Violencia, el fracaso del Estado
México vive una crisis de violencia estructural que no se resolverá con discursos, ocurrencias o parches
Morelia, Michoacán, 10 de junio de 2025.- No es ninguna novedad, la violencia en México ha alcanzado niveles alarmantes, al punto de convertirse en uno de los problemas más graves que enfrenta el país. Homicidios, desapariciones forzadas, extorsiones, secuestros y desplazamientos de poblaciones enteras se han convertido en algo común en muchas regiones. Y si bien la violencia no es un fenómeno nuevo, su escalada y brutalidad actuales tienen raíces históricas complejas y un desarrollo marcado por errores estratégicos y ausencia de políticas de Estado efectivas.
Para entender la crisis actual, es necesario mirar hacia atrás. Desde la Revolución Mexicana (1910-1920), México ha vivido con brotes de violencia cíclica, ligados básicamente a luchas por el poder y la desigualdad. Pero fue ya en la segunda mitad del siglo XX cuando comenzó a gestarse el modelo que hoy lo mantiene en jaque: el ascenso y consolidación de cárteles de la droga, inicialmente tolerados o incluso protegidos por algunos sectores del poder político y policial.Durante décadas, el régimen del PRI mantuvo un “control pactado” con el crimen organizado. Esta pax narca implicaba que los grupos delictivos operaban con cierta libertad a cambio de mantener un bajo perfil. El asunto más o menos funcionaba, pero todo cambió con la transición democrática en el año 2000 y la fragmentación de los poderes reales que sostenían ese equilibrio.
En 2006, el entonces presidente Felipe Calderón, ante un enorme incremento de la violencia y pérdida del control en extensas áreas geográficas, para entonces ya en poder el crimen organizado, declaró la “guerra contra el narcotráfico”, militarizando la seguridad pública. El despliegue masivo del Ejército y la Marina buscaba desarticular a los cárteles; Cierto, algo se logró, pero un efecto colateral fue una guerra abierta entre los mismos grupos criminales y una escalada de violencia importante. Durante su sexenio, los homicidios dolosos aumentaron pasando de 10,452 en 2006 a más de 22,000 en 2011. La estrategia, a fin de cuentas no logró sus objetivos.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el enfoque cambió ligeramente hacia una narrativa más centrada en el desarrollo económico y la prevención del delito, pero sin renunciar a la presencia militar. Aunque hubo una aparente reducción de la violencia en los primeros años, al final del mandato las cifras volvieron a dispararse.
Con la llegada de López Obrador (2018-2024) con su ¿ingenua? o más bien ilusoria estrategia de “abrazos, no balazos” se apostó por combatir las causas sociales de la violencia: pobreza, desempleo y marginación. ¿El resultado? El asunto fue peor. Los homicidios se mantuvieron en niveles altísimos: más de 30,000 por año. Se redujo la confrontación directa con cárteles y al parecer se dejó operar a muchos grupos con impunidad, lo que consolidó su poder territorial en estados como Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Guerrero y Sonora. El resultado final, que es lo que realmente cuenta, es que el crimen organizado hoy regula comunidades enteras, controla mercados locales, impone toques de queda y cobra impuestos a empresarios y agricultores.
La violencia actual es resultado de múltiples factores: impunidad crónica, corrupción institucional, ausencia del Estado en vastas regiones y una estructura judicial incapaz de investigar y castigar. Menos del 10% de los homicidios se resuelven. Las policías locales están mal pagadas, peores entrenadas y muchas veces infiltradas por el crimen. El sistema penitenciario, lejos de rehabilitar, funciona como una extensión de las redes delictivas.
Erradicar por completo la violencia parece, en el corto plazo, una utopía, y en el largo plazo, una fantasía. Todo proyecto para controlar esto se estrellará contra la dura realidad de un Estado obeso, corrupto y anquilosado.
Pero por planes no nos limitamos; va un listado de buenos deseos: Fortalecer las policías civiles y la fiscalía general, con mejor presupuesto, capacitación y autonomía. Reformar el sistema de justicia penal, para garantizar investigaciones eficaces, juicios imparciales y penas proporcionales. Combatir la corrupción a todos los niveles, incluyendo mecanismos de fiscalización y transparencia. Atacar las raíces del crimen: marginación, desempleo juvenil, abandono escolar, adicciones. Recuperar territorios capturados por el narco, con presencia estatal real: escuelas, hospitales, cultura y servicios públicos. También es fundamental retomar el control civil sobre la seguridad pública, evitando la dependencia excesiva de las Fuerzas Armadas, que no fueron diseñadas para funciones policiales.
Conclusión:
México vive una crisis de violencia estructural que no se resolverá con discursos, ocurrencias o parches. Se requiere lo no existente: voluntad política, visión de largo plazo y compromiso real con la legalidad. Mientras eso no ocurra, el país seguirá atrapado en un bucle fatal.
