Concluyen mesas de trabajo para protocolo contra hostigamiento y acoso sexual en Congreso

Morelia, Michoacán, 02 de septiembre de 2025.- Con la finalidad de generar un protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en el Congreso del Estado, el Poder Legislativo, a través de la Contraloría Interna, concluyó las mesas de trabajo interinstitucionales a fin de escuchar y plasmar ideas que abonen a dicho documento.

La encargada del despacho de la Contraloría Interna, Brenda Fraga Gutiérrez, afirmó que se busca que este protocolo sea diseñado con un plan anual, el cual comenzará a funcionar en este mes y se extenderá hasta el año 2026.

La funcionaria, acompañada del secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), Rogelio Andrade Vargas, manifestó que “con este tipo de acciones pretendemos visibilizar el problema real que aún existe en diversas dependencias. Si bien reconocemos que se ha trabajado en ello, también es real que hacen falta protocolos para que sepamos cómo actuar y qué hacer en caso de ser víctimas de acoso u hostigamiento”.

Brenda Fraga detalló que, con base en las ideas y propuestas expuestas en las mesas de trabajo, se integrará el protocolo y el plan anual de trabajo, para posteriormente presentarlo ante el Comité para la Atención a la Violencia de Género en la Modalidad de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual del Congreso del Estado. Después pasará a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y enseguida se turnará al Pleno para su discusión y votación.

Previo al arranque de los trabajos de este martes, la magistrada presidenta del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán, Lizzet Puebla Solórzano, ofreció una plática en la que explicó los procedimientos para realizar denuncias y la forma en que se llevan a cabo las investigaciones en esta materia.

Estas acciones se focalizaron en tres temas principales: en la primera mesa, fortalecer los mecanismos internos de investigación y sanción; en la segunda, asegurar la imparcialidad y legalidad de los procedimientos; y en la tercera, garantizar la reparación integral del daño a las víctimas.