Los extremos del proyecto (Por: Jorge Álvarez Banderas)
El análisis de uno de los artículos transitorios del dictamen sobre la reforma al Poder Judicial, lo que seguramente los 33 millones de personas que les dieron su voto no conocen
Morelia, Michoacán, 17 de agosto de 2024.- El artículo Décimo Transitorio del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, dictada por la Comisión de Puntos Constitucionales, respecto de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se pretenden reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, raya en el absolutismo propio de estados autoritarios.
Si bien es cierto que establece una “seguridad” de los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, al señalar que serán respetados en su totalidad y que los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables, no menos cierto es, que se termina con la carrera judicial y con los fideicomisos no previstos en ley secundaria alguna, al obligar a reintegrar los fondos a la Tesorería de la Federación o a la entidad federativa según corresponda, en un plazo máximo de noventa días naturales, posteriores a la entrada en vigor del Decreto.
Para la interpretación y aplicación de esta disposición, así como la prevista en los últimos párrafos de los artículos 100 (Tribunal de Disciplina Judicial) y 116 (elección de juzgadores) de este Decreto, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.
Lo anterior es sólo el análisis de uno de los artículos transitorios de dicho dictamen, lo que seguramente los 33 millones de personas que les dieron su voto no conocen; Monserrat Botey escribe que, todos -incluyendo a dichos votantes- perderemos nuestros derechos y libertades, no se podrá exigir más una educación de calidad, no habrá medicamentos ni atención médica -adecuada-, la gente -dice- quiere 3 mil pesos al mes gratis y punto…
