Denuncian casos de crueldad animal en Tarímbaro y Puruándiro
Tarímbaro se ubica entre los tres primeros municipios con mayor maltrato animal, mientras que Puruándiro figura dentro de los diez primeros lugares
Morelia, Michoacán, 03 de octubre 2025.- Tarímbaro y Puruándiro se han convertido en escenarios de horror para los animales, reportes recientes de asociaciones protectoras confirman que Tarímbaro se ubica entre los tres primeros municipios con mayor maltrato animal, mientras que Puruándiro figura dentro de los diez primeros lugares.
La situación es alarmante, cada semana se registran alrededor de 10 casos de envenenamiento de perros en plazas públicas, a plena luz del día.
Luisa Quijano Ravell, vocera del colectivo Rescatistas Independientes de Michoacán, denunció que los animales mueren en medio de un dolor extremo sin que exista reacción alguna de las autoridades.
La omisión oficial también se ha hecho presente en Tarímbaro, la coordinadora del Centro de Atención Canino y Felino (CEACAFET), Gabriela Ruiz, ha permanecido en silencio, sin emitir siquiera un pronunciamiento que condene estos actos ni exigir justicia para las víctimas.
“Exigimos el respeto a la ley. En Michoacán ya es delito la crueldad y el maltrato animal. Son seres sintientes, no merecen morir en esas condiciones. La omisión de las autoridades también debe ser sancionada”, recalcó Quijano Ravell.
Por su parte, Erika Alejandra Madriz, representante de Unidos Dejando Huella de Puruándiro, denunció la misma práctica en la plaza principal de ese municipio, donde los perros aparecen envenenados sin que se implementen medidas de contención.
Ambas activistas exigieron la aplicación de campañas masivas de esterilización como alternativa real para atender la sobrepoblación canina, y llamaron a las autoridades a cumplir la normatividad vigente para proteger a los seres sintientes que hoy mueren en silencio.
Mientras que, Carlos Maya Cordero integrante de la Asociación de Abogados Animalistas de México, manifestó que se encuentran dispuestos a actuar en caso de que las autoridades sigan omisas a cumplir con la ley y la normatividad vigente.
