Si aprueban reestructuración de la deuda se reactiva la economía: SFA

El secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, José Carlos Rodríguez Pueblita, dice que el plan de reestructuración y refinanciamiento consiste en la modificación de los contratos de crédito para mejorar las condiciones de pago; insiste en que no implica mayores adeudos

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Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2014.- Con la iniciativa de reforma al Decreto 22 impulsada por el Ejecutivo de Michoacán, que actualmente se analiza en el Poder Legislativo, se busca reestructurar hasta 9 mil millones de pesos de la deuda pública contraída con instituciones bancarias, refirió el  secretario de Finanzas y Administración, José Carlos Rodríguez Pueblita, y explicó que su aprobación permitiría pagar pasivos de inversión pública productiva e invertir en el programa de obra pública.

En conferencia de prensa, el tesorero aclaró que el refinanciamiento o reestructura de deuda pública no implicará contraer mayores adeudos, ya que el objetivo fundamental es sanear las finanzas públicas para que éstas se conviertan en el motor del desarrollo estatal; en síntesis, subrayó que la aprobación de la reforma al Decreto 22 sería un importante impulso para reactivar la economía de Michoacán.

Rodríguez Pueblita explicó que el plan de reestructura y refinanciamiento consiste básicamente en modificar las cláusulas de los contratos de crédito con instituciones bancarias para mejorar las condiciones de pago. En específico se refirió a una deuda  de aproximadamente 800 millones de pesos que fue contratada por el Gobierno del Estado a principios del presente año,  de la cual se han dispuesto 600 millones de pesos;  “estamos buscando que se refinancie para pagarla en plazos en los próximos años” o poder utilizar el recurso disponible  de otros créditos para saldarla por completo.

Recordó que Banobras otorgó al gobierno estatal un crédito de 4 mil 112 millones de pesos, el cual podría servir para refinanciar otras deudas bancarias puesto  que aún están disponibles alrededor de 2 mil 800 millones de pesos, recurso que será destinado también a la  inversión en obra pública.

El secretario de Finanzas comentó que una preocupación que los diputados han hecho pública en forma reiterada, tiene que ver con el costo que tendrá la reestructura y refinanciamiento de deuda, por lo que subrayó que gracias al apoyo de la federación éste será marginal, “mucho menor al costo que hayan tenido” otras reestructuras o refinanciamientos anteriores.

El Gobierno del Estado se ha comprometido con los diputados a dar informes periódicos del uso que se le dará a los recursos durante el proceso de refinanciamiento o reestructura; el propósito es que tengan perfecta claridad y transparencia respecto a que serán saldados los pasivos de inversión pública productiva, y por supuesto, que se destinarán recursos para obra nueva con el propósito de reactivar la economía michoacana, añadió el funcionario estatal.

LAS FINANZAS, MOTOR DE DESARROLLO

José Carlos Rodríguez dijo a los representantes de los medios de comunicación que las finanzas públicas se habían convertido en otra cosa muy distinta a ser el motor de la economía michoacana, por lo que subrayó que el gobierno de Salvador Jara Guerrero está comprometido en dar un giro a las finanzas para que sean el impulso que demanda el sector privado, y generen los empleos que requieren los ciudadanos, aunque reconoció que ese cambio de rumbo no puede ser inmediato.

En razón de lo anterior puntualizó que se contrató una auditoría externa para reordenar las cuentas de la administración estatal, derivado de ello se están reconociendo pasivos que antes no eran reconocidos, razón por la que los legisladores han detectado un aumento de pasivos en la cuenta pública del Gobierno del Estado correspondiente al tercer trimestre del presente año.

Añadió que algunos de esos pasivos que fueron reconocidos en la cuenta pública datan desde el 2011, por lo que afirmó que la administración estatal no está más endeudada. Además, el dinero público en cuentas bancarias ha aumentado en la misma proporción, por lo que “la capacidad del gobierno estatal de pagar esos adeudos se ha mantenido igual con respecto al año anterior”.

Mencionó que se han logrado avances importantes en el pago de adeudos a proveedores y a constructores, incluso afirmó que está asegurado el pago de salarios y prestaciones de fin de año de la burocracia estatal, “de eso no deben tener duda”.

García Pueblita aclaró también que no hay un subejercicio en el presupuesto aprobado por el Congreso para el presente año, toda vez que  se ha ejercido el 69 por ciento del recurso asignado a la administración estatal,  “lo cual es muy similar con respecto a los años anteriores”.

En todo caso, abundó, en la cuenta pública del tercer trimestre se ve reflejada la estacionalidad del gasto, sobre la cual explicó: “significa que el gasto tiene una naturaleza tal que en determinados momentos se ejerce a una velocidad diferente; una muy buena parte de los recursos federales llegaron a finales del mes de septiembre y son aquellos recursos que están en proceso de licitación y de ejecución, pero que se gastarán durante el último trimestre del año”.

El funcionario estatal recalcó que el ordenamiento de la hacienda estatal ha provocado que en el último informe financiero de gobierno se puedan apreciar aumentos de gasto en diversos rubros, como el de gasto corriente, pese a que se redujeron considerablemente las erogaciones en servicios personales con la cancelación de contratos de trabajadores eventuales que se tenían integrados en distintos programas que no necesariamente tenían un impacto directo en la población.

En años anteriores, abundó García Pueblita, el gasto corriente era cubierto con recursos del Capítulo 6000 destinado a la ejecución de programas o inversión pública productiva, pero con el reordenamiento de las finanzas estatales el gasto corriente está siendo reconocido como tal, lo que puede explicar que se perciba un aumento en las erogaciones de este tipo.

Finalmente, la  Secretaría de Finanzas y Administración subraya que “se ha tratado de dejar de comprometer los recursos de periodos futuros, ya que han disminuido los anticipos de participaciones por 230 millones de pesos”.