Una contraloría republicana / Hugo Gama
La burocracia reciente, no concibe a dicha unidad como la encargada de cuidar y garantizar el haber público, es decir, no lo piensan como una “cosa pública” en el que se priorice el interés común y el imperio de la ley, pues es evidente que lo han ideado como un instrumento político particular, situación que la aleja de cualquier principio republicano
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Morelia, Michoacán, 20 de febrero de 2015.- Desde el inicio del actual gobierno estatal, las acusaciones contra la otrora administración se hicieron presentes, la contraloría y el Ejecutivo del momento han afirmado en forma espectacular sobre la existencia de cientos de sancionados por conductas indebidas o irregularidades; hoy se sabe que la inmensa mayoría de las sanciones fue a mandos de menor rango por motivo de la falta de presentación de declaración patrimonial. No podemos dejar de observar que otros asuntos que pudieran señalarse de mayor relevancia, aún no cuentan con resoluciones administrativas, sin embargo, de manera irregular los convirtieron en temas penales con claro enfoque político.
Cierto es, la contraloría en este momento no responde ni procura el buen funcionamiento de la organización gubernamental, tampoco se desvela por una buena administración de los recursos públicos. La burocracia reciente, no concibe a dicha unidad como la encargada de cuidar y garantizar el haber público, es decir, no lo piensan como una “cosa pública” en el que se priorice el interés común y el imperio de la ley, pues es evidente que lo han ideado como un instrumento político particular, situación que la aleja de cualquier principio republicano.
Aunado a lo anterior, la dependencia de referencia durante este último período ha sido omisa en sus obligaciones, situación que ha sido evidenciada por la Auditoria Superior de la Federación, quien el miércoles pasado patentizó que durante el 2013 el Gobierno del Estado de Michoacán generó un probable daño a la Hacienda Federal por 5.7 mil millones de pesos y que aún está pendiente por aclarar 1.3 mil millones de pesos, (es inconcebible que la contraloría no se haya percatado de dicha situación).
Una concepción republicana
Debemos partir de una breve conceptualización y señalamiento de elementos mínimos indispensables de una República que cualquiera debiera saber. Cicerón señaló por primera ocasión la organización del pueblo o poder público organizado; Rosseau, conceptualizaba como una Republica a todo Estado regido por leyes como garantes del interés y la cosa pública; Robespierre, la calificaba como el ejercicio del servicio público transparente (ético). A lo anterior debemos incluir las posturas de la participación social como herramienta para el fortalecimiento del Estado.
Ahora bien, impera la necesidad de que la contraloría del Estado sea la unidad que preserve el correcto ejercicio del haber y la función pública, pero para ello se hace indispensable alterar la idea o concepción de la misma, partiendo de premisas o elementos republicanos. Debe entenderse que la dependencia aunque forma parte del Poder Ejecutivo, su interés no es velar por los funcionarios en turno o actuar como una ventanilla de ataque político; debe conceptualizarse como representante de los intereses colectivos (cosa pública), bajo las premisas de salvaguardar los recursos y en la que el ejercicio del poder ético sea la base del actuar del individuo, que por consecuencia genera responsabilidad y transparencia.
Por otro lado, es evidente el trato desigual que da el ente: para unos hay exceso de violencia y para otros se configura un tipo de resguardo, lo cual bajo un pensamiento republicano no es permisible, pues la igualdad es una prerrogativa inviolable, el imperio de la ley se confunde con el imperio de la política, lo que provoca que se “aplique” la ley en forma desigual, por consecuencia, es indispensable que la visión de control sea de igualdad, sin distinguir colores, debe entenderse que la responsabilidad es la misma para todos (pasados, presentes y futuros), que los colores no generan capas invisibles de impunidad, ni son pretexto para desnudar públicamente a los adversarios.
Dicha área de control no tiene que ser prioritariamente persecutoria, la prioridad que se debe idealizar y ejecutar es la prevención, para ello deben retornar las contralorías internas a la administración centralizada y descentralizada, esto con la finalidad de garantizar que en el día a día el haber social y el ejercicio de la función pública se ejecutará adecuadamente, amén de mantener las auditorias anuales de manera independiente. Esto bajo mis consideraciones permitiría un mayor control de la administración, y por supuesto que el beneficio sería para la sociedad, pues habría mayor certeza de la ejecución de los recursos, por efecto mayor transparencia.
En la misma idea, debe existir actividad social en el quehacer de dicha área, por tal motivo se tiene que contar de manera legal con un observatorio ciudadano que garantice la participación del colectivo en los asuntos de control, pues no hay nadie más interesado en el bien común que la propia sociedad, por ello es indispensable darle paso a la participación ciudadana, pero partiendo de la ley, no del interés político, situación que fortalecerá la soberanía popular.
Se tiene que considerar un cambio en los funcionarios y en la clase política del ver y entender las cosas, es indispensable que la visión sea de Estado y no sólo de gobierno o partido, el quehacer público debe descontextualizarse del ejercicio burócrata y de la búsqueda del poder por el poder, pues ello es lo que ha desencadenado las crisis en los gobiernos, la corrupción, la ineficiencia y la separación del servidor público con la sociedad; es indispensable retomar elementos fundamentales sobre la acepción del Estado, pues hoy podría apostar que cientos de individuos que ocupan cargos gubernamentales, difícilmente podrían explicar qué es una República.
