Desapariciones forzadas, un grito desesperado de madres michoacanas

Nada qué festejar en su día: hasta el 2013, a nivel nacional se reportaban más de 30 mil desaparecidos; de ellos, alrededor de un 10 por ciento, más de 3 mil, son michoacanos

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Morelia, Michoacán, 10 de mayo de 2015.- En la soledad y la indiferencia social, ellas marcharon. Es el Día de las Madres y ellas lloran por sus hijos, exigen justicia, reclaman sus cuerpos, «vivos se los llevaron, vivos los queremos».

Son apenas 50, quizás menos, pero hablan por ellas y por los más de 320 casos de personas que desaparecieron de manera forzada a manos del Ejército Mexicano, de autoridades policiacas o de grupos delincuenciales, cuyos familiares tuvieron el valor de hacer la denuncia.

Ya habían caminado un buen tramo, cuando un motociclista de seguridad pública les dio alcance y las «guió» en su recorrido con rumbo a Palacio de Gobierno.

El paso de esas mujeres es lento, pesado, doloroso. La furia de sus palabras de lucha contrasta con sus hombros enjutos, la cabeza agachada, y la lánguida mirada que les dejó el no saber más de sus hijos.

Es el Día de la Madre y ellas no tienen nada qué festejar. Algunas repiten el acto desde hace casi una década a pesar incluso de la oposición de sus familiares, y aunque el cuerpo, a la vista, dice lo contrario, ellas no se cansan. «Es parte de ser madre».

Este grupo perdió hace mucho la hegemonía, pero nunca la esperanza. No hay diferencias de clases, edades o rangos sociales.

La fortaleza de «Alzando Voces», el Comité de Familiares y Personas Detenidas y Desaparecidas en México,  la tejen sus mil y una historias de tragedias, de eventos sin explicación, en los que a veces se involucra lo más bajo de la política y las autoridades, la venganza del hampa organizada o el infortunio de la casualidad.

Apenas medio centenar de personas integra la marcha que parte con el inicio del Acueducto, frente a la unidad deportiva Ejército de la Revolución. Pasan por las instalaciones militares de la XXI Zona y la voz se hace más fuerte, el paso más lento.

Los militares son señalados también por algunas de las desapariciones forzadas de los denunciantes. Los hombres de verde olivo permanecen impávidos ante el paso de las dolientes que celebran el Día de la Madre con una marcha exigiendo, otra vez, que aparezcan sus hijos.

TANIA CONTERAS, UNA HISTORIA SIN RESPUESTA

Tania Contreras Ceja tiene más de mil 395 días desaparecida. En julio cumplirá cuatro años de haber sido arrancada de los brazos de su madre, en su propio hogar, por gente conocida por ella.

Y a pesar de todos los indicios, acusaciones, investigaciones personales y señalamientos, los presuntos responsables están libres y, en cambio, dos hermanos que se atrevieron a retar a sus captores y a la «justicia», están presos.

Minutos antes de iniciar la marcha de este domingo, Evangelina Contreras, madre de Tania, relata de nuevo en entrevista lo que a ella le sucedió. No teme por su vida, pero sí por la de sus familiares. Pese a ello, no quita el dedo del renglón, señala en directo a su ex-pareja sentimental, un hombre presuntamente vinculado a la delincuencia organizada que opera, aún, en la zona serrana de la Costa y Tierra Caliente.

Tania Contreras Ceja habría cumplido apenas 22 años. Hace 3 años y 10 meses desapareció. Primero fue violada por su padrastro y, después, sacada a la fuerza de su hogar por amigos del mismo, «se metieron y se la llevaron».

Como en muchas otras historias de la Tierra Caliente y la Sierra-Costa michoacanas, el asunto «se arregló a billetazos».

El padrastro ha sabido «persuadir» a las autoridades, las que detuvieron las investigaciones y, además, se llevaron detenidos a dos de sus hijos, los únicos que se atrevieron a desafiar al señalado, los que se aventuraron a la búsqueda de su hermana. Ellos siguen presos.

Evangelina tiene otros dos hijos que le ruegan abandone ya su lucha, «me dicen que mejor la dé por perdida, tienen miedo a que nos pase algo».

El temor es mayor porque incluso, relata, desde la propia institución responsable de hacer justicia, la PGJEM, la han amenazado; «un día fui a pedir informes sobre el seguimiento del caso, y las autoridades me dijeron que no me preocupara, que mi hija está viva, y si está viva, ¿dónde está?», reclama.

Su ex pareja sentimental le dice lo mismo, que deje de hacer escándalo, que se calme o que «la siguiente va a ser ella».

Desde que el brazo violento del hampa organizada anidó en los zurcos de la tierra michoacana, historias como la de Evangelina y su hija Tania, son cosa común.

Hay quienes no dejan de portar al frente la gastada foto de sus desaparecidos, salen a la calle y exigen justicia; hay otros que pierden el valor de hablar ante el temor de perder a otro ser querido o incluso, de ser asesinados.

EL NEGRO SUBREGISTRO DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS

Las mujeres han hecho la tarea y se han dedicado a investigar. Al Comité llega un cúmulo de información cada día y por ello tienen elementos del subregistro negro que acompaña al fenómeno social de las desapariciones forzadas:

«Lo más grave de la situación es que por cada caso que se denuncia ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado, otros cuatro quedan en el anonimato ante el temor de las familias afectadas por perder a más seres queridos».

SIN FECHA DE CADUCIDAD

En una primera entrega, esta reportera narró hace meses la historia de las desapariciones forzadas en Michoacán. Todo sigue igual.

La guerra santa que vive Michoacán rompió tanto el tejido social que abrió heridas profundas e interminables, sangrantes… Pestilentes. Son dudas que carcomen el alma: “Cuando te matan un hijo, mueres también un poco con él, pero mueres sólo una vez porque al final sabes dónde está, qué pasó; yo no sé dónde está mi hija, no sé si vive o si Dios ya la recogió; pensar que está sufriendo, que está sola, que no tiene a nadie con ella, lo que le pueden estar haciendo, eso te mata mil veces y de la forma más dolorosa, todo el tiempo. Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces me he muerto…”

El “¿dónde está?” martilla a toda hora, en todo momento, y a veces más fuerte cuando los recuerdos florecen con la foto preferida, la comida que más le gustaba o las travesuras que hacía. El “¿dónde está?” es también el común denominador entre decenas, cientos y hasta miles de familias que viven de luto sin velorio de por medio, con el duelo interminable; con el alma gastada, envejecida, rota.

Son los desaparecidos de Michoacán, de México, del mundo y sus familias. Son los que en un instante cambiaron su vida y la de todos aquellos que los aman y los rodean, quienes los siguen buscando desesperados a pesar de que, en algunos casos, ya pasaron décadas. Y nada.

Les dicen “hechos aislados”. La autoridad, en su descargo hasta intenta vincularlos a actos delictivos, a “malas compañías”, y que por eso les pasó lo que les pasó.

Para Evangelina, Victoria, Selene, María, Rebeca y muchísimas mujeres más, el cómo son sus hijos (as), esposos (as) o padres, es lo menos importante, “si es que andaba en malos pasos, pues que lo castiguen, pero que me lo devuelvan”, dice de frente una de ellas, con un amor de madre tal, que no se dobla, no se rinde, que se acercó incluso a los Templarios (el grupo delincuencial que azota a la entidad), para preguntarles si fueron ellos y si era así, “yo les pedí que sólo me lo devolvieran, que no quería ni haría nada más”.

ESTADÍSTICAS DE A PESO

A nivel nacional, los reportes periodísticos -que no oficiales-, hablan de que hasta el 2013 la cifra de desaparecidos en México rebasaba las 30 mil personas. El fenómeno se recrudeció en los últimos años, cuando el expresidente panista Felipe Calderón inició su lucha intestina contra determinados grupos delincuenciales.

Precisamente en el sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, cifras acumuladas entre el 2006 y el 2012 que manejan los grupos dedicados a la búsqueda de personas, señalan que Michoacán se encuentra entre los once estados con mayor número de casos, con 319 denuncias. Antes, están Veracruz, con 381 desapariciones; Durango, 628; Nuevo León, 672; Guanajuato, 718; Tamaulipas, mil 78; Aguascalientes, mil 112; Sinaloa, mil 434; Jalisco, 2 mil 177; Estado de México, 2 mil 552 y Distrito Federal con 7 mil 137.

A partir de ahí, incontables vidas cambiaron por completo.

Junto a los miles de cadáveres expuestos y contados que ha dejado el paso del crimen organizado por los pueblos mexicanos, hay otra lista, la clandestina, la que el gobierno quiere ignorar; la de los nombres de los que no retornaron. En Michoacán, quienes dicen que saben, hablan de más de 3 mil hombres y mujeres que simplemente ya no encontraron la ruta de regreso a sus hogares.

No hay pues cifras reales ni exactas. Ya lo reconocieron incluso las autoridades federales y estatales. Mientras mujeres recorren el país buscando a sus seres amados, el Estado sale y habla de decenas, no de cientos y menos de miles.

La organización civil “Hasta Encontrarlos”, muestra evidencias de al menos 118 casos en el Estado. En el 2012, la Comisión Estatal de Derechos Humanos reportó 265 casos diferentes y la CNDH sumó más de 500 reportes acumulados desde el 2006, con un repunte importante en el 2009.

SIN RESPUESTA A NADA

En el 2013, las cifras oficiales hablaban de alrededor de 180 denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado; de ellas, entre 20 y 25 siguen sin resolverse.

El caso más sonado con el que cerró ese año, fue el de la regidora de Buenavista Tomatlán, María Mariscal Magaña, cuya ausencia fue formalmente expuesta los primeros días de diciembre por sus familiares, si bien su desaparición ocurrió al menos una semana atrás, es decir, en noviembre de 2013.

Pero el de María Mariscal no es el único expediente de una servidora municipal “desaparecida”. En Uruapan se llegó a ofrecer una recompensa de 5 millones de pesos para localizar a quien fuera secretaria del Ayuntamiento de esa ciudad, Maribel Martínez Martínez, y dos y medio de pesos más para quien proporcionara información referente a la captura de los responsables de su secuestro y lo que resultara. No pasó nada.

Maribel fue secuestrada por sujetos armados el 24 de agosto del 2008, sin que hasta el momento se conozca su paradero. En su honor, hace tiempo, fue colocada una estrella en la parte superior de una de las columnas del templo de la Inmaculada Concepción de la cabecera municipal de Uruapan, como homenaje y señal para que siempre fuera recodada. El olvido llegó al adorno –que no es tal-, pues dejaron de encenderlo. Hay quienes, sin embargo, siguen exigiendo justicia.

El 9 de diciembre de 2013, Marco Vinicio Aguilera Garibay, entonces encargado del Despacho de la Procuraduría de Justicia del Estado, y luego subsecretario adjunto de la Secretaría de Gobierno, urgió la modificación del Código Penal para que la desaparición forzada fuera considerada un delito con todos los agravantes, “si se hace y me dan los parámetros de desaparición forzada, lo podemos tener”, dijo, y evidenció así la limitante que representaba la falta de actualización jurídica, sobre todo en el contexto de violencia que priva en algunas regiones del Estado, donde el “levantamiento” de personas es un común denominador.

El funcionario estatal refirió la importancia de este paso “indudablemente que la situación actual amerita ya una legislación actualizada y entiendo que hay avances de parte de algunos legisladores”.

Los diputados michoacanos tardaron casi tres meses más en poner orden al respecto; si bien la legislación quedó aprobada el 19 de diciembre del 2013, pero fue hasta el último día de enero del 2014 cuando entró en vigor.

Así, en febrero de ese año, Michoacán se convirtió en la entidad número trece del país en legislar en la materia, sumándose a Oaxaca, Durango, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Aguascalientes, Guerrero, Baja California, Colima, Coahuila, Puebla y el Distrito Federal.

El delito está ya previsto en el Código Penal de Michoacán y puede alcanzar pena de hasta 40 años de prisión. En el ámbito nacional, está marcado en el artículo 215 A del Código Penal Federal.

En el 2013, el año que se concreta la legislación señalada, la Procuraduría de Justicia del Estado registró alrededor de 180 denuncias; de ellas, “tenemos todavía alrededor de 20 (en entrevista anterior había dicho que 25), casos sin resolver”. Aguilera Garibay aceptó entonces que el grueso de los casos se registraba en las zonas donde la violencia es más latente, en municipios como Tanhuato, Briseñas, Jiquilpan, Sahuayo, Apatzingán, Parácuaro, Buenavista y Vista Hermosa, por citar algunos.

El encargado del despacho de la PGJEM explicó brevemente que el procedimiento obliga a tomar la denuncia de quienes se acercan a reportar, y a iniciar la investigación para determinar por qué no aparece la persona en cuestión, “se cruza información a nivel nacional, y, si sigue sin aparecer y hay elementos, entonces se tipifica el delito de privación ilegal de la libertad”.

Y, en un afán de abonar a la investigación, se remiten pruebas de genética al Sistema Nacional para que se hagan comparaciones. Fue tal la presión, que la PGR abrió incluso un módulo especial de información y recepción de denuncias. Hoy día, en la propia Procuraduría de Justicia hay una oficina responsable de dar seguimiento a los casos. Como en casi todas las dependencias de gobierno, el silencio que gustan guardar para con los medios de comunicación, no permite conocer más allá que lo que el titular, el que en breve dejará dicho cargo, llega a decir obligado en las entrevistas “banqueteras”.

¿DÓNDE ESTÁS DANIEL?

A los casos de Tania Contreras Ceja, María Mariscal y de Maribel Martínez Martínez, se suman otros en los que las respectivas familias han iniciado intensas jornadas de búsqueda, exigiendo a las autoridades el esclarecimiento de los hechos.

Entre los más sentidos se encuentra el del joven Daniel Ramos Alfaro, de 20 años de edad (hoy ya 21), instructor comunitario del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), desaparecido el pasado 2 de octubre del 2013, en las inmediaciones del poblado Nuevo San Martín, comunidad de Betania, también del municipio de Uruapan.