Dispondrá Ejecutivo estatal de créditos hasta por 2 mil 767 mdp
Tras la aprobación de la reestructuración de la deuda pública de Michoacán, el secretario de Finanzas, José Carlos Rodríguez Pueblita, asegura que los recursos serán destinados al refinanciamiento de créditos, a pagar pasivos de inversión pública productiva y realizar obra nueva
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Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2014.- Después de que el Congreso del Estado aprobara la reestructuración de deuda pública, el Gobierno de Michoacán podría disponer de hasta 2 mil 767 millones de pesos autorizados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), recursos que serán destinados al refinanciamiento de créditos, a pagar pasivos de inversión pública productiva y realizar obra nueva, explicó el secretario de Finanzas y Administración, José Carlos Rodríguez Pueblita.
En conferencia de prensa que ofreció después de que el gobernador Salvador Jara Guerrero pronunciara un mensaje en el que agradeció a los diputados el apoyo para reactivar la economía michoacana y asumió el compromiso de manejar con absoluta transparencia los recursos, el tesorero del estado se mostró confiado en que la entidad tendrá un panorama distinto durante el primer semestre del 2015, “no sólo por la reducción en el servicio de la deuda, sino porque se estén pagando pasivos y haya desarrollo de nueva obra”.
Subrayó que el objetivo del gobierno que encabeza Salvador Jara es que los créditos se reflejen en inversiones productivas, en ese sentido refirió que durante el próximo año se desarrollarán proyectos hidroagrícolas en Tierra Caliente, inversión en infraestructura carretera, obras de saneamiento de agua y de electrificación, entre otras acciones que forman parte del paquete de proyectos estratégicos que el Ejecutivo estatal presentó ante el Congreso de la Unión y que buscan generar una derrama de recursos generalizada en Michoacán, “de acuerdo a la vocación y a las distintas necesidades en cada una de las regiones del estado”.
Explicó que en cuanto el decreto se publique en el Periódico Oficial del Gobierno de Michoacán, podrán solicitar a Banobras, así como a otras instituciones financieras, que se modifiquen los términos en que fueron contratados diversos créditos. Este proceso de reestructuración o refinanciamiento -que no implica contraer nueva deuda pública- para obtener mejores tasas de interés y plazos de pago, tendría que concluir antes de que termine el presente año.
Rodríguez Pueblita subrayó que el decreto aprobado por los diputados, y que tiene un sólido fundamento legal sustentado en la Ley de Deuda Pública del Estado, tiene como uno de sus principales objetivos reducir el costo de servicio de deuda que el año pasado ascendió a 4 mil 500 millones de pesos.
“Tan pronto como tengamos nuevos contratos que nos permitan tener mejores condiciones para el estado, vamos a tener un punto de inflexión que cambiará el panorama de la deuda. Conforme empiecen a fluir los recursos y nos ayuden a reducir el costo de servicio de la deuda, se empezarán a ver los beneficios”, recalcó.
Además de la deuda bancaria, el gobierno del estado tiene que hacer frente a otros compromisos financieros de corto plazo como el adeudo de aproximadamente 10 mil millones de pesos a distintos acreedores, entre ellos terceros institucionales y proveedores diversos, además de pasivos por casi 2 mil millones de pesos en el Capítulo 6000 que concierne a inversión pública productiva.
En octubre pasado, refirió el secretario de Finanzas, la administración estatal dispuso de una parte del crédito otorgado por Banobras, por lo que se cuenta con un recurso que podrá ser usado de inmediato para pagar obra pública, paripasus de aportaciones bipartitas, y saldar adeudos con municipios derivados del desarrollo de infraestructura pública.
El funcionario estatal recordó que desde el inicio de la administración de Salvador Jara Guerrero se implementan diversas estrategias para sanear y fortalecer las finanzas públicas: eliminación de contratos de trabajadores eventuales para reducir el gasto corriente, modernización y automatización en el ámbito de la fiscalización, y el desarrollo de un registro estatal de obra pública que se realiza en el estado, son algunas de las acciones que se ejecutan.