¿Y las leyes anticorrupción? / Columba Arias Solís
Diversos estudios nacionales e internacionales han evidenciado que uno de los más graves problemas a los que el país se enfrenta es el fenómeno de la corrupción, la cual a su vez da origen al otro problema nacional: la impunidad
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Morelia, Michoacán, 05 de junio de 2016.- Diversos estudios nacionales e internacionales han evidenciado que uno de los más graves problemas a los que el país se enfrenta es el fenómeno de la corrupción, la cual a su vez da origen al otro problema nacional: la impunidad. Son tan arraigados y comunes estos problemas en el país, pero además tan perniciosos, causantes de cuantiosas pérdidas económicas, que la comunidad internacional, especialmente los socios comerciales de la nación, así como organismos internacionales han expresado su preocupación y recomendado al gobierno mexicano la necesidad de apurar reformas que prevengan y detengan el fenómeno de la corrupción.
En ese contexto, hace un año que el jefe del Ejecutivo Nacional propuso al congreso un marco legislativo anticorrupción, que se tradujo en las reformas a varios artículos constitucionales y en la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, lo que fue aprobado por todas las bancadas en el congreso, quedando pendiente las leyes secundarias que darían operatividad al mismo, estableciendo el plazo de un año para llevarlas a cabo.
En menos de ese tiempo y en relación al tema, un grupo de instituciones educativas, académicos y organizaciones civiles, lograron coincidir en una propuesta denominada Ley 3 de 3 que fue presentada al cuerpo legislativo, avalada por cientos de miles de firmas recabadas en todo el país.
Sin embargo, preocupados porque los plazos fijados por los propios legisladores han transcurrido sin que éstos puedan arribar a los consensos para la aprobación de las leyes anticorrupción, diversos sectores de la opinión pública se han estado movilizando, entre ellos la confederación que agrupa las cámaras patronales en la República mexicana, quienes en la pasada semana comenzaron a circular en redes un mensaje que evidenciaba el incumplimiento y falta de compromiso de los legisladores mexicanos para cumplir en tiempo y forma la aprobación de las leyes que habrán de dar forma y soporte al Sistema Nacional Anticorrupción.
La Coparmex, en el video que tuvo amplia difusión en redes advirtió que llevaría ante los organismos internacionales la falta de cumplimiento del legislador mexicano, cosa que ya realizó, solicitando a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) del que nuestro país forma parte, actúe como observador permanente en el proceso de aprobación de las leyes secundarias y en la implementación del Sistema, manifestando en la carta entregada al secretario general del organismo “la preocupación por el retraso en la aprobación de ese cuerpo normativo en el Congreso”, destacando “la importancia que tiene el combate a la corrupción y a la impunidad, como condiciones fundamentales para lograr un verdadero estado de derecho e impulsar el gran potencial que tiene México”.
Así el tema, hoy resulta que para las famosas leyes anticorrupción no se ha logrado encontrar el debido consenso a efecto de incluir las propuestas derivadas del proyecto ciudadano que se concretó en la Ley 3 de 3, toda vez que la propuesta presentada por la fracción del PRI y su asociado el PVEM, pretende dar esquinazo al proyecto ciudadano y en cambio proponen que se deje a la voluntad expresa del servidor público, la publicidad del valor de su patrimonio, es decir, el mismo estado en que ahora se encuentra la legislación, entre otros temas que se requieren incluir.
De lo anterior se desprende, que hay un grupo de legisladores que no acaba de entender la necesidad impostergable de escuchar la opinión de los ciudadanos que ante la avanzada descomposición del Estado, tomaron la decisión de no solamente criticar o hacer señalamientos, sino de proponer para contribuir en la prevención y el abatimiento del fenómeno de la corrupción, a través de una propuesta firmada por cientos de miles y que está contenida en el paquete de siete iniciativas que corresponden a: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y, adecuaciones al Código Penal Federal.
No obstante que hace un año el titular del Ejecutivo, firmó una ley contra la corrupción, asentando su compromiso de combatir el fenómeno, a estas fechas no parece, -al igual que la fracción de su partido-, interesado en dar cabal cumplimiento a dicho compromiso, de tal forma que el período de sesiones finaliza sin que se advierta el menor liderazgo presidencial en torno al impulso de las leyes anticorrupción. Se aprecia entonces que seguirán protegiéndose intereses personales y que a conductas tales como la desviación de recursos, el enriquecimiento inexplicable, el nepotismo y la corrupción entre otros, se les pretende dar en las leyes un tratamiento “light”.
Será que tal vez como señalaba José Luis Antón (Abril/2014) ¿hay un valor positivo de la corrupción como aceite de la maquinaria económica, engrane del sistema de justicia y factor para que las cosas funcionen? O tal vez porque la sanción social a las prácticas de corrupción es inexistente? Es decir, habida cuenta que la corrupción en México no tiene consecuencias, “superado el escándalo mediático, se solventa toda preocupación jurídica”. Empero, no hay cuerpo social que aguante por tantos años, una práctica ilegítima que le cuesta al país miles de millones y el estigma internacional de ser uno de los países en los primeros lugares de la corrupción.
