Las amenazas / Jorge Álvarez Banderas
La llamada de la clase empresarial de Apatzingán a dejar de pagar impuestos bajo la denominada “resistencia pacífica” se encuentra al margen de la ley; podrá tener una fundamentación moral pero no jurídica; por el no hacer de las autoridades, hoy también los empresarios se “levantan”
Morelia, Michoacán, 23 de enero de 2014.- “Carlos Alavez, escuché su propuesta y quiero decirle que cada quien asume su responsabilidad. Yo no puedo permitir como gobernador recibir amenazas ni de ustedes ni de absolutamente nadie. Eso ya se acabó aquí en Michoacán”.
La obligación tributaria, soporte del gasto público en los diferente niveles de gobierno en México es una obligación ex lege, que nace, se crea, se instaura por fuerza de la ley; el individuo que realice las situaciones jurídicas o de hecho que el legislador estatal o federal ha previsto en la norma da lugar al nacimiento de dicha obligación al coincidir con el supuesto normativo, de donde se deriva que fue la voluntad del legislador la que hizo posible que naciera la obligación.
La razón de la obligación tributaria deriva de la necesidad de recaudar recursos para satisfacer los requerimientos públicos, en otras palabras, para atender el bien común, al orden, a la seguridad jurídica o a la justicia en beneficio de los gobernados.
La reacción natural de los gobernados que no ven de manera efectiva la actuación del Estado en dichos rubros, cuando éstos como sujetos pasivos de una relación jurídico tributaria se encuentran contribuyendo debidamente en tiempo y forma, deriva en la evasión, que consiste en la conducta ilícita del contribuyente para omitir el pago de las contribuciones a que está obligado.
Por lo anterior, la llamada de la clase empresarial de Apatzingán a dejar de pagar impuestos bajo la denominada “resistencia pacífica” se encuentra al margen de la ley; podrá tener una fundamentación moral pero no jurídica; ahora bien, ante todo lo que han vivido en dicha región durante los últimos meses, es evidente el hartazgo de la iniciativa privada de no haber visto de manera oportuna la intervención del Estado para proteger a la sociedad de grupos de civiles que actúan fuera de nuestro orden jurídico, seguridad prevista en el artículo 25 constitucional que prevé alentar y proteger la actividad económica que realicen los particulares, proveyendo las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional. Por el no hacer de las autoridades, hoy también los empresarios se “levantan”.
