El “Pacto” Fiscal / Jorge Álvarez Banderas
Quien suscribe dicho “acuerdo”, no se encuentra legitimado por la Constitución para presentar iniciativas de ley ante el H. Congreso de la Unión, quién si puede es el titular del Poder Ejecutivo Federal, y éste no firma dicho “pacto” o “acuerdo”; lo anterior solo tiene un nombre: demagogia
Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2014.- Gran estruendo nacional causó el anuncio realizado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público en Davos, Suiza, el 23 de enero pasado, sobre la firma de un “pacto” fiscal, en el marco del Foro Económico Mundial, señalaba entonces que la intención era crear certidumbre a las empresas y trabajadores sobre las reglas de impuestos en los próximos años, ya que era necesario tener una etapa de estabilidad donde se conocieran las reglas del juego y que fuera un aliciente para invertir y crear empleos.
Finalmente un mes después, el 27 de febrero se anuncia la firma del “Acuerdo de Certidumbre Tributaria” por parte de catorce titulares de secretarías de Estado, de donde destaca el Secretario de Hacienda y Crédito Público; además del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; el Jefe de la Oficina de la Presidencia; los Directores Generales de Petróleos Mexicanos; de la Comisión Federal de Electricidad; del Instituto Mexicano del Seguro Social; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Comisión Nacional del Agua, y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; sin contar con la firma del Presidente de la República.
El punto medular del acuerdo es no modificar la legislación tributaria a partir del día de su firma y hasta el 30 de noviembre de 2018, fecha en que termina el actual sexenio, comprometiéndose el Ejecutivo Federal a no proponer al H. Congreso de la Unión cambios en la estructura tributaria, a excepción de cuando se dé respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales (como una baja en la recaudación, considero) ante los cuales sea imperante realizar ajustes al marco tributario; así como en materia de la legislación secundaria que derive de la reforma energética constitucional aprobada en 2013.
Quien suscribe dicho “acuerdo”, no se encuentra legitimado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para presentar iniciativas de ley ante el H. Congreso de la Unión, quién si puede es el titular del Poder Ejecutivo Federal, y éste no firma dicho “pacto” o “acuerdo”. Lo anterior solo tiene un nombre: demagogia o en el argot popular le llamarían dar “atole con el dedo”, finalmente en el país de las maravillas (Baston 2007) todo puede suceder.
