¿Cueste lo que cueste? / Yadhira Y. Tamayo Herrera
Michoacán ha sido un laboratorio de decisiones políticas exóticas del gobierno federal: desde el nombramiento de un comisionado que funge como gobernador interino y el llamado a los grupos de autodefensas a ser policías comunitarios manteniendo sus armas sean del tipo que sean
México, D.F., 11 de abril de 2014.- El martes pasado en Chilchota, en su gira por Michoacán, el Presidente Peña Nieto dijo: “cueste lo que cueste y no importando lo que tengamos qué hacer para hacer valer y respetar el estado de derecho…” sin duda se refería a la detención y arraigo de Jesús Reyna, quien fuera gobernador y hasta el momento de su detención Secretario de Gobierno.
Jesús Reyna ha sido acusado de vínculos con el crimen organizado y actualmente está arraigado en la Ciudad de México, en el Centro Federal de Arraigos de la Procuraduría General de la República ubicado en la Colonia Doctores. El arraigo es una medida cautelar donde el ministerio público le pide permiso a un juez de tener a su disposición por cierto tiempo al detenido para reunir más elementos de prueba con el fin de acreditar su probable responsabilidad en la comisión de un delito. Significa que todavía están armando su caso.
Michoacán ha sido un laboratorio de decisiones políticas exóticas del gobierno federal: desde el nombramiento de un comisionado que funge como gobernador interino, el llamado a los grupos de autodefensas a ser policías comunitarios manteniendo sus armas sean del tipo que sean, o pedirle renuncias a decenas de servidores públicos no sólo de las dependencias que tienen que ver con seguridad pública y persecución de los delitos como la Procuraduría o la Secretaría de Seguridad Pública estatales, sino de las delegaciones federales que antes atendían temas agropecuarios, económicos, de vivienda, educación, de mujeres, etc., hoy se han visto sustituidos por servidores públicos que viene de otros estados de la República, principalmente del Estado de México y con perfiles de conocer más de policías y delincuentes que de vacas, aguacates, pescado blanco, fresas, limones, becas, procampo (o proagro), salud o guarderías.
Las más recientes decisiones políticas del gobierno federal es la virada en contra de dos agentes importantes antes suyos repudiándolos y sacándoles de su manto de protección: el líder de las autodefensas Hipólito Mora y, ahora, Jesús Reyna. Cueste lo que cueste el gobierno federal está construyendo la forma de legitimarse nacionalmente en la compleja problemática que es Michoacán, y no le está siendo fácil. Es verdad que es imposible que haya un grupo criminal – o varios- con tanto poder sin el auspicio del poder público, del gobierno. Lo advirtió el Procurador Murillo Karam en día de la detención de Reyna: “no es el único, hay otros” y aclaró que no era otro “Michoacanazo”. Pero desmadejar una madeja como esta nunca ha sido fácil, y respetando la justicia, menos… Ya lo dijo San Agustín: “cuando se suprime la justicia ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones?
El miércoles pasado, Denise Maerker, en el programa de Tercer Grado de Televisa, habló acerca de los presidentes municipales que ella había entrevistado y que aceptaban que pagaron ante el miedo a la delincuencia organizada, pagaban el diezmo solicitado, acudían a las reuniones que les convocaban, hacían la obra pública con quien ellos indicaban. Y ella preguntaba: ¿cuándo hay complicidad y negocio? ¿La simple reunión de un alcalde con un templario lo vuelve templario o es un víctima? Buenas preguntas que quizá la justicia deberá resolver.
Cueste lo que cueste, dijo el Presidente… ¿aunque el precio sea un Michoacán fuera del estado de derecho, aunque el precio sea la desconfianza en las autoridades o la justicia selectiva, sólo para unos, y por ello, la injusticia para todos? Son preguntas.
