De Primera Mano / Esa campaña contra el Ejército
¡Ya basta de mentiras! Ya basta de esa persecución enfermiza contra las fuerzas castrenses. La justicia, la defensa de los derechos humanos y el periodismo no deben ejercerse con dedicatoria, pues en automático pierden su esencia y ya no son ni justicia, ni defensa de los derechos humanos, ni periodismo.
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Morelia, Michoacán, 06 de octubre de 2015.- Al Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México ya no sólo les corresponde salvaguardar la soberanía nacional, rescatar a ciudadanos afectados por fenómenos naturales y enfrentar a la delincuencia organizada, como no han podido hacerlo otras instituciones, sino además, ser blanco de una serie de ataques sistemáticos de organismos nacionales e internacionales que presuntamente están para defender los derechos humanos.
Es evidente que, para favorecer intereses políticos y fácticos, desde hace tiempo existe en México una campaña de desprestigio contra las instituciones, pero particularmente contra las más prestigiadas y reconocidas por la población, el Ejército, la Marina y la Iglesia Católica, pero en esta ocasión me ocuparé de las dos primeras.
Desde que el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, se decidió a combatir frontalmente a la delincuencia organizada, grupos de criminales comenzaron a refugiarse en organismos defensores de los derechos humanos, en organizaciones de la sociedad civil, en partidos políticos y en el supuesto “respaldo social” con que contaban (comprado a fin de cuentas).
¿No era acaso uno de los principales líderes criminales e “ideólogos” de la delincuencia organizada en Michoacán –“El Cede”- presidente de uno de esos organismos no gubernamentales? ¿No encabezó en Apatzingán y en Morelia marchas para demandar la salida del Ejército?
Es cierto, desde que el Ejército y la Marina debieron entrar al quite del resto de las instituciones en materia de seguridad se incrementaron las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de militares. Ahora a los detractores de las instituciones se les llena la boca de destacar el número de quejas, cuando en realidad es ínfima la cantidad de aquellas que se llegan a confirmar, y eso ¡no lo dicen!
Desde hace años sostengo que muchas de esas quejas incluso son instigadas por la misma delincuencia organizada, así como por supuestos organismos defensores de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, políticos, medios de comunicación y comunicadores que se muestran siempre dispuestos a inflar cifras, exagerar y tergiversar hechos, o de plano mentir, con tal de desprestigiar a las instituciones.
Hace unos meses vimos un claro ejemplo en el municipio de Aquila, cuando tras la detención del líder de autodefensas, Cemeí Verdía Zepeda, grupos de personas agredieron repetidamente y trataron de impedir a toda costa el paso del convoy del Ejército Mexicano. Aquella vez murió un menor por una bala perdida, que de acuerdo con los peritajes no correspondía a las armas utilizadas por fuerzas armadas. A la fecha, hay comunicadores y otros opinadores que juran y perjuran que los militares agredieron a los manifestantes y que éstos últimos iban desarmados, cuando los videos difundidos por los propios asistentes a las manifestaciones demuestran todo lo contrario.
Recientemente hemos visto denodados intentos de la polémica Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tratando de involucrar a toda costa al Ejército en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por supuesto, sus aliados le han seguido el juego, aunque no haya mostrado pruebas contundentes que demuestren sus señalamientos.
Ahora, los detractores de las fuerzas armadas se rasgan las vestiduras porque se dictó la libertad de cuatro militares acusados de participar en una supuesta ejecución extrajudicial de 22 delincuentes en Tlatlaya, Estado de México. De acuerdo con el abogado defensor, pronto saldrán libres los otros tres; las únicas pruebas en contra de los soldados son los contradictorios dichos de tres mujeres que surgieron tres meses después de los hechos y que fueron propiciados por un medio de comunicación experto difamador de las instituciones.
Además, en la víspera la CIDH dejó entrever la posibilidad de enviar comisionados a Michoacán para investigar asuntos como las matanzas de civiles armados en Apatzingán y en Erongarícuaro, en sus límites con Tanhuato, donde según los defensores de derechos humanos podría estar involucrado el Ejército, cuando en ambos casos es sabido desde hace meses que sólo participó la Policía Federal.
¡Ya basta de mentiras! Ya basta de esa persecución enfermiza contra las fuerzas castrenses. La justicia, la defensa de los derechos humanos y el periodismo no deben ejercerse con dedicatoria, pues en automático pierden su esencia y ya no son ni justicia, ni defensa de los derechos humanos, ni periodismo.
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