En defensa de la meritocracia (Por: Jorge Luis Hernández Altamirano)
Urge que los funcionarios electos justifiquen con qué criterios escogen a sus colaboradores. ¿O usted cree que Lázaro Cárdenas Batel será coordinador de asesores por su ejemplar administración en Michoacán? El apellido cuenta, provoca desigualdad y eso no es culpa de la meritocracia.
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Morelia, Michoacán, 03 de septiembre de 2018.- Los sistemas de elección y promoción de personas basadas en el mérito -que pondera las habilidades, experiencia, preparación- reciben una fuerte crítica: dicen que terminan favoreciendo la reproducción de las élites, pues, en un país con profundas desigualdades y poquísimos casos de movilidad social, es natural que los más favorecidos sean también más capaces de sortear las evaluaciones de un sistema meritocrático.
Esa lógica motiva al gremio magisterial en contra del sistema de evaluación planteado por la reforma educativa: “en tanto que no todos estamos en igualdad de condiciones, producto de un sistema de desigualdades, medir a todos con la misma vara lesiona sus derechos y amplia la de por sí mayúscula brecha existente”. Y parece extenderse al ámbito gubernamental en el que, además, podría existir un riesgo de sabotaje por parte de la oposición.
La existencia de grandes brechas de desigualdad es un hecho irrefutable, el Informe Desigualdades, publicado por El Colegio de México este año, da cuenta de una terrible situación que parece sugerir que en México la posición socioeconómica es la primera herencia que los hijos reciben de sus padres: 75% de los nacidos en el quintil más pobre, se mantendrán en los dos quintiles más precarios.
Pero, si por un lado no podemos negar las desigualdades, también es cierto que el rechazo a la meritocracia para dejar el sistema inmóvil está lejos de ser solución; principalmente, porque el status quo informal favorece las relaciones de familia y amistades, es decir el nepotismo. Ningún sector escapa de esta lógica, basta echar un vistazo a las bolsas de trabajo en Michoacán para darse cuenta de que puestos de alta responsabilidad en empresas y casi cualquier posición en el sector público no son publicados.
El nepotismo reproduce con mucha mayor claridad las brechas entre las personas, por eso no es extraño el reciclaje de perfiles en la administración pública que han servido a gobiernos de todos los colores, sin estar amparados por la eficiencia laboral pero defendidos a ultranza por una figura con poder en el pasado capaz de pedir favores a los nuevos gobiernos; tampoco lo es encontrar en los nuevos elementos apellidos de otrora secretarios, diputados, gobernadores; o bien descubrir relaciones familiares/personales que explican los puestos.
Sirva el caso de Diana Álvarez Maury para ejemplificar esto, a quien la próxima Secretaria de Gobernación ha decidido colocarle en la Subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles. Nada en su CV sostiene el nombramiento: ni experiencia, ni actividades, ni títulos. Las investigaciones periodísticas han revelado sus vínculos con Alejandro Gertz Manero, asesor de seguridad de la próxima administración.
Pero no sólo a nivel nacional se cuecen habas, la semana pasada circuló una fotografía del nuevo alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, junto los ex gobernadores Fausto Vallejo y Leonel Godoy. Días después aparecieron en su gabinete dos personajes ligados al grupo del primero, Gabriel Prado y Roberto Monroy, y el hijo del segundo. Entiendo que hay, al menos, antecedentes de trabajo en las materias, pero sería inocente, por decir lo menos, que el peso de los padrinazgos no fue decisivo en sus designaciones.
Es decir, la meritocracia no puede luchar contra los problemas de desigualdad del país; pero su función está lejos de ser esa. Por el contrario, es una de las herramientas para evitar que las élites se mantengan inmóviles y que el cambio que presuntamente debería acarrear un nuevo partido en el poder no se vea atada por pactos mafiosos.
Naturalmente, se trata de una política que debe plantar cara a las desigualdades, tal vez a través de la incorporación de cuotas de minoría o factores de ponderación. Además, la existencia de criterios de mérito no implica su observación, como lo reveló el caso de Paloma Merodio en INEGI; allí, la incorporación de universidades a los procesos de evaluación y la participación de OSC pudieran provocar efectos más justos.
Urge que los funcionarios electos justifiquen con qué criterios escogen a sus colaboradores. ¿O usted cree que Lázaro Cárdenas Batel será coordinador de asesores por su ejemplar administración en Michoacán? El apellido cuenta, provoca desigualdad y eso no es culpa de la meritocracia.
