Segob deberá investigar a mineras de Michoacán relacionadas con el crimen

Así lo resolvió el INAI, luego de que la Segob declarara la inexistencia de la información solicitada por un particular, aunque después se comprobó que la dependencia federal no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia

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México, D.F., 31 de agosto de 2015.- La Secretaría de Gobernación (Segob) deberá buscar e informar sobre las empresas mineras presuntamente relacionadas con el crimen organizado, que operan en el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

De acuerdo con un comunicado, el particular que solicitó conocer esa información se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI, turnado al comisionado Joel Salas Suárez, toda vez que la Segob lo orientó a presentar su requerimiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Economía (SE).

El solicitante argumentó que la dependencia emitió un pronunciamiento oficial sobre el tema, por lo tanto, conoce de la información solicitada. En alegatos, la Segob declaró la inexistencia de la información; sin embargo, al analizar el caso, se determinó que la dependencia no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, ya que no turnó la solicitud a todas las unidades competentes, como la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas y la Oficina del Secretario de Gobernación.

De acuerdo con la normatividad aplicable, la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas, es un área que auxilia al Secretario en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los gobiernos de los estados y de los municipios.

Además, se encarga de supervisar, coordinar y dar seguimiento a las actividades realizadas por las representaciones de la Subsecretaría de Gobierno en las entidades federativas, por lo que cuenta con atribuciones para conocer la información requerida. Por lo anterior, se concluyó que la dependencia no cumplió con el principio de exhaustividad, el cual garantiza a los particulares que se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para atender las solicitudes de acceso presentadas.

En ese sentido, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Segob y le instruyó una búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas mencionadas, a fin de que entregue al particular la información de su interés.

Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado Salas Suárez dijo que todo servidor público debe a la sociedad explicaciones y justificaciones sobre las acciones de gobierno que ejerce; para cada decisión y acción realizada, afirmó, debe haber evidencia que la respalde, y la ciudadanía tiene derecho a acceder a ella.

“Esta información colaboraría a brindar certeza de las acciones del gobierno federal en Michoacán, para combatir al crimen organizado. ¿Cuál es el papel de la Segob en la investigación a las empresas mineras? ¿Qué acciones emprende el Estado mexicano para proteger a las empresas de la intervención del crimen organizado?”, subrayó.