los planteles cerrados, comenzando por la Escuela Primaria de Iratzio en el municipio de Quiroga, que debe contar con infraestructura digna y segura para el desarrollo de actividades educativas, pero que resulta emblemática por ser la punta de un iceberg muy profundo. Lograr tener plena operatividad en el sistema educativo estatal no solo es cuestión de mantenimiento o reconstrucción de planteles: implica también garantizar cobertura docente inmediata en Tzintzimacato y todas las comunidades afectadas por la ausencia de maestros, por lo que se debe diseñar e implementar un plan de emergencia específico para garantizar que los planteles afectados puedan ofrecer un ciclo escolar completo a sus estudiantes, así como establecer un protocolo de contingencia efectivo que evite que futuros arranques escolares enfrenten las mismas deficiencias estructurales que caracterizan el actual. Un centro estatal de monitoreo y prevención de incidencias educativas, transparente y con apertura a la ciudadanía sería una medida que permitiría conjurar la problemática y a su vez, tomar decisiones ágiles para resolver riesgos y vulnerabilidades que amenacen el derecho de las niñas, niños y jóvenes a la educación, a tener ciclos escolares completos y a lograr aprendizajes.
2.- Paralelamente, ante la reiterada protesta de expresiones magisteriales, se exige el establecimiento inmediato de una mesa de diálogo permanente con todas las representaciones sindicales legítimas, que tenga carácter resolutivo y no meramente consultivo. Esta mesa debe abordar el cese inmediato al hostigamiento laboral sistemático que denuncian los trabajadores educativos, la revisión pública de cada caso, con pleno respeto al debido proceso de los 100 maestros cesados al inicio del ciclo escolar y el establecimiento de un proceso transparente y equitativo para los cambios de adscripción del personal de apoyo que, en dichos de los líderes gremiales han sido sistemáticamente negados. Todo ello, en aras de lograr una agenda magisterial, reconocida por la autoridad educativa y todas las expresiones gremiales y sindicatos, con una programación expresa, así como presupuestación digna para resolver los pendientes que el gobierno tiene con los trabajadores de la educación.
3.- Así también, el sistema educativo michoacano requiere la publicación semanal del estado real de funcionamiento de todos los planteles educativos, incluyendo información verificable sobre presencia docente, condiciones de infraestructura, y servicios básicos disponibles. Se debe proporcionar metodología clara y verificable para todas las cifras oficiales relacionadas con la tasa de escolarización, abandono escolar, reprobación, rezago educativo, y cobertura real del sistema, cruzados con información demográfica fidedigna. Es indispensable contar con series históricas de al menos diez años que permitan análisis comparativos rigurosos y evaluaciones externas independientes de todos los programas educativos implementados por la administración estatal.
4.- Se debe inmediatamente de abandonar el sistema inadmisible de «denuncias ciudadanas» como único mecanismo de control operativo básico, sustituyéndolo por un sistema de supervisión directa y en tiempo real de la presencia docente en todas las escuelas del estado. Esto implica establecer un protocolo de sustitución inmediata ante cualquier ausencia docente no programada y implementar un sistema de rendición de cuentas semanal sobre la cobertura efectiva del servicio educativo en todos los niveles y modalidades. La denuncia ciudadana debe ser una vía paralela, nunca el único camino para resolver circunstancias en las cuales las autoridades poseen atribuciones tanto de monitoreo como correctivas.
5.- Así también, la situación exige un diagnóstico público inmediato del estado real de todos los planteles educativos que presentan riesgos para la seguridad de estudiantes y trabajadores, acompañado de un presupuesto específico, transparente y suficiente para atender las reparaciones más urgentes. Este plan debe incluir un cronograma máximo de noventa días para resolver las situaciones más críticas y establecer mecanismos efectivos de participación comunitaria en la supervisión de todas las obras de infraestructura educativa.
6.- De manera urgente, el retroceso y estancamiento en la recuperación de matrícula estudiantil requiere un plan específico y medible para superar el preocupante 2% de recuperación registrado tras la pandemia, así como la pérdida de 20 mil estudiantes del ciclo escolar anterior al presente. Esto implica desarrollar programas focalizados en las comunidades que presentan los mayores índices de abandono escolar y menores tasas de escolarización, garantizar becas y apoyos suficientes para asegurar la permanencia escolar de estudiantes en situación de vulnerabilidad, y establecer una articulación efectiva con los programas federales de apoyo estudiantil disponibles.
7.- Debe considerarse que ya llegó el momento: federalizar la nómina educativa, generando auténtica, estructural y permanente justicia laboral, para homologar condiciones laborales y salario entre trabajadores de la educación cuya modalidad de sostenimiento es estatal respecto a aquellos que tienen plaza federal resulta ya inaplazable e insoslayable. Superar auditorías, vencer resistencias y romper el cerco que la necesaria transparencia impone a los intereses encunados en la plantilla de personal es ya un acto indispensable. Hace ya casi siete años que se comprometió el expresidente López Obrador a concretar esa necesidad.
Concretarla exige una auditoría completa y transparente para identificar y erradicar la presencia de aviadores y personal irregular en la nómina educativa, acompañada de un proceso efectivo de federalización de la nómina que resuelva definitivamente este problema histórico.
Es fundamental establecer un proceso justo de regularización para el personal educativo que se encuentra en situación vulnerable debido a problemas de inseguridad en sus regiones de trabajo, y garantizar la contratación suficiente de docentes para cubrir el déficit real que existe en todos los niveles del sistema educativo.
8.- Paralelamente, es necesario tejer un sistema de gobernanza educativa efectivo. El sistema educativo michoacano requiere Consejos Escolares de Participación Social que cuenten con recursos reales y capacidad de incidencia efectiva en las decisiones que afectan a cada plantel. Se deben establecer mecanismos permanentes e institucionalizados de consulta ciudadana en el diseño y evaluación de políticas educativas, implementar un sistema de rendición de cuentas mensual ante las comunidades educativas, y crear espacios permanentes de diálogo constructivo entre las autoridades educativas y las organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas educativos.
9.- Urge también una mejora de las condiciones salariales y de prestaciones para todos los trabajadores del sistema educativo, incluyendo docentes, personal administrativo y de asistencia y apoyo a la educación. Esto debe acompañarse de la garantía de espacios dignos y seguros en todas las escuelas del estado, el reconocimiento efectivo y material de la labor fundamental que desarrolla el personal de apoyo y administrativo, y la implementación de programas permanentes de desarrollo profesional continuo y actualización para todos los trabajadores educativos, máxime que se encuentra en proceso de apropiación y aplicación el modelo educativo denominado Nueva Escuela Mexicana, el cual presenta áreas de oportunidad que las voces de los maestros michoacanos han dejado manifiestas en el estudio Voces desde el Aula, una investigación cualitativa que analiza la puesta en marcha del nuevo modelo educativo desde la voz de docentes y directivos de escuelas públicas de educación básica en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Yucatán.
10.- Finalmente, se requiere una articulación real y operativa con los programas estatales y federales de seguridad, salud, nutrición y desarrollo social que inciden directamente en el éxito educativo de los estudiantes. Esto implica establecer mecanismos de coordinación efectiva con las autoridades municipales en temas críticos como infraestructura y seguridad escolar, desarrollar una vinculación productiva con las instituciones de educación superior y el sector productivo del estado, y establecer programas de cooperación técnica con organismos especializados nacionales e internacionales que puedan contribuir a mejorar la calidad del sistema educativo michoacano.
Estemos atentos a que se atiendan estas emergencias y se brinden respuestas institucionales a problemas estructurales. La educación michoacana se transforma con escuelas dignas que funcionen efectivamente, maestros respetados y valorados en su labor fundamental, estudiantes protegidos en su derecho inalienable a la educación y que ejerzan en las mejores condiciones posibles sus derechos a estar, a aprender y a participar en las comunidades educativas michoacanas, con liderazgo de autoridades que asuman sus responsabilidades institucionales y resuelvan la problemática imperante en el sistema educativo estatal, máxime que acumulan ya muchas jornadas de experiencia al frente de los cargos respectivos. Que así sea.
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Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
