Educación pública en México, sombras y más sombras
La educación pública en México está en problemas, y no de ahora, enfrenta desde hace muchos decenios una crisis estructural profunda
Morelia, Michoacán, 29 de abril de 2025.- La educación pública en México está en problemas, y no de ahora, enfrenta desde hace muchos decenios una crisis estructural profunda. A pesar de ser un derecho consagrado en la Constitución y de representar una herramienta esencial para la justicia social, millones de niños reciben una formación deficiente y fragmentada. Las causas son múltiples y se entrelazan en un círculo vicioso que combina politización sindical, abandono gubernamental, falta de recursos, resistencia al cambio y políticas educativas desarticuladas.
Uno de los factores que más daño ha hecho a la educación ha sido la intromisión de los sindicatos en la vida educativa nacional. En lugar de fungir como defensores de los derechos laborales del magisterio, muchas cúpulas sindicales se han convertido en aparatos políticos que negocian privilegios a cambio de apoyo electoral. Durante décadas, figuras como Manuel Sánchez Vite, Carlos Jonguitud Barrios, Elba Esther Gordillo simbolizaron esta perversión del sindicalismo, al convertir plazas, ascensos y comisiones en monedas de cambio dentro de un sistema clientelar. El resultado ha sido un control corporativo del magisterio que bloquea reformas, desalienta la evaluación y frena cualquier intento de profesionalización docente.
A la politización se suma una enorme resistencia interna a la capacitación y evaluación profesional. Si bien muchos maestros ejercen con vocación y compromiso, también existen amplios sectores que rechazan ¿por miedo? cualquier forma de evaluación, ven la actualización como una imposición y se niegan a modificar prácticas pedagógicas anacrónicas. Esta postura, muchas veces fomentada por los mismos sindicatos, ha impedido el desarrollo de una cultura docente basada en el mérito y la mejora continua.
La falta de continuidad en las políticas educativas también ha cobrado un alto costo. Con cada cambio de gobierno, los planes, programas y contenidos escolares se transforman sin una evaluación seria de su impacto. El sistema educativo se ha convertido en un laboratorio ideológico donde se anteponen intereses políticos sobre criterios pedagógicos. Los recientes libros de texto gratuitos paridos por la 4T, marcados por una carga ideológica evidente, ejemplifican cómo se puede utilizar la educación básica como vehículo de propaganda, en lugar de formación crítica y científica.
A esto se añade un problema material que no puede ignorarse: la pobreza estructural de las escuelas. Miles de planteles carecen de lo más básico: techos seguros, pupitres funcionales, baños dignos, agua potable, electricidad o acceso a internet. En comunidades marginadas, es común ver aulas improvisadas, sin materiales didácticos ni apoyo técnico. La brecha entre escuelas rurales y urbanas, públicas y privadas, se amplía cada día. Este deterioro de la infraestructura escolar, sumado a la precariedad laboral de los docentes, limita cualquier posibilidad de innovación o equidad.
La pandemia de COVID-19 agudizó más estas desigualdades. El cierre prolongado de las escuelas dejó sin clases efectivas a millones de estudiantes que no contaban con dispositivos ni conectividad. La estrategia de educación a distancia era insuficiente y desorganizada. A pesar del regreso a las aulas, no ha existido un plan nacional serio para recuperar los aprendizajes perdidos.
Frente a este panorama, es urgente un cambio estructural y sostenido. La primera medida se antoja imposible, recuperar la rectoría del Estado sobre la educación. Las decisiones pedagógicas deben ser tomadas por autoridades técnicas y organismos académicos, no por líderes sindicales ni partidos políticos. Se necesita consolidar un sistema de ingreso y promoción docente basado en mérito, con concursos públicos, transparentes y supervisados por órganos autónomos.
En paralelo, es necesario diseñar una formación docente continua, obligatoria, con incentivos claros y evaluación permanente. Los sindicatos, por su parte, deben modernizarse, someterse a reglas de transparencia interna, rendición de cuentas y elecciones democráticas, y limitarse a su papel natural de defensa laboral. Como se puede ver, se pide un imposible.
También es urgente dignificar al magisterio con mejores salarios, seguridad social y condiciones dignas de trabajo, de manera que el bienestar de los docentes no dependa de la afiliación sindical, sino de políticas públicas firmes y justas. Las escuelas, además, requieren inversión directa y sostenida en infraestructura, materiales, conectividad y alimentación, sobre todo en zonas rurales.
Finalmente, México necesita construir un acuerdo nacional por la educación, con metas a largo plazo, continuidad de políticas, blindaje frente a coyunturas electorales. Un consejo ciudadano de vigilancia educativa podría funcionar como contrapeso para evitar que el sistema educativo vuelva a caer en manos de intereses gremiales o políticos.
Conclusión: ¿Posibilidad de que en el futuro tengamos una educación de calidad? Cero, un redondo y espantoso cero.
