Por garantizar el derecho humano a aprender en 2020 (Por: Erik Avilés)

Morelia, Michoacán, 24 de diciembre de 2019.- El 2019 cierra con números muy elevados en cuanto a denuncias por el violación del derecho a aprender en las escuelas michoacanas. Sin tomar en cuenta la seguramente enorme cifra negra de vejaciones, las denuncias ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) caen en cascada, a las cuales se aúnan más violaciones a otros derechos humanos sufridas por los estudiantes, acontecidas en las instalaciones de comunidades de aprendizaje fallidas.

Por las reformas legales a nivel federal en materia educativa de 2019 y las que indefectiblemente vendrán en meses próximos, así como por la anunciada federalización de la nómina educativa, que implicará un cambio en la rectoría del sistema educativo estatal, seguramente el próximo año habrá medidas revulsivas en la estructura organizacional de la educación michoacana, que si no se hacen acompañar de un estricto diseño que evite la violación de los derechos humanos, perpetuarán la situación que se vive en las escuelas de la entidad, la cual es escandalosa por encontrarse la Secretaría de Educación en el Estado en segundo lugar estatal en cuanto a denuncias presentadas en su contra ante la CEDH, solamente por debajo de temas de seguridad (Secretaría de Seguridad Pública) y por encima de los de justicia (Fiscalía General del Estado).

No olvidemos que, de cada nueve quejas que recibió la CEDH en el último año, una es contra la SEE, es decir, 278 de 2 mil 334, sin que por ello se haya dimensionado debidamente, ni mucho menos se haya activado la alarma que ello debería representar para las autoridades competentes. Es totalmente inaceptable que las dependencias en materia educativa, cuyo objeto social es garantizar un derecho humano, en contraste sean en muchos casos un lugar en donde se violan los derechos de la niñez y la juventud, llegando a extremos de, en otros tantos casos, ser el lugar de la escena del crimen.

De por sí, la transgresión del derecho a aprender y por extensión, de los derechos de la niñez en las escuelas requiere intervención inmediata, también, por parte del organismo autónomo en cuestión, el tema ha tenido un seguimiento pírrico contando ahora con una prospectiva nada halagüeña, dado que, por las muy precarias condiciones políticas en que arribará el próximo ombudsman, totalmente atrapado en una red de intereses, compromisos, intercambios y favores, prácticamente carecerá de autonomía y fortaleza institucional para arrostrar a los corruptos, omisos, permisivos y violadores de derechos humanos.

Por lo anterior, resulta a la vez indignante y lamentable lo acontecido en las últimas sesiones en el Congreso del Estado, respecto al proceso de elección de Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; primeramente porque, en lo general, exhibe un profundo desdén institucional a la enorme necesidad de la defensa de los derechos humanos de los michoacanos.

Si bien, absolutamente todos los diputados locales de la LXXIV Legislatura emplean un discurso progresista, pronunciándose a favor de los derechos humanos, con sus actos, varios de ellos, algunos ya identificados con nombre y apellido, mientras que otros aún desde la sombra temporal del anonimato han perpetrado atropellos contra las garantías individuales de los michoacanos, anquilosando la operatividad interna de un organismo que de por sí, no se da abasto en atender los justos reclamos de la ciudadanía.

Si bien, durante el proceso en la búsqueda de la titularidad de la CEDH no hubo mayor compromiso ni eslogan de parte de los aspirantes respecto a controlar y abatir la violación consuetudinaria de los derechos humanos en las escuelas michoacanas, el detener el proceso de definición de ombudsman complicará aun más la defensa de los derechos humanos de los michoacanos durante varios meses, lo cual alargará la de por sí lenta curva de aprendizaje organizacional y de quienes se convertirán en sus funcionarios.

Es un hecho, a menos de que se realice un gran viraje de timón, el desconocimiento, la indiferencia y  la manifiesta falta de empatía ante la inmensa problemática en las escuelas michoacanas, seguramente condenará otro cuatrienio más a las víctimas del sistema educativo a que la defensa de sus derechos en las escuelas michoacanas sean soslayados, ignorados o pobremente defendidos, incluso pudiendo llegara al extremo de  ser declarados improcedentes sus reclamos, como en muchas ocasiones ha ocurrido.

Los diputados locales michoacanos deben asumir con dignidad y responsabilidad su papel de representantes populares, siendo garantes de la transparencia y democracia en el proceso de elección de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, apegándose a la ley, por la defensa debida de los derechos humanos de los michoacanos, entre ellos, el derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En seguimiento, deberán garantizar la debida operatividad del mencionado órgano garante, especialmente velando por su efectividad, su autonomía y su desarrollo organizacional.

Aunado a lo anterior, tanto el gobierno federal como el estatal, así como el congreso local y la CEDH deben de hacer una labor extraordinariamente efectiva y coordinada, para que el próximo informe del organismo autónomo refleje una auténtica transformación, más allá de discursos vacíos, de la rentabilidad política y de  corruptas simulaciones, donde se pueda demostrar con evidencias que los derechos humanos se respetan en las escuelas michoacanas. Que así sea.

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