Arrancará con problemas financieros el NSJP: Sebastián Naranjo

Advierte el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado que hasta el año pasado eran 1 mil 300 mdp los que faltaban para operar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, de los cuales 100 mdp muy urgentes

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Morelia, Michoacán, 04 de marzo de 2015.- Arrancará con problemas financieros el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, reconoció el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Sebastián Naranjo Blanco.

En entrevista, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que desde el año pasado se presentó la necesidad de poder establecer recursos suficientes para todos los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad, pero finalmente las finanzas públicas “no están tan sanas” y no fue posible.

Sebastián Naranjo informó que el tema se planteó en su momento ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal, así como ante los diputados de las comisiones dictaminadoras, pero a pesar de todos los esfuerzos el Presupuesto de Egresos de este año se debió aprobar con esa necesidad no cubierta.

Fue por ese motivo, abundó el representante popular, que el presidente del Consejo implementador, Juan Antonio Magaña de la Mora, solicitó recientemente una ampliación presupuestal, básicamente para resolver las carencias económicas que existen para el pago de nómina.

Naranjo Blanco indicó que los recursos para equipo y capacitación están prácticamente garantizados, pero no así el de la nómina, lo que se agrava porque con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal de manera paralela y de forma provisional operarán de manera paralela dos estructuras distintas, lo que agudiza la necesidad de recursos.

Tras afirmar que hasta el año pasado los recursos que se requerían eran por 1 mil 300 millones de pesos, de los cuales 100 millones de pesos son muy urgentes, el diputado local aclaró que no existen alternativas y la implementación del Nuevo Sistema es obligatoria, por mandato constitucional, a más tardar en junio de 2016, para lo cual ya existe una calendarización en Michoacán.

“El principal reto sigue siendo el económico, y ahora está en manos del Ejecutivo estatal hacer propuestas o gestiones para obtener los recursos que se requieren; esperemos que encuentren una solución, porque las fechas ya prácticamente están a la vuelta de la esquina”, concluyó.