La justicia en México (Por: Alejandro Vázquez Cárdenas)

Morelia, Michoacán, 27 de agosto de 2019.- Una parte del presente artículo fue escrito hace ya un buen número de años. Repasando el tema me doy cuenta de que a estas alturas poco o nada ha cambiado en México. Observando el incremento de la delincuencia en el país, feminicidios incluidos, me doy cuenta de que no nada más no hemos mejorado, sino que vamos para atrás. 

Es evidente que la tarea de revisar, reformar y hacer funcional el anquilosado e inepto aparato de justicia mexicano no está dentro de las capacidades de la 4T; es mas, creo que ni siquiera está dentro de sus planes. Muchos sospechan que en realidad la 4T lo que pretende es empeorar la de por sí caótica y turbia aplicación de “justicia” por así convenir a sus inescrutables planes.

Recordemos algo elemental, el mejor criterio para valorar la efectividad de algo es ver los resultados; si son buenos, el asunto va bien, si son mediocres, algo hay que corregir; y son pésimos, definitivamente hay mucho que cambiar.

Y efectivamente algo no anda bien en el sistema judicial mexicano. De entrada tenemos un impresionante índice de impunidad; las estadísticas son terribles, de 100 delitos que se reportan solo el 5% reciben sentencia condenatoria. Eso quiere decir que si alguien decide delinquir tiene un 95% de probabilidades de salirse con la suya y que nadie lo moleste.

Esto no es novedad, es del dominio público que el aparato de justicia mexicano no se caracteriza por ser precisamente efectivo. Se le considera un sistema lento, corrupto y altamente burocratizado.

El sistema de justicia en México se compone de dos instancias, la de procuración de justicia y la de impartición de la misma. De la primera, en teoría, se encarga la Procuraduría y, de la segunda, hipotéticamente, el Poder Judicial.

La Procuraduría de Justicia por medio del Ministerio Público tiene la obligación de perseguir e investigar los delitos. El Ministerio Público tiene a su cargo la policía judicial, obligada a presentar a los presuntos culpables. Ya presentados al MP, éste se encarga de integrar una averiguación previa en la que se toman las declaraciones a cada involucrado.

Esta averiguación previa se presenta al juez y él decide si el expediente reúne los requisitos necesarios para que se gire orden de aprehensión al supuesto infractor. Cuando menos así es en teoría.

En México, país en el que la Constitución señala el principio de la presunción de inocencia, las cosas parecen ir al revés; aquí se es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

Da la impresión que los jueces de primera instancia no investigan, sino que repiten los argumentos bien o mal planteados que la Procuraduría de Justicia les remite en su expediente; si los testigos son notoriamente fabricados, cosa que ya se ha visto, no importa; lo mismo si las pruebas son incoherentes, inconsistentes o francamente delirantes. 

Eso no quiere decir que jamás actúen correctamente, si lo llegan a hacer, pero no es la norma.

Se ha señalado que en México el 80 por ciento de los condenados jamás conocieron al juez que les llevó la causa, y mucho menos fueron escuchados por él porque nunca estuvo presente durante el juicio a pesar de se supone que toda audiencia se debe desarrollar en presencia del Juez, sin que este puede delegar su responsabilidad en nadie.

En muchos casos, el juez solo revisó un expediente sin haber hablado con el inculpado, las víctimas y los testigos. Así, en la comodidad de su oficina, sin ahondar mayormente en cada caso, dicta su sentencia.

Podemos comparar a la justicia mexicana con una cadena, y sabemos que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y tal parece que los eslabones más débiles son los jueces y el MP.

¿Que podemos decir de los Jueces y el Derecho? Primero, que los jueces como humanos que son, se equivocan. Que el Derecho no es una ciencia exacta (es más quizá ni siquiera es ciencia en sentido estricto). La función judicial está lejos del papel del médico o el ingeniero, profesiones en las que obligadamente se busca la verdad a como dé lugar. A la función judicial tal parece que no se le pide que acierte sino tan solo que exponga su parecer.

El juez es el responsable visible, pero cuando un fallo judicial no coincide con lo justo, ¿quién es el responsable real?, ¿la ley mal hecha?, ¿el juez incompetente o venal?, ¿el abogado corrupto?, ¿el cliente que oculta datos?. El propio sistema reconoce la posibilidad de error por lo que existen largas cadenas de recursos (apelaciones, casaciones y amparos varios).

¿Cambiará esto para bien algún día? No, cuando menos no en nuestra generación.

Alejandro Vázquez Cárdenas