Elección de jueces, populismo disfrazado
Si se desea verdaderamente democratizar la justicia, se debe comenzar por hacerla más profesional, más ética, más transparente y menos dependiente del poder político
Morelia, Michoacán, 27 de mayo de 2025.- Tema que obliga a una profunda reflexión dadas las implicaciones que esto lleva para la vida democrática de una nación que ya tiene una democracia en peligro.
La reforma judicial propuesta por el gobierno actual, que contempla, entre otras cosas, la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha generado un amplio debate, no siempre apoyado en datos sólidos y si en argumentos que traducen una enorme desconfianza en todo lo que propone la actual administración.
Aunque la propuesta se presenta como una respuesta a un hipotético clamor popular buscando un sistema judicial más transparente y menos corrupto, sus evidentes defectos estructurales y su gran carga ideológica obligan a una revisión minuciosa y crítica.
Históricamente, el Poder Judicial en México ha sido percibido como uno de los más cerrados y menos accesibles para el ciudadano común. La evidente falta de independencia frente a los otros poderes, la opacidad en la designación de jueces y magistrados y los múltiples casos de corrupción han deteriorado su imagen pública.
Sin embargo, también ha sido uno de los contrapesos institucionales más importantes en tiempos recientes. Ha anulado leyes inconstitucionales, ha frenado abusos del Ejecutivo. Este delicado equilibrio es lo que está en juego con la nueva reforma.
El gobierno federal ha justificado la reforma señalando que el Poder Judicial está “secuestrado por intereses ajenos al pueblo”, según lo dijo, sin demostrarlo, el expresidente AMLO. Según su visión particular, los jueces no representan los intereses populares y operan bajo la lógica de privilegios, protecciones cruzadas y parcialidad.
Esta idea se alinea con su conocido discurso populista, demagogia pura que capitaliza el descontento social hacia las élites judiciales. Ciertamente la percepción de buena parte de la ciudadanía es que el sistema judicial es lento, costoso, técnico y poco empático con las necesidades reales de la población.
Evidentemente una reforma que busque mayor transparencia es deseable. Pero cuando se pretende aplicar una lógica electoral al Poder Judicial, las consecuencias pueden ser profundamente negativas. La independencia judicial, obvio es decirlo, es un pilar de toda democracia: los jueces no deben responder a intereses políticos, partidistas o electorales, sino exclusivamente a la Constitución y al derecho.
La elección popular de jueces, como lo propone la reforma, por donde se le vea, pone en riesgo esa independencia. Si un juez necesita hacer campaña para ser electo, probablemente deba recurrir a financiamiento, a alianzas partidistas, a promesas populistas, todo lo cual distorsiona la naturaleza técnica y deliberativa de su función. El diagnóstico de que el sistema judicial está corrompido no justifica por sí solo la solución de entregarlo al voto popular. Esta medida fatalmente generará más problemas que soluciones.
Otro defecto es que la propuesta no se acompaña de una política seria de profesionalización judicial ni de evaluación de desempeño. Tampoco propone cómo garantizar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, ni cómo blindar a los jueces de presiones externas una vez electos.
Además, existe el riesgo de que esta reforma sea utilizada como una herramienta de control político. Si los jueces deben pasar por las urnas y los partidos tienen control sobre las candidaturas, quien domine el poder político dominará al poder judicial, anulando el principio de división de poderes.
Conclusión: No hay duda de que el sistema judicial mexicano necesita reformas. Es necesaria una justicia más pronta, imparcial y accesible. Sin embargo, la solución no puede ser una medida que ponga en jaque la independencia judicial ni que convierta a los jueces en simples actores políticos. Ya el jurista Diego Valadés lo sintetizó así: “La justicia no se mejora mediante elecciones, sino mediante mecanismos eficaces de evaluación, rendición de cuentas y profesionalización”.
La propuesta actual debe ser analizada con serenidad, a profundidad, sin la prisa de intereses partidistas ni bajo la presión de un discurso populista, y debe ser desechada si no es adecuada. Si se desea verdaderamente democratizar la justicia, se debe comenzar por hacerla más profesional, más ética, más transparente y menos dependiente del poder político. No se trata de hacerla más popular, sino más justa.
Es cuanto.
