Formación de Educadores: Derrota Sistémica / Horacio Erik Avilés Martínez

Después de los lamentables sucesos que hemos padecido los michoacanos y que nos posicionan en esta inconcebible y vergonzosa posición es menester que reflexionemos respecto a la contribución que hemos realizado en el ayer y en el presente para llegar a  este kafkiano escenario

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Morelia, Michoacán, 11 de diciembre de 2015.- La reciente detención de 52 militantes del movimiento normalista, basada en la determinación del actual Gobierno del Estado en hacer valer la ley para reestablecer el estado de Derecho,  si bien puede provocar un suspiro de alivio entre quienes se vieron afectados por los actos que cometieron los mismos, así como su probable responsabilidad en la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,  no deberían de hacer sentir a michoacano alguno contento ni mucho menos satisfecho. No es un asunto de determinar ganadores y perdedores en esta compleja dinámica de actores del sistema educativo que se ha suscitado durante décadas, sino  que nos encontramos ante una estrepitosa derrota sistémica, específicamente ante la reducción al absurdo de nuestro sistema de formación inicial de docentes. La transgresión consuetudinaria a la deontología institucional estatal nos ha llevado hasta estos extremos. Si bien es positivo que comience a aplicarse la ley, es escarnecedor que se tenga que llegar a enviar a jóvenes matriculados en escuelas normales michoacanas a prisiones federales.

Después de los lamentables sucesos que hemos padecido los michoacanos y que nos posicionan en esta inconcebible y vergonzosa posición es menester que reflexionemos respecto a la contribución que hemos realizado en el ayer y en el presente para llegar a  este kafkiano escenario. Reflexionemos al respecto:

Especialmente, los estudiantes normalistas del último cuarto de siglo tienen sobre sus hombros la enorme responsabilidad de retomar su misión de comprender más profundamente el universo mediante el estudio, de adquirir habilidades, destrezas, actitudes, valores y competencias para afrontar los retos que la vida profesional les depara y que para los cuales difícilmente les servirá adoptar la protesta consuetudinaria. Durante todo este periodo ha sido lamentable la distorsión de su vocación a la cual se han sometido y cómo se ha apologizado con sofismas e ideología tal aberración.

Asimismo, los maestros de las normales en discordia, que en este lapso se vieron rebasados en cuanto a su misión profesional, deben pensar que si ellos hubiesen actuado irrestrictamente de acuerdo como formadores, jamás hubieran permitido que los estudiantes se ausentaran impunemente. Debieron haber manifestado su desacuerdo total con el olvido del proceso de enseñanza-aprendizaje y desde el mismo conminar al orden a los estudiantes. Sin embargo, decidieron doblar la norma para congraciarse con los alumnos.

Los directivos de las normales, que no supieron hacer prevalecer su reglamento interior e imponer medidas disciplinarias al interior de los planteles también deben de realizar una reflexión respecto a lo que pudieron haber realizado a tiempo para impedir el escalamiento de la protesta, pero no fueron capaces de limitar la pérdida de las finalidades de su institución, permitiendo ser rebasados sin mayor oposición.

Los funcionarios estatales, quienes no generaron las acciones preventivas y correctivas al respecto, prefirieron contar con la venia del movimiento normalista para poder cobrar quincena tras quincena, siendo cera blanda en manos de los organizadores de las movilizaciones, con tal de mantenerse en un cargo que no supieron ejercer con dignidad.

Los funcionarios en materia de seguridad, que permanecieron al margen de hacer cumplir la ley, sin proteger debidamente los derechos de terceros, aduciendo que “ellos solamente reciben órdenes”, siendo omisos en su función y careciendo de la dignidad debida para renunciar en caso de que se les haya impedido por instrucciones superiores ejercer debidamente sus atribuciones.

Los funcionarios en materia de gobernabilidad, quienes en incontables ocasiones torcieron e hicieron torcer la normatividad con tal de disipar la “tensión social” o la “presión política”, para generar condiciones para que sus jefes se mantuvieran en el poder.

El Gobierno Federal, que en muchos momentos pudo haber apoyado a Michoacán a recuperar la rectoría de la educación o a revertir las condiciones del sistema educativo estatal, pero prefirió ignorar la situación imperante en la entidad, dándole el trato de patio trasero de la nación.

El Congreso Local, que no se ha atrevido de una vez por todas a regular debidamente las manifestaciones violentas, ni ha logrado equilibrar la aparente colisión de derechos de cuatro millones y medio de michoacanos con el de quienes  alegan represión. Que aunado a lo anterior tiene un adeudo con lograr que Michoacán tenga una ley estatal de educación que esté a la altura de los derechos y aspiraciones de la niñez y juventud estatales.

Los padres de familia de los normalistas, quienes no acertaron a influir en sus hijos para evitar que transgrediesen el orden público; a quienes bajo el argumento de ser mayores de edad, no aleccionaron ni reprendieron, ni mucho menos aún fomentaron en ellos la debida libertad de conciencia para que aprendiesen a discernir el bien del mal, ya que el idealismo e ignorancia juveniles son nido perfecto para el fanatismo, en el que subyace la ambición que despertaron en ellos quienes los alienaron, disponiéndolos a la comisión de cualquier atrocidad en aras de lograr su interés. Lamentablemente no recibieron la debida conducción de parte de sus progenitores para que aprendieran a ser asertivos y a ser objetores de conciencia incluso dentro de las mismas normales.

Particularmente condenable y mezquina ha sido el actuar de los agitadores sociales que se valieron de la necesidad, ignorancia, buena fe e idealismo de los jóvenes normalistas para  emplearlos inmisericordemente como arietes humanos para golpear a la sociedad michoacana y sus instituciones. No hay justificación para perpetrar semejante envenenamiento ideológico de las generaciones emergentes de maestros, máxime que esto ha sido realizado con el mezquino interés de obtener recursos millonarios del sistema educativo estatal.  Ellos aprovecharon los intersticios que generaron las omisiones de los actores anteriormente señalados y montaron este torcido proceso de chantajes, movilizaciones y negociaciones con agenda confidencial bajo la mesa. Por lo anterior, es impostergable que toda la contundencia e inteligencia del Estado mexicano desmantelen el tinglado que montaron durante décadas y restablezcan la legalidad en la educación michoacana, especialmente en las escuelas normales.

En lo sucesivo, debemos asegurarnos de que nunca más estas circunstancias irregulares reaparezcan en nuestro entorno. ¡No merecemos seguir padeciendo derrotas sistémicas! El sistema educativo debe ser el principal afluente de nuestro desarrollo, no el lastre con el que debamos de cargar.  El normalismo histórico, pilar de la escuela rural mexicana y predecesor de momentos prósperos de nuestra nación como el periodo del desarrollo estabilizador, no merece un final, sino una potenciación del mismo, siendo transformado hacia un movimiento de formación de educadores que sea moderno, ágil y estratégicamente diseñado para conformar a los maestros que habrán de detonar el desarrollo integral de la nación.

Y es trascendental reflexionar sobre cómo todos los mexicanos habremos de reorganizar y modelar al sistema educativo nacional del mañana, contribuyendo desde nuestros respectivos ámbitos de influencia y opinión. La construcción de consensos sobre las finalidades de la educación mexicana nos espera.

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