Legalización de autodefensas, avance hacia la paz / Hugo Armando Sosa

El reciente acuerdo celebrado entre las autoridades federales, estatales y los grupos de autodefensas en Michoacán para “legalizar” su situación es sin duda un importante logro y avance en la búsqueda de la paz y el orden que los habitantes de esa región tan rica pero sufrida merece

Morelia, Michoacán, 31 de enero de 2014.- El reciente acuerdo celebrado entre las autoridades federales, estatales y los grupos de autodefensas en Michoacán para “legalizar” su situación es sin duda un importante logro y avance en la búsqueda de la paz y el orden que los habitantes de esa región tan rica pero sufrida merece; pero también hay que decir en aras de justicia, que el Estado mexicano en sus tres órdenes, también saldrá beneficiado pues la principal razón de que los habitantes de esa zona hayan decidido armarse y defenderse de la delincuencia es precisamente la ineptitud de las autoridades públicas, cuando no su horrenda y criminal participación directa a través de las policías, quienes eran los operadores armados de los grupos delictivos, en muchos lugares.

De modo que el instrumento acordado vendrá a rescatar el estado de derecho en la zona de conflicto, pues el mismo se refiere al cumplimiento de la ley por parte de todos los elementos del Estado, es decir, habitantes y Gobierno.

También hay que destacar que al contrario de lo que muchos detractores del acuerdo opinan, manifestando que se trata de una “componenda” al margen de la ley para tratar de regularizar actos delincuenciales de los comunitarios al armarse y hacer justicia por propia mano, se trata de una alternativa política, social y perfectamente legítima que ya se había utilizado históricamente en los siglos XIX y XX, cuando las poblaciones rurales se armaban y defendían de los bandoleros que los azolaban, así lo describe Manuel Paino, en los “Ladrones de Rio Frio” y otras obras y autores similares, que describen los acontecimientos que finalmente constituyeron la justificación social para la implementación de las policías rurales, elevadas a rango constitucional, las que por cierto por décadas han funcionado satisfactoriamente en todo el país.

Ambas partes Estado y sociedad civil, representada por los grupos de autodefensa, actúan en uso de sus atribuciones, obligaciones y necesidades, El Estado al no cumplir con uno de sus fines esenciales, como es el de proporcionar seguridad a los ciudadanos que le cedieron su soberanía originaria y natural, como diría Rousseau, no ve más alternativa que ceder y convenir con quienes optaron por defenderse solos ante su ineptitud, de no hacerlo se estaría auto cuestionando y descalificando al impedir que otros hagan o que él no pudo no quiso o no supo hacer.

Buena estrategia de ambas partes, pero también hay que decir que de no hacerse así, se corría el riesgo de que esos grupos ciudadanos, en el futuro al ver cumplido sus objetivos de liberarse de delincuentes y poseer armas, organización y cierto poder, optaran por convertirse en grupos delincuenciales, caso parecido al ocurrido en Colombia con los llamados escuadrones de “paramilitares”, a los que el Estado colombiano al no haberlos atendido en un principio, al final tuvo que combatirlos por igual que a los grupos guerrilleros; por supuesto que no hay comparación entre ambas realidades los autodefensas michoacanos surgieron en la misma comunidad y los paramilitares eran más bien integrados por mercenarios al servicio de terratenientes.

Como sea, es buen logro el Acuerdo y sin duda un paso a la paz y el orden.