Impunidad / Columba Arias Solís

La impunidad es un problema generalizado en el país, ya que del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46% de sentencias condenatorias, lo que determina una impunidad cercana al 95% de los delitos acreditados por la autoridad como consumados

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Morelia, Michoacán, 23 de mayo de 2016.- Cuando escuchamos que determinada persona que infringió la ley no es castigada y quienes fueron sus víctimas mucho menos recibieron ninguna reparación, lo primero que nos viene a la mente es la palabra impunidad. Y sí, porque la impunidad es el delito sin castigo, la inaplicación de la ley y, en nuestro país la encontramos por todas partes, de la mano de la corrupción.

En el año 2015, el Índice Global de Impunidad México, elaborado por la UDLAP, CESIJ y Consejo Ciudadano señaló a México como el segundo país con mayores índices de impunidad, donde 46 por ciento de la población detenida carece de una sentencia condenatoria. Tomando como base las encuestas nacionales del INEGI, el estudio del IGI México determina que la impunidad es uno de los diez principales problemas que aquejan a la sociedad mexicana y en nuestro país  “tiene sus raíces más profundas en los problemas estructurales y funcionales de las 32 entidades federativas”.

En la presentación del Índice Global de Impunidad México 2016 en Febrero pasado, * se explica que el Índice de Impunidad México incluye la información de tres dimensiones distintas que construyen la cadena de impunidad: los delitos no denunciados, el funcionamiento y las capacidades de los sistemas de seguridad y justicia. Michoacán –señala el estudio- es un Estado atípico en términos de impunidad antes y después del año base de estudio que es 2013. El comportamiento atípico es corroborado en términos de análisis estadístico cualitativo y observaciones públicas de actores gubernamentales, autoridades nacionales de derechos humanos y por organizaciones de la sociedad civil. La información sobre seguridad y justicia, previa y posterior a 2013, presenta serios cuestionamientos sobre su veracidad.

De acuerdo con el informe, en México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos. Los mexicanos dicen que las dos principales razones por las que no denuncian son: la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. La razón de fondo que desanima a denunciar es que el sistema que debe castigar los delitos tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos.

La impunidad es un problema generalizado en el país, ya que del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46% de sentencias condenatorias, lo que determina una impunidad cercana al 95% de los delitos acreditados por la autoridad como consumados. Claro, esa cifra se refiere a los delitos que fueron denunciados, pero en perspectiva con aquellos no denunciados, “arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99% en México” lo que significa que menos del 1% de los delitos cometidos en nuestro país son castigados.

En otras cifras, el promedio nacional de jueces y magistrados en el ámbito local por cada 100 mil habitantes es de 3.5, en tanto que la media nacional en otros países es de 16, es evidente que el rezago de impartidores de justicia en México es enorme y “es reflejo de la situación que viven los poderes judiciales locales”.

En cuanto a la sobrepoblación penitenciaria  en los centros de reclusión estatales, ésta es del 30% con respecto a la capacidad instalada, mientras que en los otros países estudiados por el IGI, es de un 17%. El porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia alcanza un promedio nacional de 35.7%.

En relación con la responsabilidad de la impunidad en nuestro país, el informe del Índice Global, señala que es el Estado Mexicano en su totalidad, es decir “el Estado entendido no solo como el gobierno de la República depositario del Ejecutivo” bajo cuyo control  y responsabilidad se encuentra el sistema de seguridad, la investigación de los delitos, el sistema penitenciario y “la salvaguarda Federal de los derechos humanos”.

Es también responsable el Congreso de la Unión en cuanto a la adecuación del sistema legal para evitar la permisión de la impunidad, asignar en debida forma el presupuesto a las áreas de seguridad y justicia, así la vigilancia  y auditoría sobre el ejercicio del gasto y sus resultados. La misma responsabilidad recae en los congresos de los Estados.

Hay responsabilidad en el Poder Judicial tanto federal como el local de las entidades federativas, puesto que son los órganos encargados de administrar justicia de forma pronta y expedita. Pero desde luego, y aunque la mayor responsabilidad recae en los órganos del Estado, la sociedad a través de diversas instituciones, llámense organizaciones, asociaciones, universidades e incluso los medios de comunicación, -señala el IGI-  tienen la responsabilidad de contribuir para erradicar la impunidad.

En conclusión, es una obligación de todos trabajar en el combate a dicho fenómeno, pues no se puede obviar como bien ha señalado John Bailey, citado en el informe de IGI; “la criminalidad, la violencia, la corrupción y la impunidad se fortalecen mutuamente con la sociedad civil, el estado y el régimen, e invalidan el esfuerzo de construir una gobernanza democrática ética”.

* Índice Global de Impunidad México. IGI-MEX 2016 en www.udlap.mx/cesij